domingo, 28 de noviembre de 2010

Alerta naranja en las calles andaluzas.

Más de 30000 en toda Andalucía



Noticia en Canal Sur de las manifestaciones 27-N


Diario de Sevilla


CÓRDOBA, abriendo camino el 25N, ¡EMOCIONANTE! 5.000


SEVILLA, más de 7.000 ¡BRAVO!
Cifras según El Mundo y video del 27-N en Sevilla

La alerta amarilla por la lluvia se convirtió en “alerta naranja por funcionarios cabreados”.

Este sábado arriamos el centro de Sevilla con nuestra protesta.

Más de 7.000 funcionarios hemos recorrido, chorreando, el centro de la ciudad desde la Pza. Nueva hasta la presidencia de la Junta para manifestarnos en contra del “Decratazo”.






JAÉN, ¡IMPRESIONANTE!, 5.000
ALMERIA, ¡otro EXITAZO!, 2.000
HUELVA, 4.000 ¡FANTÁSTICO!
GRANADA. 5.000 ¡IMPONENTE!
MÁLAGA, ¡INCREIBLE! 4.000
CADIZ, ¡2.000 VALIENTES!

viernes, 26 de noviembre de 2010

ACUDE. Nos necesitamos todos.

Tras el éxito de la manifestación ayer en Córdoba. Todos debemos acudir a la de nuestra provincia.



SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE. A LAS 12. EN

Almería:
SALIDA: PLAZA "PUERTA PURCHENA"
LLEGADA: PLAZA CIRCULAR"

Cádiz:
SALIDA: PLAZA ESPAÑA (desde el monumento a la PEPA)
LLEGADA: PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN (puerta-tierra)
Granada:
SALIDA: PLAZA ISABEL LA CATOLICA
LLEGADA: DELEGACION GOBIERNO JUNTA ANDALUCIA

Jaén:
SALIDA: PUERTA DE DIPUTACIÓN
LLEGADA: PARQUE DE "LA VICTORIA"

Málaga:
SALIDA: EDIFICIO DE SERVICIOS MULTIPLES (Edificio Negro) AVD. DE LA AURORA 47
LLEGADA: DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN ALAMEDA PRINCIPAL

Huelva:
SALIDA: DELEG. DE GOBIERNO DE LA JUNTA ANDALUCIA  "PLAZA 12 DE OCTUBRE"
LLEGADA: PLAZA DE LAS MONJAS

Sevilla:
SALIDA: PLAZA NUEVA
LLEGADA: JARDINES DEL PALACIO DE SAN TELMO


jueves, 25 de noviembre de 2010

EL NUEVO PROYECTO DE DECRETO-LEY

Será que hay mucho funcionario "rabioso" por los tejemanejes de los políticos que nos desgobiernan, porque nos ha llegado otra colaboración canina. Nuestros últimos colaboradores parecen ser perros viejos en estos asuntos.


ANÁLISIS DE URGENCIA SOBRE EL NUEVO PROYECTO DE DECRETO-LEY DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.


Primero.- DOS CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL
 UNA: Sobre el instrumento jurídico elegido.
Desde el punto de vista de la técnica jurídica el nuevo proyecto de decreto-ley (hablo de proyecto porque no se ha promulgado) constituye una aberración jurídica que no he visto en mis 35 años de ejercicio profesional.
Bien es cierto, como ya habíamos apuntado, que después de recurrir a la técnica del decreto-ley, cualquier modificación futura (provocada por los acuerdos con los sindicatos felones, o por cesiones ante las presiones del funcionariado) constituiría un nuevo problema para ellos. Pero la técnica a la que han recurrido es verdaderamente bochornosa para un jurista.
Han optado por reproducir de nuevo el texto íntegro del decreto-ley 5/2010, con las pequeñas modificaciones consecuencia del acuerdo con CCOO y UGT; que afectan sólo a la modificación del artículo 69.3 de la Ley de la Administración de la J.A. (artículo 1.9 del proyecto y del decreto-ley 5/2010) y a la Disposición Adicional Cuarta del Decreto-ley 5/2010 (que sigue siéndolo en el proyecto). Artículos donde está, precisamente, la “madre del cordero” que queda íntegra y virginal.
Cuando se usa la técnica de modificación normativa parcial de una disposición vigente, no se modifican artículos cuya redacción vigente es la misma que se les va a dar en la norma modificativa. Eso es un absurdo, un sinsentido. Eso es lo que hacen en este nuevo proyecto. Todo su contenido normativo (excepto los preceptos indicados en el párrafo anterior) ya existen en el ordenamiento jurídico exactamente con la misma redacción, porque fueron incorporados como consecuencia de la aprobación del decreto-ley, 5/2010.
Esto, además de una grandísima chapuza jurídica es contrario a la seguridad jurídica (aunque a alguien le pueda parecer lo contrario).
Creo que usan este método para intentar subsanar dos defectos formales esenciales, que son insubsanables (no entro en el análisis de motivaciones de tipo político)
1º. La elección del Decreto-ley como instrumento inapropiado y que ha sido denunciado en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Popular.
2º.- La falta de negociación previa de los contenidos
Ahora, pretenden con el nuevo texto “subsanar” ambos defectos, sosteniendo que ha sido llevado a la Mesa General de Negociación y que será tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Por eso han vuelto a reproducir todos los contenidos normativos del decreto 5/2010. Ellos saben que no son subsanables, y sobre todo, no quieren reconocer que han cometido dos errores garrafales.
Las consecuencias que se derivan de ello:
a)     Se trata de una nueva disposición que deroga las normas anteriores que se reproducen en ella o que se oponen a lo dispuesto en ella.
b)     Por tanto, DEBE SER NUEVAMENTE RECURRIDA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, si se desea hacerla desaparecer del Ordenamiento Jurídico.
c)      El recurso existente, puesto que lo es contra otra disposición, no tiene por qué decaer. Aunque haya sido derogada.

También es importante resaltar al respecto que la elección del decreto-ley como instrumento jurídico para operar la reforma, constituye un fraude de ley. Se ha vuelto a elegir el decreto-ley, declarándose al propio tiempo que en el trámite parlamentario, en lugar de la convalidación del mismo, se ejercerá la potestad de tramitarlo como proyecto de ley por la vía de urgencia (cosa que pueden hacer ya que tienen mayoria absoluta en la cámara). Ahora bien, para dictar el decreto-ley no concurren los presupuestos habilitantes, mucho menos ahora que ya está vigente el anterior y es derogado por éste.
De lo que se trata, por tanto, es de eludir la tramitación administrativa que las leyes imponen, y burlar los preceptivos controles de legalidad y participación. Conforme a ello se pretende eludir la aplicación de la Ley de Régimen Juríco y Procedimiento Administrativo Común; la Ley del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y la Ley del Consejo Consultivo, que imponen informes y dictámenes sobre la legalidad y oportunidad del proyecto y sobre su tramitación; y, tal vez, probablemente, algunas otras leyes sectoriales referentes a la regulación de los sectores que se ven afetados por la reordenación, que pudieran establecer la participación de algún órgano asesor, de participación social o consultivo, de los centenares que tiene la Junta creados. Esta es la razón por la cual el texto no se presenta directamente como proyecto de ley y se vuelve a utilizar el decreto-ley, antidemocrática y fraudulentamente.

DOS: Sobre la esencia del nuevo proyecto.
El nuevo proyecto es esencialmente igual al anterior. Mantiene las claves esenciales del anterior:
a)        Externalización de la Administración (o constitución de una Administración paralela) (artículo 1.9, dando nueva redacción al art. 69.3 de la LAJA), y
b)        Legitimación del empleo clientelar proveniente de los entes instrumentales que se integran en las nuevas agencias (Disposición adicional cuarta y articulado relativo a la creación y reestructuración de  agencias).

Limitándose en lo restante a pulir algunos aspectos secundarios, relativos a los derechos subjetivos de los afectados –funcionarios o personal laboral de la Admón. de la J.A.- y que no suponen obstáculo alguno para lo esencial. Cuestiones, por tanto, en las que no les cuesta ceder.
Veámoslo a continuación.


Segundo.- QUÉ CAMBIOS CONTIENE ESTE PROYECTO RESPECTO AL ANTERIOR.
Ya hemos indicado que en lo fundamental uno y otro son idénticos. Los cambios afectan a cuestiones concretas relativas a los derechos de los empleados públicos eventualmente afectados por la disposición.
Respecto al personal con vinculación funcionarial:
a)     Se modifica la situación administrativa en que debían quedar en caso de optar por integrarse como personal laboral en una APE. Recordemos que se habían inventado una situación administrativa (obviamente para que pareciera ventajosa o, al menos, no tan perjudicial, la integración en una APE; decir que quedarían en situación de excedencia voluntaria, les pareció desventajoso e intentaron maquillarlo con desvergüenza). Ahora, denunciada la argucia, se reconduce el asunto y se declara que quedarán en la situación administrativa que legalmente corresponde.
b)     Se declara que a los funcionarios que se conviertan en laborales de una APE les será de aplicación el Acuerdo sobre Condiciones de trabajo del personal funcionario. Eso es novedad.
Pero además de novedad es una estupidez y una ilegalidad. Es una estupidez porque las condiciones laborales de los funcionarios están reguladas por la ley (o, en su caso, el reglamento). Ese acuerdo es una contingencia que puede, como tal, existir o no. Por tanto, la remisión a algo contingente como parámetro regulador es una estupidez.
En segundo lugar, una ilegalidad. El régimen del personal que se integre como tal en las agencias está regulado por el derecho laboral (art. 70 LAJA), como no puede ser de otro modo. De manera que el acuerdo –en caso de que exista- podrá ser de aplicación o no. Habrá que tener en cuenta otros factores como, por ejemplo, el de cláusula más favorable. Y ese tipo de elección se efectúa atendiendo a las condiciones establecidas de modo global, consideradas en su conjunto. De manera, que podrá aplicarse o no. No estará en manos de quién lo promete cumplir lo prometido. En tercer lugar, el régimen laboral de los trabajadores de una empresa no puede estar sujeto a discriminaciones por razón de la procedencia o del estatus. No puede haber personas con la misma categoría laboral discriminadas en sus condiciones de trabajo por causa de situación anterior a su vinculación con la empresa. El principio rector es a igual trabajo, igual salario e iguales condiciones de trabajo.
c)      Por último, aunque no cambia respecto a lo anterior, conviene dejar apuntado –pues nos gustaría desarrollar el tema en otro momento- que la consideración de los servicios prestados en las APE a efectos retributivos y de méritos en la provisión de puestos y en la carrera profesional del funcionario, cuando retorne, en su caso, a la Administración pública, es ilegal por diferentes motivos que sólo enunciamos de modo abstracto: discriminación injustificada; inconstitucionalidad, por violación de la normativa básica.



Respecto al personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía:
Conviene previamente señalar que respecto a este personal, la Junta no tiene inconveniente en hacer mayores cesiones. Primero, por que no son un obstáculo en su proyecto; o, mejor dicho, no son necesarios, imprescindibles, para su proyecto. El personal laboral no puede, como norma, ejercer funciones públicas, que están reservadas a funcionarios. Luego, para ellos son prescindibles. No los necesitan en las APE. En segundo lugar, introducen un factor de división en el colectivo de empleados públicos, satisfaciendo las reivindicaciones de una parte. En tercer lugar, es una potencial clientela de los sindicatos felones CCOO y UGT.
Dicho esto se explican mejor las modificaciones introducidas respecto a este personal. Fundamentalmente es una: En el anterior decreto-ley, regía el criterio legal del artículo 44 del ET para la integración de este personal en las agencias. Es decir, el criterio de sucesión de empresas (que se mantiene para el personal procedente de los otros entes instrumentales). Conforme a él, el trabajador sólo tiene en un momento dado un solo vínculo jurídico; o, dicho de otro modo, los diferentes vínculos jurídicos que le unan a una entidad han de ser sucesivos en el tiempo. Ahora, en el nuevo proyecto, se da la opción de constituir dos vínculos jurídicos –aunque uno de ellos sea “durmiente” o latente-.
Para asimilarlos a los funcionarios. Ahora bien, esto no constituye ninguna garantía para ellos. Pues así como el funcionario puede tener dificultad para obtener un reingreso al servicio activo. En el caso del personal laboral, por diversas razones, entre otras la estructura funcional del trabajo, puede resultar en la práctica, casi imposible. No vamos a abundar en este tema, que al igual que el de los derechos subjetivos de los funcionarios afectados por la integración tiene muchas aristas. Ya hablaremos.
También, por otra parte, se insiste en el mantenimiento del convenio de procedencia, pero esa es una cuestión tan inconsútil que no merece ni una línea. En el momento en que las APE –cada una de ellas- tenga su convenio, terminó el asunto.
Y respecto a cualquier tipo de personal, el nuevo decreto ley suprime el tercer apartado de la redacción que el decreto 5/2010 dio al artículo 69.3 de la LAJA; conforme al cual el personal de la agencia (cualquiera que fuese su vinculación jurídica) podía ejercer potestades administrativas complementarias, y de investigación y auxilio de las correspondientes en exclusiva a funcionarios. Es mejor que nada, pero al fin y al cabo es una cuestión de segundo orden. Lo malo no está en este párrafo sino en los dos anteriores, que suponen el núcleo normativo del proyecto de externalización de la Administración.

Tercero.- EN QUÉ AFECTA EL NUEVO DECRETO AL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD ACTUALMENTE INTERPUESTO POR EL PARTIDO POPULAR.
O, dicho de otro modo, que motivos de inconstitucionalidad señalados en el anterior recurso se mantienen en este decreto-ley y cuáles no.
Bueno, ya hemos dicho antes, que tratándose de disposiciones diferentes, habría que interponer un nuevo recurso de inconstitucionalidad si se pretende la depuración de esta nueva disposición del ordenamiento jurídico.
Dicho esto, los motivos de inconstitucionalidad serían exactamente los mismos que los recogidos en el anterior recurso, incluida la causa relativa a la inconstitucionalidad por inexistencia de previa negociación. Ya que, a mi juicio, lo que se ha hecho ha sido en fraude de ley. No puede reconocerse como tal, porque ya estaba negociada en otro ámbito ajeno a los legítimos órganos y porque el órgano en el que se realizó finalmente (Mesa general) está deslegitimado, como muy acertadamente señaló CSIF en el escrito que presentó en dicha reunión.
Los demás motivos se mantendrían en los mismos términos, excepto en la argumentación relativa a la situación administrativa de servicio en entidades del sector público, que ha sido modificada. Pero eso es sólo parte de un motivo de inconstitucionalidad que recoge más argumentos que no se ven afectados por el cambio operado en el decreto-ley.
Ahora bien, si como se viene diciendo, el gobierno tiene intención de tramitar el decreto-ley como proyecto de ley (dado que tiene mayoría parlamentaria, podrían decidirlo), el motivo cuarto del recurso interpuesto (inexistencia de presupuesto habilitante) podría quedar sin efecto para un futuro recurso; aunque, a mi juicio, y conforme a lo expuesto en el punto primero de este escrito, podría haber base jurídica para sustentarlo. Ahora bien, en todo caso, el trámite al que ahora se someterá este decreto-ley, será un sólido argumento contra el anterior; que demostraría la inexistencia de presupuesto habilitante (razones de urgencia y necesidad) cuando fue dictado.
24 de Noviembre de 2010.
El perro de Ulises

miércoles, 24 de noviembre de 2010

Antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Señor Griñan, ¡¡DEROGUE YA!!

Aquí plasmamos una colaboración canina, que dejamos expuesta negro sobre blanco, en vez de como haría la consejera Aguayo, que lo haría blanco sobre negro (con la de tinta que eso gasta si se imprime).

LOS OTROS TRESCIENTOS
El sábado a las puertas del palacio presidencial presencié la batalla de las “Telmópilas”. Versión andaluza –y metafórica- de aquella otra que libró Leónidas contra el poderoso imperio Persa. Fue un bello espectáculo, y no me refiero con el adjetivo a la estética sino a la ética. Aunque, también, los centenares de paraguas en el aguacero ponían una pincelada multicolor, alegre y esperanzada; como salida de una película de Theo Angelopoulos, donde la lluvia siempre está presente, como recordándonos que hay cosas que escapan a los designios humanos; como recordándonos nuestra pequeñez y nuestra contingencia. Pero la belleza estaba, sobre todo, en lo intangible. En la actitud ética; en el civismo, en la tenacidad, en la insumisión, en la defensa de una causa justa. En la dignidad.
Estos trescientos no son, como aquéllos, feroces guerreros, pero están demostrando estar dispuestos a dar la batalla valientemente. No digo sin miedo, porque no es cierto. Hay miedo, porque saben a quién se enfrentan. A esos gigantes soberbios e implacables. Hay miedo, pero se imponen a él, no se doblegan.
Ese era el verdadero espectáculo. David contra Goliat, de nuevo. Los insignificantes y mansos –hasta ahora- empleados de la Administración Pública gritando basta al poderoso partido gobernante que –como en todo régimen totalitario- ha fagocitado al gobierno y a las instituciones y los ha puesto al servicio de sus intereses de secta.
Una lucha muy desigual. Ya para llegar a las puertas del palacio hubieron de vencer otro tipo de dificultades que, aunque no procedían del cielo, venían también de muy alto, del despacho del Supremo, o desde el de aquél que a sus órdenes hace el trabajo sucio. Y es que, durante un buen rato, la Policía impidió a quienes pretendían acceder a la explanada delantera del palacio (sólo a aquellos a los que algún signo externo delataba como discrepantes del sátrapa) el libre ejercicio de sus derechos constitucionales. El más elemental, el de la libertad deambulatoria. En román paladino, el derecho de un ciudadano a ir donde le plazca en un espacio público.
Así empezaba la desigual lid. Proseguía mientras duró: chuzos de punta para unos; que, a pesar de la adversidad de los elementos, no cejaron. En tanto que para los otros, sillones y lámparas -que valen infinitamente más que ellos- y una buena despensa para proveer una magnífica cocina regida por cuatro cocineros de RPT (o se los ha llevado Chaves a Madrid?) por si había que resistir encerrados. Y la desigual culminación, los medios de comunicación convocados a rueda de prensa (¡Ay del que no vaya!) para escuchar las mentiras del Supremo.
Esto dijo (cito literalmente de Europa Press, publicado en El Mundo, 20 de noviembre): "cualquiera que diga que se pretende hacer funcionario sin pasar pruebas, que me señale en que artículo del decreto se dice, que inmediatamente lo derogamos; el que diga que pierden derechos los funcionarios que me diga en que artículo que inmediatamente lo derogamos y el que diga que algún laboral pierde derechos que me diga en que artículo e inmediatamente lo derogamos".
Como es obvio, no está a nuestro alcance responder con los mismos medios de que él dispone; yo me doy por satisfecho  encontrando cobijo entre las páginas de estos compañeros de la ESPA, a los que agradezco su hospitalidad.
Quien pregunta merece una respuesta. Vamos a ayudar a José Antonio a resolver las tres cuestiones que plantea. Aunque las sabemos puramente retóricas. Y, por tanto, que aunque demostremos la primera parte de la proposición, el no cumplirá la segunda.
Sr. Griñán, José Antonio, quién le ha escrito a vd. el guión, que es tan malo?  Ed Wood o Bibiana Aído?
Porque, veamos, primera cuestión: ¿quién ha dicho que con ese decreto se pretende nombrar funcionarios sin hacer pruebas? Nadie, sólo vds., para desenfocar y confundir. Precisamente, este decreto lo urden vds. porque no está en sus manos nombrar funcionarios al margen de lo que establece la Constitución. Por eso constituyen esa Administración paralela, cuyo modelo le describo en dos líneas y le señalo los artículos en que se fundamenta: a) se crean las agencias públicas empresariales como entidades diferenciadas de la Administración Pública –artículo. 1.8 del decreto, b) se les otorga facultades para el ejercicio de potestades administrativas, exclusivas de la Administración y sus funcionarios –artículo 1.9 del decreto-, c) como las potestades administrativas no pueden ser ejercidas sino por la Administración Pública y las agencias no lo son y, además, en ellas no puede haber funcionarios, pues se ponen los funcionarios al servicio de las agencias –artículo 1.9 del decreto-, d) en esa Administración paralela que serán el conjunto de agencias se integrará el personal dependiente de las “entidades instrumentales públicas o privadas en las que sea mayoritaria la representación y la participación directa o indirecta de la Junta de Andalucía…” –disposición adicional cuarta del decreto-, lo que significa que ahí va a meter vd. a su clientela, más de 25.000 empleados.
Queda respondida la primera cuestión.
Segunda cuestión: el que diga que pierden derechos los funcionarios que me diga en que artículo que inmediatamente lo derogamos”. Se lo decimos inmediata y brevemente: a) El artículo 1.9 del decreto vulnera el artículo 23.2 de la Constitución que establece el acceso a las funciones públicas conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad; lo cual, conforme a reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, significa que lo que garantiza la Constitución no es sólo el acceso sino también que quienes hayan accedido a los empleos públicos se mantengan en ellos sin perturbaciones ilegítimas y los puedan desempeñar de conformidad con lo que la Ley disponga, pues de otro modo ese derecho quedaría vacío de contenido, b) La disposición adicional cuarta del decreto viola el principio de legalidad y la seguridad jurídica consagrados en los artículos 103 y 9 de la Constitución; lo cual, como es natural, constituye una violación de los derechos de los funcionarios. ¿Porque, dónde está regulada esa situación administrativa, que vds. se han inventado, en la que quedarían los funcionarios que se integrasen en las agencias? ¿Cuál es su régimen jurídico? ¿Qué derechos y obligaciones comporta? Acaso no es eso atentatorio contra los derechos de los funcionarios?, c) El artículo 1.9 del decreto viola el principio de jerarquía consagrado en el art. 103 de la Constitución y, por tanto, el derecho de los funcionarios a integrarse en una estructura de mando legítima. O dicho de otro modo, someterlos a una estructura de mando ajena a los órganos legítimos de la Administración Pública, como serían los directivos de las agencias, es contrario a sus derechos, d) El artículo 1.9 del decreto constituye una violación del derecho de los funcionarios a que su estatuto sea regulado por la Ley, conforme dispone el artículo 103.3 de la Constitución.
Así pues, ahí tiene vd. algunas respuestas. Hay más.
Tercera cuestión: quien diga que algún laboral pierde derechos que me diga en que artículo e inmediatamente lo derogamos”. Pues, mire vd., muy sucintamente, el personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía puede perder su propio puesto de trabajo. Ya que por el juego de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta del decreto en relación con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, la sucesión de empresas entraña un doble efecto: la extinción de un vínculo jurídico previamente existente y la constitución de otro nuevo. Siendo eso así el personal laboral puede perder su vinculación con la Administración General de la Junta de Andalucía. Pues aun en el caso en que, contra lo dispuesto en el artículo 44 del ET, se mantuviesen dos vínculos jurídicos, nadie podría garantizarles la existencia de plazas para un eventual reingreso; así que en el menos malo de los supuestos, se vería vulnerado su derecho a la seguridad jurídica, que, como ya se ha dicho, garantiza el artículo 9 de la Constitución.
Ahí tiene vd. señalados los artículos que demuestran que el decreto contiene violaciones de algunos de los derechos de los empleados públicos –funcionarios y personal laboral-, hay más, pero no tenemos espacio para abordarlo. Si nos lo permiten nuestros anfitriones, lo haremos en otra ocasión.
Ahora una pregunta: ¿va vd. a cumplir con su palabra, o era otra mentira?

El perro de Leónidas.

Convocatoria Manifestación 27N Plaza Nueva --> San Telmo

En esta ocasión se van a realizar manifestaciones simultáneas en todas las provincias Andaluzas.
Convocada por PEPA Andalucía. (Ni partidos, ni sindicatos)
NO FALTES

domingo, 21 de noviembre de 2010

SOLO DE FLAUTA DE LA CONSEJERA DE HACIENDA


Pasados unos días de las anteriores publicaciones (para no restarles importancia), pasamos a reproducir algunas aportaciones aparecidas en PorAndalucíaLibre de nuestro amigo Max Estrella.

Son 3 artículos publicados aquí en orden contracronológico.

SOLO DE FLAUTA DE LA CONSEJERA DE HACIENDA
Escribía William Faulkner, en una de las novelas de la trilogía de los Snopes, que en todas las familias el miembro incapaz de ganarse un dólar por sus propios méritos tenía que dedicarse a la política. En la familia de la Señora Martínez Aguayo ya sabemos quién sería ese sujeto.
Esta señora doctora…doctora honoris causa en la manipulación, ha convocado una rueda de prensa para insultar a los funcionarios. Lo que ha cantado suena ya a rancio. Ya lo cantaron ayer el coro de grillos domesticados del circo José Antonio; ¡llega a Sevilla Miss Carmeli! Y, precisamente ella, a la que por razón de su cargo le correspondería el papel de corifea, llega la última. Así nos va.
Convoca una rueda de prensa para tocar la partitura en solo de flauta y, como el burro de la fábula, suelta un estruendoso rebuzno.
No podemos sustraernos a realizar un mínimo análisis de su flatuoso discurso. Veamos, nos acusa –esquizofrénicamente- a los discrepantes del decreto de manipuladores y manipulados (por supuesto, por el PP); esto que le escribieron hace tres días desde la dirección general de propaganda, no es que suene a rallado es que huele a podrido. Dejémoslo de lado. Vayamos a lo novedoso, dice la señora Consejera (cito literalmente del ABC 17 de noviembre):
“…ha acusado hoy a los funcionarios de la Junta de emprender una "campaña de desprestigio" contra los empleados públicos, en referencia a las denuncias sobre los "enchufados”   Basta ya de desprestigiar a los empleados públicos", ha apostillado. "
Es genial, para partirse de risa sino fuera porque en manos de esta señora está la Administración Pública de la Junta de Andalucía (y la Hacienda Pública). Es lo que tiene el sectarismo, que suele ir unido a la indigencia intelectual. Hoy que estamos de fábulas (en plural, que esto no es canalsú; no es lo mismo estar de fábula que estar de fábulas), la consejera se nos antoja como el busto que descubre la zorra de Esopo: ¡qué hermosa cabeza, pero vacía!
Lamentamos tener que volver sobre el mismo tema de días pasados; es decir, ayudar a la Consejera a vencer su burricie. No cobraremos como sus asesores, lo haremos gratis et amore. Sra. Consejera, léase el artículo 8 del Estatuto Básico del Empleado Público. ¿Que no sabe lo que es eso? Bueno, nosotros se lo explicaremos. Vea vd.:
“Título II
Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas
Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos
1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.
2. Los empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.”
Lo cual quiere decir:
1º El concepto “empleado público” es comprensivo de los conceptos o categorías de “funcionario” y de “personal laboral”.
2º. Decir que los funcionarios han emprendido una campaña de desprestigio contra los empleados públicos, es una “boutade”, incluso un “flatus vocis”.
3º. Decir que los “enchufados” por el decreto son empleados públicos es una mentira. Pues ya puede vd. comprobar que no están dentro de la definición de empleado público –ya que no trabajan en la Administración Pública al servicio de los intereses generales- y, por tanto, tampoco figuran en ninguna de las categorías en que se clasifican los empleados públicos.
Así pues, lo que creemos –además de que la Consejera del ramo es ignorante de lo que necesariamente debería saber- es que es una manipuladora –ella sí-; y que lo que se esconde tras estas declaraciones (que si no me equivoco, pronto las veremos rebuznadas por otros) no es sino una táctica militar antiquísima: divide y vencerás.
Lo sentimos sra. Consejera, hemos descubierto sus intenciones. Ese discurso ya no les sirve. Inventen otra mentira mejor. Gánense el sueldo y la productividad.
Por cierto, que se entere la ciudadanía. La ley les permite a vds. Cobrar productividad, pero –al igual que a los funcionarios- la ley exige, impone, que las cantidades que se perciban por tal concepto sean públicas.
Las de los funcionarios lo son: se publican periódicamente y así sabemos que su cuantía aproximada es de 50 euros al mes.
Las de vds., los altos cargos socialistas están ocultas. En esto, como en casi todo lo que hacen, desprecian la ley y practican la hipocresía y el cinismo. Hablan de transparencia y practican la opacidad.
Contesten: ¿Cuándo van a hacer público lo que cobran por productividad? La ciudadanía tiene derecho a saberlo.

Max Estrella, cesante de hombre libre.

Por dignidad.

POR DIGNIDAD
El lunes a las puertas del Palacio de Congresos, donde el Sr. Griñán, líder carismático de este régimen triunfalista, inauguraba el “II Congreso sobre el hésito educatibo” nos apiñamos unos cuantos centenares de personas para hacer patente nuestra protesta.
Profesores y empleados públicos de la Junta de Andalucía. Unos, para que entre los cantos de sirena del régimen se oyera, aunque fuese testimonialmente, la verdad sobre el rendimiento escolar en Andalucía. Los otros, para –lo que ya habrán ustedes adivinado- pedir la derogación del infame decretazo del enchufismo, que pretende la constitución de una Administración paralela sometida a los comisarios políticos del partido, y la consolidación y legitimación de un empleo nepótico y clientelar, cifrado en más de 35.000 personas.
De pronto, entre el bullicio se abrió paso un señor modestamente vestido, a simple vista se apreciaba que no era uno de los exitosos congresistas, trajeados de armani, que acudían al evento. Tomó el micrófono y dijo: “Yo he conocido dos dictaduras. La de Franco, que duró cuarenta años; y ésta que ya dura 30. De ésta tenemos la culpa nosotros. Buenas tardes”. Y siguió su camino.
 Las dos cosas, escalofriantes y ciertas. Lo dijo el amigo más querido de Miguel de Montaigne, la servidumbre es voluntaria. Parece, en bellas y duras palabras de Miguel Hernández, que estamos hechos para el yugo. Algunos, para el yugo…y las flechas. Porque del mismo modo que, al parecer, los humanos no podemos sustraernos a esa pulsión servil, el partido del Sr. Griñán no puede sustraerse al ejercicio despótico (y nepótico) del poder.
El Sr. Griñán, José Antonio, en una declaración magistral de soberbia (lo advirtió Javier Arenas: Griñán es Chaves con más soberbia) y prepotencia, ha insultado a todos los ciudadanos que hemos pedido la derogación del decretazo. Ha dicho que los disconformes con el decreto lo están por razones ajenas al mismo. Nos acusa de ser títeres manejados por el Partido Popular. ¡Cómo no! Así son los tiranuelos. Peores los de esta especie que practican la satrapía con displicencia. Son comprensivos, diría que hasta compasivos. Nos dicen: “pobrecitos, no os dais cuenta que estáis equivocados; que es por vuestro bien lo que hacemos; que nos duele que os estén utilizando…”
Esta partitura (por usar sus propias metáforas) no la ha escrito él solo, porque enseguida ha sido interpretada por un coro de grillos que, ¡oh, casualidad!, han repetido lo mismo. Verdad, D. Luis Pizarro, Dª Mar Moreno? Y ladrada por los perros de su jauría (y que me perdonen los perros por la comparación), verdad D. Dionisio Valverde, caporal sindical del sindicato del Psoe; verdad D. Mario Jiménez, altavoz del Psoe?
Y es que el totalitarismo no tolera la disidencia. Sólo admiten dos posiciones frente a sus actos: asentir o callar, y esta última, sólo a veces; ya se sabe, el que no esté conmigo está contra mí.
Todos estamos equivocados si no decimos amén. Todos somos unos fachas si, yendo más lejos, nos atrevemos a decirles: ¡no!
Y es que, además, el totalitarismo tiene un conflicto serio y profundo con la verdad. Son intrínsecamente incompatibles. Por eso la propaganda es instrumento esencial de su acción política. Porque “sus verdades”, su realidad, son mentiras repetidas mil veces. Hasta que son subliminalmente asumidas (con la tercera modernización, puede ser que nos implanten un microchip en la oreja, con el programa; más barato, más moderno, más propio del ecototalitarismosostenibleeternamente).
Tal vez por esa razón, ya no nos resulte chocante que en la región con mayor fracaso escolar del mundo desarrollado celebremos un congreso sobre el éxito educativo. O que, en el propio decreto que consagra la privatización de servicios y empleo público, se atrevan a decir que defienden lo público y el empleo público (por cierto, la única verdad que he leído al respecto, sin duda fruto de una traición del subconsciente, ha sido el reconocimiento por parte de Griñán de que este decreto “aportará un mayor número de efectivos para realizar las funciones públicas”, El Mundo, 14 de noviembre; obviamente, se refiere a los 35.000 que han dispuesto meter y que, según él van a realizar las funciones que, por imperativo legal, corresponden desempeñar a los funcionarios).
No dejo de pensar en lo que dijo nuestro incógnito y breve y digno arengador. Definió la esencia de este régimen. Sumisión y tiempo. Tiempo y sumisión. Y silencio, también. Por eso me pareció tan digna su actitud. Y, por eso tan acertada y admirable.
Yo, que practico el pesimismo racionalista, pienso que esta guerra está perdida, porque, como dijo De La Boetie –hace ya cinco siglos-, el hombre no ama la libertad, porque si la amara sería libre. No obstante, del mismo modo pienso que, aunque sea una causa perdida, hay que dar la batalla. Por dignidad.
No olvidemos que esta causa es también una lucha en defensa de la dignidad. Personal y colectiva.
El “paisa”, personaje erudito y retórico de “La estrategia del caracol”, al ser preguntado: ¿Y que han sacado vds. Con todo este lío; con este follón? Por qué?, respondió: ¿Cómo que porqué; cómo que porqué?, por dignidad.
Con más bellas palabras, un eximio poeta, también funcionario, de Obras Públicas, apeló a la dignidad: “…supervivientes todos de inclinada postura, sería preferible fallecer intentando enderezar los huesos…”
Intentémoslo, al menos.
Max Estrella, cesante de hombre libre.

Entrevista a Aguayo

PREGUNTAS SOBRE EL DECRETO-LEY 5/2010, DE REOORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha abierto en su Web oficial un portal informativo sobre el Decreto-ley de reordenación del sector público andaluz. Uno de los documentos “informativos” de ese portal es un cuestionario con las correspondientes respuestas. La particularidad del mismo es que tanto preguntas como respuestas proceden de la misma pluma.
Siendo así, no resulta extraño que algunas preguntas resulten totalmente ajenas al objeto de debate o estén  desenfocadas, y que las respuestas sean escasamente ciertas.
Las “mentirijillas” de la Consejería son de tres clases:
  • Medias verdades.
  • Mentiras dolosas o malintencionadas.
  • Mentiras culposas o negligentes (debidas a ignorancia fácilmente vencible y, por ello, inexcusable).
En la medida de nuestras modestas posibilidades, deseamos contribuir a paliar ese déficit de veracidad (expresión con que el “correctismo político” denomina a las mentiras).
Seguiremos para ello el mismo método socrático, tan pedagógico, empleado por la Consejería (ya que, sin duda, habrá sido el recomendado por los expertos comunicadores –por supuesto, designados a dedo- de la Dirección General de doctrina, propaganda y listas negras –perdón si me equivoco pero, con estos nombres con que la 3ª modernización bautiza ahora a los órganos administrativos, es fácil errar); sazonado, además, con una pizca de ironía valleinclanesca y machadiana.
Contaremos para ello, con la impagable (¡ingenuos!) colaboración de la Consejera del ramo. Vayamos, pues, a la tarea.

ENTREVISTA APÓCRIFA A LA CONSEJERA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
- Entrevistador (E): ¿La integración de los funcionarios en una Agencia Pública Empresarial (APE) es obligatoria?
- Consejera (C): Verá vd., hemos dicho por activa y por pasiva que es voluntaria, y ...hemos mentido reiteradamente.
En primer lugar, porque las APE no son Administración Pública y, por tanto, no pueden tener funcionarios. Funcionarios sólo puede haber en la Administración.
En segundo lugar, el personal de las APE se rige en todo caso por el Derecho Laboral (art. 70 de la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, en adelante LAJA), y los funcionarios, en todo caso, por el estatuto regulado por la Ley (art. 103.3 de la Constitución –CE), lo que determina, asimismo, la imposibilidad jurídica de que en las APE trabajen funcionarios.
En tercer lugar, y, lo que es más grave, para burlar la imposibilidad señalada en los apartados anteriores, hemos recurrido a un fraude de ley: como en las APE no puede haber funcionarios, pero sin los funcionarios las APE no pueden ejercer ciertas potestades, los funcionarios trabajarán para las APE –quieran o no, es decir forzosamente-, “integrados funcionalmente en la estructura de la agencia con sujeción a las instrucciones y órdenes de servicio de los órganos directivos de la misma...” (art. 69.3 de la LAJA). Es decir, no son de personal de la APE, porque legalmente no pueden serlo, pero por la vía de los hechos los vamos a obligar a serlo.
Si me lo permite, se lo explicaré con una metáfora, aunque sea un poco zafia: como la ley prohíbe mear en la calle, vamos a miccionar (como decía el señor Lebowsky, no el notas) desde el balcón; así podremos decir que estamos meando en casa, no en la calle, ¿comprende vd?
- (E): Si, señora; van ustedes a obligar a los funcionarios a mear desde el balcón.
- (C): Más o menos; de modo que, y por último, la única integración voluntaria de funcionarios en las APE se produce cuando, precisamente, dejan de ser funcionarios y pasan a ser personal laboral (disposición adicional cuarta de la LAJA).
- (E): Y, entonces, ¿en qué situación quedan?
- (C): Pues mire vd, conforme a la legislación vigente (art. 29.3 de la Ley 30/84, en relación con la disposición final cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público) deberían quedar en situación de excedencia voluntaria, pero como somos más rumbosos que nadie la hemos “tuneado” para convertirla en una nueva situación administrativa: “servicios en entidades del sector público andaluz” (disposición adicional cuarta del decreto-ley 5/2010, en lo sucesivo decretazo); a ver por qué mi Pepe no iba a poder tener sus situaciones.
- (E): Qué Pepe?, bueno déjelo; sigamos. Así pues, se han inventado vds. una nueva situación administrativa, y ¿cuál es su régimen jurídico; donde está regulado?
- (C): En ningún sitio, es sólo el nombre. Sólo el envoltorio, papel brillante.
- (E): Pero, eso es algo así como condenarlos al limbo; hasta la doctrina católica lo ha suprimido y, sin embargo, vds…¿y el principio de legalidad, la seguridad jurídica…, en suma, la Constitución?
- (C): Bah, como dice un colaborador mío de la Agencia Tributaria Andaluza, aparte de inconstitucional no tiene ninguna otra cosilla. De modo que no sea vd. negativo; más que condenarlos al limbo, es como regalarles un “kinder-sorpresa”, ya veremos lo que les toca cuando rellenemos el huevo de chocolate.
- (E): Cómo han conseguido vds. convencer a los sindicatos UGT y CCOO para que apoyen el decretazo?
- (C): Bueno, verá vd., aquí hay una relación simbiótica. A todos –me refiero al gobierno y a los citados sindicatos- nos interesa acabar con este movimiento contestatario que ha surgido de modo espontáneo e imprevisto entre el funcionariado. A nosotros, porque nos interesan unos sindicatos que –como dicen los neomarxistas Marcuse, Milliband, Aronowitz, entre otros- trabajan en beneficio de la patronal controlando las huelgas e impidiendo que los trabajadores consideren cuestiones más amenazantes para sus intereses. Buena prueba de ello, son las amenazas del líder de UGT Dionisio Valverde a los funcionarios.
Y a ellos, –además de los dineros- porque no les conviene quedar en evidencia. Es decir, que los funcionarios, que la sociedad, se den cuenta de lo prescindibles que son; que no sirven para nada más que para lo que apuntaban los teóricos del marxismo moderno.
Comprobará vd. que era muy fácil ponernos de acuerdo.
- (E):  Que opina vd. de las manifestaciones de Mario Jiménez, portavoz del PSOE de Andalucía, en las que afirma que esta rebelión contra el decretazo está financiada por el PP? Y, ¿qué opina de la persecución que se ha desatado en Córdoba contra los desafectos; personalizada en el expediente gubernativo abierto a D. José Maria Herrera (compañero, no estás solo)?
- (C): Contesto a las dos preguntas a la vez: tenemos que acabar con esto  como sea; si la persuasión no sirve, pues empleamos la amenaza. Además, es una buena fuente de ingresos; desde tiempos de Franco no había tantas suscripciones populares para pagar multas gubernativas impuestas por el ejercicio de los derechos y libertades cívicas. Y, no olvide vd. que con eso también financiamos las subvenciones que damos a CCOO y UGT por prestar su apoyo y mantener la boca cerrada ante tales atropellos, y que no tienen ningún escrúpulo de conciencia en aceptar, pese a ser un dinero de origen tan infame.
- (E): Bueno, señora Consejera, razones de espacio nos limitan, debemos concluir. Nos gustaría, ya que es tan amable, continuar otro día. Pero, si me permite satisfacer una curiosidad mía, dónde estudió vd. Hacienda Pública y Teoría y Gestión de la Administración Pública?
- (C): En la Facultad de Medicina y por “selecciones del Readers Digest” y el “Club de las Ideas” del Canal Sur.
- (E): Ah, naturalmente; eso lo explica todo.

Max Estrella, cesante de hombre libre...

lunes, 15 de noviembre de 2010

Consejero Pizarro abucheado por sus funcionarios de la Escuela de Seguridad Pública

Luis Pizarro fue sorprendido por una movilización de funcionarios de su departamento al llegar a las instalaciones de la ESPA, en Aznalcázar (Sevilla).






Aunque reducido en número, el colectivo de trabajadores públicos de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA), perteneciente a la Consejería de Gobernación,  se está distinguiendo por ser uno de los más litigantes y comprometidos en la contienda contra el “decretazo” de la Junta.

Muestra de su activismo la tenemos esta misma mañana del lunes, cuando se han concentrado a las puertas de sus instalaciones, situadas en medio de una carretera comarcal de Aznalcázar, a fin de hacer patente al consejero Luis Pizarro su rechazo por tan denostada norma para la función pública autonómica.

Fuertemente custodiados por efectivos de la Policía Autonómica, durante el tiempo destinado al desayuno, los trabajadores salieron del recinto que se halla aislado en los pinares de los montes propios de la localidad, y con pancartas, carteles y silbatos esperaron la llegada de Pizarro que venía a clausurar un importante curso para policías locales, siendo increpado y abucheado por el personal funcionario y laboral de su propia Consejería.

sábado, 13 de noviembre de 2010

GRAN ÉXITO DE LA MANIFESTACIÓN.

Gran éxito de la manifestación que ha reunido alrededor de 50000 personas, en su mayoría empleados públicos, de todas las provincias Andaluzas.

La secuencia de fotos corresponde a (1) la preparación de la cabecera en la Alameda de Hércules, (2) calle Calatrava en mitad del grupo más o menos (imposible ver la cola), (3) ofrenda enchufal en el Parlamento y (4) mensajes a los políticos.




En Antena 3 y Canal Sur dan la noticia.
Estos últimos mienten como bellacos en quien ha convocado la manifestación, igual que miente Mar Moreno.
Antena3



Canal Sur



Prensa sábado 13/XI/10, NOCHE, tras la APOTEÓSICA Manifestación


El MundoUnos 50.000 funcionarios protestan contra el enchufismo. 

Incluye VIDEO donde se ven a “unos cuantos nada más” en la Macarena


  

Por Andalucía Libre tiene casi un monográfico:

Así se gestó la idea de los enchufes

Crónica de una manifestación histórica

Tapita sobre la manifestación

Fotos propias de Por Andalucia Libre

Fotos (gentileza de El Mundo)

 

El Confidencial. Miles de funcionarios se rebelan contra el "enchufismo" laboral en la Junta. 




Libertad Digital:

Así se gestó la idea de arrojar enchufes contra el Parlamento andaluz


Manifiesto de la marcha en Sevilla







...¡¡Y el domingo a reponer fuerzas para el lunes estar en la lucha otra vez....para que la brecha se haga más grande!!!