En prensa

EL DESPILFARRO ANDALUZ

Carmen Alcantara
Desde Región de Málaga queremos denunciar el despilfarro de la Junta de Andalucía. Queremos llamar la atención sobre el exagerado número de empresas públicas, el gasto sin contención y el enchufismo. El sistema autonómico andaluz es, a día de hoy, insostenible. La falta de control y de disciplina en sus cuentas públicas supone un lastre para nuestro futuro

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Los mercados exigen a los gobiernos regionales transparencia y contención del gasto para solventar las dudas que genera el sistema autonómico español. Ya son muchas las voces que piden una reforma constitucional que ponga freno a este descontrol autonómico. Región de Málaga les presenta algunos de los gastos más inútiles de la autonomía a la que desgraciadamente pertenecemos:

  • 1- La Junta de Andalucía gastó 500.000 euros el año pasado en la embajada que tiene abierta el gobierno autonómico en Madrid. Al frente de ella se encuentra el novio de Bibiana Aído, Julián Martínez. La mitad del dinero se va en el alquiler de la sede, una de las zonas más lujosas de la capital del Reino, y al sueldo del delegado. Recordemos que la Junta abrió esa delegación para que Bibiana Aído tuviera cerca de su amor cuando ésta tuvo que dejar Andalucía por Madrid.

    2- El consejo Audiovisual andaluz fue creado en 2005 por capricho de Manuel Chaves. Según fuentes consultadas, en 2011 el consejo supondrá un gasto de 6,6 millones de euros, de los que 3,4 van para el personal. Los altos cargos y empleados suponen un 52% del presupuesto.

    3- La Junta sevillana tiene 38.000 millones. Además hay 316 empresas públicas, agencias y fundaciones. La Junta posee más de 300 coches oficiales de alta gama.

    4- La residencia de los Virreyes de Andalucía cuesta un ojo de la cara al contribuyente. De hecho, la remodelación del Palacio de San Telmo ha costado 50 millones de euros.

    5- Canal sur, cuya calidad deja mucho que desear, tendrá un presupuesto de 156 millones de euros en el ente autonómico donde trabajan 1700 personas. Canal sur cerrará 2011 con pérdidas de 10,08 millones de euros, el doble que en el presente año. A día de hoy, canal sur sólo sirve como canal de propaganda del PSOE andaluz.

    6- Después de robarle a Málaga la cuenca mediterránea, los malagueños nos enteramos que José Bernal, hoy candidato del PSOE a la alcaldía de Marbella tuvo que rebajarse el sueldo de 100.000 euros a 70.000 por su trabajo como consejero delegado de la sociedad de aguas de la Costa del Sol.

    7- La mayoría de altos cargos de la Junta de Andalucía disfruta de indemnizaciones por vivienda en provincias donde para más INRI viven. Hablamos de 1300 euros mensuales. El traslado de residencia oscila entre los 6000 consejeros y los 4000 de delegados provinciales.

    8- La fundación Barenboim- Said recibirá de la Junta 2.028.808 euros para la conciliación de culturas. La cantidad es hiriente si tenemos en cuenta que el Tren litoral de Málaga va a recibir 300.000 euros de los presupuestos el año próximo.

    9- El gasto por los trabajadores de las empresas públicas, unos 26.000 se eleva a más de 1000 millones de euros al año. Por otro lado, muchos de los trabajadores que prestaban servicio en esas empresas han sido recolocados en otros organismos controlados por la Junta.  
  • Por todo lo expuesto, queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para que de una respuesta a esta pandilla de aprovechados en las próximas elecciones autonómicas. Andalucía no puede estar ni un minuto más en manos de estos impresentables

 

 

Los funcionarios se 'cuelan' en el IESA

El PP aumenta su diferencia con el PSOE en 7,5 puntos en un año

El director del IESA, durante la presentación de la encuesta. | Conchitina
El director del IESA, durante la presentación de la encuesta. | Conchitina
  • El IESA dice que el PP está 'en torno a la mayoría absoluta' en Andalucía
  • De celebrarse las autonómicas, el PP obtendría un 46,8% y el PSOE un 37,7%
  • Los 'populares' rozan la mayoría absoluta; IU obtendría el 8,2% de los votos
  • El barómetro del IESA da vencedor al PP en unas autonómicas por segunda vez
El presidente del Instituto de Estudiológicos Sociológicos de Andalucía (IESA), Eduardo Moyano, ha asegurado esta mañana que en Andalucía, el PP se encuentra en la órbita de la mayoría absoluta.
En este sentido, el PP ganaría las elecciones autonómicas en Andalucía con el 46,8% de los votos frente al 37,7% que obtendría el PSOE, lo que sitúa la diferencia en 9,1 puntos, según el barómetro de opinión pública de Andalucía 2010, presentado este lunes en Sevilla por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA).
El IESA es un órgano mixto que depende del Gobierno -a través del CSIC- y la propia Junta de Andalucía, que nunca ha estado gobernada por otro partido que no fuera el PSOE.
Dicha encuesta mantiene a IU-CA como tercera fuerza política en Andalucía, logrando el 8,2% de los votos, mientras que el PA alcanzaría el 2,9% de los sufragios y UPyD obtendría el 1,7%.
Se trata de la segunda edición del barómetro de opinión pública del IESA que da mayoría al PP a nivel autonómico, después de que el correspondiente a 2009, presentado el pasado 15 de enero, ofreciese por primera vez una ventaja de 1,6 puntos sobre los socialistas.

Los funcionarios se 'cuelan' en el IESA

El logo, en la presentación del IESA.
El logo, en la presentación del IESA.
La anécdota de la presentación del sondeo anual del IESA que sitúa al PP al borde mismo de la mayoría absoluta la protagonizó el salvapantallas del ordenador portátil utilizado por el director del IESA, Eduardo Moyano, para detallar los datos.
En medio de la rueda de prensa, al minimizar el director del Instituto la pantalla de un programa de Powerpoint, apareció la leyenda y el logo de la Asociación Defiendo Mi Derecho y La Gestión Pública, una de las más críticas con el decreto de reordenación del sector público aprobado por el Gobierno andaluz que preside el socialista José Antonio Griñán.
Entre la estupefacción y las risas de los periodistas que cubrían la noticia, Moyano ha proseguido su comparecencia pública sin percatarse aparentemente del incidente. Al término del acto, un responsable de comunicación del IESA aseguró que el ordenador no era ni del director ni del propio Instituto, sino que habría sido facilitado por el hotel sevillano donde se ha convocado a los medios esta mañana.


LOS NÚMEROS DE LA REFORMA DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ Y EL RECHAZO A LA MISMA, I


Griñán aplaza «sine die» su compromiso de reducir a la mitad los delegados

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, dice que no hay un calendario concreto para cumplir el compromiso y que existen otras prioridades  


Todo parece indicar que la Junta de Andalucía agotará la presente legislatura sin que una de las promesas estrella del presidente del Ejecutivo, la reducción en un cincuenta por ciento de los delegados provinciales de  las consejerías, se lleve a cabo. El Gobierno andaluz, en estos momentos, se encuentra inmerso en la reordenación del sector público y no ha incluido el compromiso concreto de José Antonio Griñán en el calendario de sus prioridades.  

Todo ello se deduce de las manifestaciones que ayer hizo la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, junto a la titular de Salud, María Jesús Montero. Tras ser preguntada sobre si hay o no un calendario en relación con la iniciativa del presidente de reducir a la mitad los 90 delegados que la Junta tiene en las diferentes provincias, Mar Moreno respondió con evasivas, y apuntó que en estos momentos el primer objetivo en este campo es el desarrollo del decreto de reordenación del sector público.
Un cambio administrativo que sí contempla la concentración de empresas públicas y la supresión de los cargos que ostentan sus máximos responsables. Con el decreto se eliminan 111 empresas públicas, se transforman 16 y teóricamente se suprimen 182 altos cargos, aunque en la práctica pasarán a ocupar otros puestos dentro del organigrama de las consejerías.
Avances
Según indicó ayer la consejera de la Presidencia, «han sido muchos y notables los avances que ha producido en la Junta de Andalucía desde que el presidente Griñán propuso una mejora y una optimización de la Administración».
En este sentido recordó que «se ha producido una reducción de cargos públicos en servicios centrales y reducción de consejerías, y estamos inmersos ahora mismo en una reordenación del sector público andaluz en clave de modernidad, en clave de austeridad y en clave de racionalidad que evidentemente tiene una repercusión muy importante ya en las provincias».
Añadió Mar Moreno que la reordenación del sector público supone «una aminoración muy considerable de los representantes de las que serán extintas empresas públicas en las provincias. Por lo tanto —subrayó— se han dado pasos muy importantes en la materia para cumplir compromiso, y el presidente Griñán está haciendo un enorme esfuerzo por hacer compatible los derechos de los empleados y de los funcionarios públicos con los derechos de la ciudadanía a una Administración eficiente, moderna, más eficaz.... y hacerlo también con arreglo a las circunstancias de austeridad que demanda la situación de crisis económica actual».
La consejera y portavoz de la Junta insistió en que se han producido «muchos avances, muchos más de los que se podían prever, y desde luego vamos a seguir trabajando en esa línea conforme consolidemos cada una de las etapas que vamos marcando».
Mar Moreno cerró su intervención en este punto señalando que «estamos consolidando el decreto de reordenación del sector público y por lo tanto cualquier otra decisión en una línea similar la acometeremos con posterioridad».
Por otra parte, en el mismo encuentro informativo la consejera de Salud, María Jesús Montero, dio cuenta de la aprobación por el Consejo de Gobierno del decreto que permitirá a los pacientes andaluces y a sus familiares consultar con los profesionales cuando se den situaciones de conflicto ético, por ejemplo en trasplantes o cesáreas. Los diferentes comités creados al amparo de la nueva normativa estatal sólo podrán ofrecer recomendaciones, y si persisten la diferencia de criterios son los jueces los que tendrán que intervenir.


El Defensor denuncia que la Junta abusa de la contratación externa

http://www.abcdesevilla.es/20101214/andalucia/defensor-denuncia-junta-abusa-201012132004.html

Recurren a personal ajeno para cometidos de funcionarios de las propias consejerías

M. J. PEREIRA / SEVILLA

Día 14/12/2010 - 08.20h

  

El Defensor del Pueblo Andaluz cree que la Administración andaluza abusa de la contratación directa de personal externo para desarrollar trabajo propio de funcionarios. Este organismo, que admitió la queja de una arquitectura de la bolsa de empleo de interinos, ha pedido a la delegación de Obras Públicas y Vivienda de Huelva que se abstenga de contratar a más personal externo «para suplir la carencia de medios personales cuando se trata de hacer frente a necesidades permanentes de personal relacionadas con el ejercicio de las competencias atribuidas a ese organismo».

El Defensor de Pueblo solicita a la Junta que en el proceso de selección para suscribir los citados contratos «sería deseable evitar la designación del candidato sin publicitar la licitación y de los requisitos mínimos para participar en la misma». Asimismo, aconseja a la Consejería de Obras Públicas que ofrezca dichas contrataciones al personal integrado en la bolsa de empleo en la que están los seleccionados en convocatorias públicas de la Junta de Andalucía con el fin de garantizar el cumplimiento del artículo 23,2 de la Constitución, que establece que los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que establecen las leyes.

Método excepcional

La respuesta dada por la delegación de Obras Públicas al Defensor del Pueblo se centra fundamentalmente en que no se han detectado «necesidades urgentes que motivasen el nombramiento del personal interino» de la bolsa de empleo de arquitectos. En este sentido, dice que recurrir a interinos de la bolsa de empleo «por razones o intereses particulares, supondría ir en contra de los principios que rigen y justifican su existencia (urgencia y necesidad) y de la deseable estabilidad que debe presidir el desempleo de las labores propias del puesto». La Junta se escuda en que los contratos se realizan de acuerdo con la legislación de Contratos del Sector Público y, por tanto, el proceso de selección no tiene que regirse por los principios establecidos constitucionalmente para el acceso a la Función Pública.

Sin embargo, Francisco Gutiérrez, adjunto al Defensor del Pueblo y tramitador de esta queja, declaró a ABC que »esto no sólo pasa en la delegación de Obras Públicas y Vivienda de Huelva, sino que es un práctica generalizada en toda la Administración andaluza». A su juicio, «el hecho de que se abuse de la contratación de personal externo explica que las bolsas de empleo de interinos no se muevan lo más mínimo». Además, añade que «aunque la Junta utiliza la Ley de Contratos del Sector Público para hacer esas contrataciones en forma de “obras y servicios”, se trata de una argucia legal para contratar a profesionales que se convierten en autónomos, trabajan en muchos casos en dependencias de la Administración y además desarrollan un cometido específico de funcionarios». El adjunto al Defensor del Pueblo explicó que «la Junta está usando esa de forma rutinaria, en lugar de hacerlo de forma excepcional y para casos concretos, como estipula la propia normativa».

La queja se inició por parte de una arquitecta que denunció que en la delegación de Obras Públicas de Huelva se contrata a personal ajeno a la bolsa de empleo del Cuerpo Superior Facultativo de Arquitectura, realizándose la selección de personal sin procedimiento selectivo que garantice la concurrencia de aspirantes conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Contratos sin publicidad

La delegación de Obras Públicas de Huelva admite que ha usado la Ley de Contratos del Sector Público para trabajos que se prolongan incluso 24 meses y ascienden hasta 60.000 euros, cantidad que no le obliga a publicitar esos contratos. Son desarrollados por arquitectos externos, muchos de los cuales trabajan en la propia delegación de Obras Públicas, codo con codo con funcionarios. Estos son algunos de los contratos:

—Contrato de 64.000 euros y 24 meses para «Análisis e informes de instrumentos de planeamiento urbanístico de los municipios de Huelva».

—Contrato de 60.000 euros y 24 meses para «Redacción de informes, apoyo y asesoramiento relativos a la adaptación de los instrumentos de planeamiento de los municipios de Huelva al PGOU previsto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía».

—Contrato de 29.008 euros de 12 meses para «Estudio y elaboración de informes de proyectos de actuación para la ampliación de actuaciones de interés público en suelo no urbanizable».

—Contrato de 32.000 euros para «Estudios, información y elaboración de informes y asesoramiento técnico de planeamiento urbanístico en la provincia de Huelva».

 

 

 

 

PP-A se compromete con UGT y CCOO a buscar el "máximo consenso" político y sindical sobre el decreto del sector público

 

http://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-pp-compromete-ugt-ccoo-buscar-maximo-consenso-politico-sindical-decreto-sector-publico-20101214200907.html

Pastrana y Carbonero ven un "ejercicio de responsabilidad" que el PP esté dispuesto al acuerdo tras pedir la derogación del decreto-ley

   SEVILLA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha asegurado que su formación se ha comprometido a intentar alcanzar el "máximo consenso" a nivel de los grupos políticos parlamentarios y de los sindicatos en torno a la tramitación como proyecto de Ley del decreto-ley de reordenación del sector público andaluz, pese a que considera que la mejor opción hubiese sido derogar el decreto y comenzar "de cero".

   En rueda de prensa, tras mantener una reunión con los máximos dirigentes de CCOO-A y UGT-A, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, en la que ha participado una delegación de miembros del PP-A, encabezada por su presidente, Javier Arenas, Sanz ha explicado que su formación va a presentar enmiendas a este decreto y que va a crear "un foro de diálogo permanente" para contactar con todas las organizaciones sindicales. En concreto, este miércoles mantendrá un encuentro con CSIF.

   Asimismo, el 'número dos' del PP andaluz ha indicado que durante el transcurso del encuentro, que ha calificado como "cordial y productivo", se le ha comunicado a UGT-A y CCOO-A que su formación va a mantener el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el primer decreto-ley y que la presentación de otro recurso al segundo decreto, "por mantener los vicios de inconstitucionalidad", dependerá de los acuerdos sindicales y parlamentarios que se alcancen.

   Tras insistir en que su formación no va a eludir su responsabilidad parlamentaria pese al "cúmulo de barbaridades" que, a su juicio, ha cometido el Gobierno andaluz, el secretario general del PP-A ha indicado también que su formación se ha comprometido con ambos sindicatos en que les va a enviar un documento jurídico con dichos "vicios de inconstitucionalidad".

   Sanz ha explicado también que el PP-A le ha trasladado a los sindicatos su apuesta por un sector público "eficiente", por la defensa de los derechos de los funcionarios, por la elaboración de auditorias externas de las empresas públicas y fundaciones, y por la profesionalización de este sector. "El PP-A cree imprescindible eliminar las duplicidades, los abusos de las encomiendas de gestión y la reducción de cargos directivos", ha añadido.

PASTRANA PIDE AL PSOE-A QUE HAGA ESFUERZOS

   Por su parte, los secretario general de UGT-A y CCOO-A, que comparecieron de manera separada al secretario general del PP-A, coincidieron en hacer una valoración "positiva" del encuentro mantenido. Pastrana ha considerado de "especial relevancia" que los 'populares' estén dispuestos a implicarse en el trámite parlamentario tras pedir la derogación del decreto, "lo que supone un esfuerzo por intentar buscar un acuerdo y valoramos como un ejercicio de responsabilidad".

   Asimismo, que ha asegurado que su sindicato defenderá todo lo que se aproxime a los planteamientos que se definieron en el acuerdo firmado entre UGT-A y CCOO-A con el Gobierno andaluz, ha señalado que los dos sindicatos coinciden plenamente con el PP-A en su "absoluto compromiso" para garantizar los derechos de los trabajadores.

   Por último, el máximo representante de UGT-A ha querido hacer una petición formal al PSOE-A para que haga todos los esfuerzos para que esta ley sea fruto del máximo nivel de consenso. "No entenderíamos que se desaprovechar una oportunidad como ésta para definir el modelo de servicios públicos que debemos recibir los ciudadanos", ha indicado.

CARBONERO ANUNCIA REUNIONES CON PSOE E IU

   De igual modo, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, ha indicado que otra de las coincidencias que los sindicatos han alcanzado con el PP-A es que no debe haber defensa de privilegios pero tampoco recorte de derechos de los trabajadores. Ha asegurado que tiene "un valor tremendo de credibilidad" para los ciudadanos que se busque un consenso sobre el sector público, "para lo que hace falta voluntad".

   "Si no hay derechos no habrá función pública. Lo público es garantía de igualdad y por eso nos importa tanto que haya consenso en el Parlamento", ha afirmado Carbonero, quien ha querido insistir en la importancia de que los sindicatos hayan hecho "rectificar" al Gobierno andaluz tramitando el decreto como proyecto-ley.

 

La tela de araña del Decretazo

   Finalmente, el máximo responsable de CCOO-A ha anunciado que la reunión que han celebrado este martes con el PP-A es la primera de una ronda de contactos que van a mantener con los tres grupos de la Cámara. La próxima se celebrará el día 16 con IULV-CA, mientras que con el PSOE-A tendrá lugar un encuentro el día 21.

Francisco J. Ferraro | Actualizado 12.12.2010 - 01:00

    EL Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 9 de noviembre autorizó la enajenación de 75 inmuebles de titularidad autonómica, a favor de dos entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, para su posterior alquiler y destino a oficinas y servicios administrativos. Con este acuerdo se oficializa la nueva estrategia de financiación autonómica contemplada en el controvertido Decreto-ley 5/2010, de 27 de julio, sobre medidas urgentes para la reordenación del sector público. Esta decisión significa un vuelco en la tradicional política de sedes propias de la Junta de Andalucía, ratificada en el último Debate del estado de la Comunidad por el presidente Griñán (página 20: "Elaboraremos un plan de sedes con el objetivo de reducir alquileres y otros gastos de funcionamiento"), y tiene complejas implicaciones legales, ya que exige revisar la Ley 4/1986 del Patrimonio de la comunidad autónoma para autorizar la enajenación de bienes inmuebles del patrimonio de Andalucía. Un cambio de política en tan breve plazo no es criticable en sí mismo si se explican su oportunidad y sus fundamentos. Según la reseña del mencionado Consejo de Gobierno, el cambio de orientación de la política se debe a una "fórmula de optimización del patrimonio público inmobiliario, [... que] permitirá a la Junta mejorar la gestión y explotación de sus edificios administrativos, así como una mayor racionalización del gasto público". Sin embargo, el pasado año la Junta de Andalucía se felicitaba del ahorro de un millón de euros de alquileres que supondría el nuevo edificio administrativo de Almanjáyar en Granada, un edificio que se encuentra en el listado del acuerdo de gobierno para enajenar y alquilar. Por tanto, la pretendida racionalización del gasto público no está explicada, y parece que la nueva política de sedes tendrá los efectos contrarios a los enunciados, ya que la operación de enajenación inmobiliaria y posterior alquiler significará un aumento del gasto público total, derivado de los costes del proceso, de la gestión de las APPP y sus satélites empresariales, de la necesidad de capitalización de las empresas públicas para poder endeudarse, de los intereses de esta deuda y del pago de los impuestos vinculados a la enajenación y alquiler de los inmuebles. No obstante, aunque la razón esgrimida para el cambio de orientación sea la racionalización de la gestión, a nadie se le oculta que, dada la reducción de ingresos tributarios y la limitación del déficit al 1,3% del PIB en 2011 para cumplir el objetivo de estabilidad, la motivación última de esta iniciativa es disponer de financiación adicional extrapresupuestaria. Y es esta motivación la que hace más rechazable la política de venta y alquiler de inmuebles por su contribución al aumento del riesgo país. Nos encontramos en un delicado momento para la economía española, en el que su elevado endeudamiento externo le hace extremadamente dependiente de los mercados financieros internacionales. Las dudas sobre la capacidad de crecimiento y la solvencia de España, y el contagio de la crisis irlandesa, provocaron en las pasadas semanas que la prima de riesgo español superase los 300 puntos básicos de diferencia con el bono alemán, lo que ha exigido nuevas medidas gubernamentales de ajuste presupuestario. En este contexto, es imprescindible que el Gobierno no tenga más vacilaciones en la política de ajuste para cumplir el objetivo de reducción del déficit y en la definición y aplicación de las reformas estructurales que permitan recuperar la competitividad y el crecimiento económico. A este objetivo deben contribuir todas las administraciones públicas, y muy especialmente las comunidades autónomas, que son los principales agentes del gasto público, por lo que la iniciativa de la Junta de Andalucía para allegar fondos extrapresupuestarios, aunque estos sean reducidos en términos cuantitativos y aunque se justifique argumentando que lo han practicado otros gobiernos, es desleal con el Gobierno de la nación porque incide negativamente en la consecución del compromiso con la Unión Europea de reducir el déficit real de las administraciones públicas al 6% del PIB el próximo año. Al parecer, la iniciativa se está encontrando con múltiples dificultades para su aplicación por la complejidad legal del proceso, por lo que de los 800 millones de euros que se pretendían conseguir con la enajenación de los inmuebles (equivalente a lo que restaba de la deuda histórica que se pagó con inmuebles) no se va a alcanzar ni la cuarta parte antes de final de año. Dado que el Decreto-ley que soporta legalmente la enajenación de inmuebles patrimonio de la comunidad, tras ser rechazado por la oposición y los funcionarios, va ser tramitado en forma de ley a partir de enero de 2011, existe la oportunidad para reconsiderar esta errónea estrategia.
 
La tela de araña del Decretazo

http://www.libertaddigital.com/nacional/la-tela-de-arana-del-decretazo-1276409301/

Como ya definimos la pasada semana, la "tela de araña" es la metáfora que da viveza a una hipótesis sociológica y política que se expresa del modo siguiente: Desde 1982, fecha de la primera victoria electoral del PSOE hasta el momento presente, el PSOE ha procurado dominar antes que gobernar.

2010-12-12
Esto es, su confusión entre partido y gobierno y gobierno y Estado ha conducido a que haya "colocado" a personas de su entorno ideológico, familiar o político en puestos claves y permanentes de la Administración Pública, entes económicos relacionados y entes instrumentales. En estos días, Andalucía vive una conmoción administrativa debido al propósito del PSOE de dar entrada como empleados públicos a 35.000 trabajadores (son cifras de UGT) que han sido contratados de forma anómala (a dedo muchos, con pruebas distantes de las oposiciones otros y únicamente mediante entrevista u otros, los demás), denuncia realizada sistemáticamente por la propia Cámara de Cuentas de Andalucía.

En este caso, la hipótesis de la tela de araña cobra una significación especial y debe ramificarse en una tela de araña tan paralela como esta oscura pseudoadministración edificada por el PSOE para seguir dando entrada a sus "amigos" una vez agotadas las formas tradicionales de esa penetración (interinos, eventuales...). Por tanto, la hipótesis secundaria de nuestra hipótesis principal es que el propósito del Gobierno socialista, ayudado en este caso de manera abierta y descarada por Comisiones Obreras y UGT, es hacer "oficial" lo que ya es real. Se trata, pues, de darle carácter permanente como nuevo colectivo de la administración pública andaluza a quienes han sido contratados, principalmente a dedo o sin las necesarias garantías debidas en el caso de puestos públicos, en empresas, fundaciones y entes instrumentales varios, además de promover una privatización de hecho de las funciones de la Administración Pública.

De ser cierta nuestra hipótesis, de conocerse los nombre de tales empleados, las coincidencias con personas vinculadas de un modo estrecho al PSOE, a UGT y a CC.OO deben ser numerosas.

Por ello, vamos a llamar "La Lista del Decretazo" a la relación de personas vinculadas al PSOE, a UGT y a CC.OO, que forman parte de los "entes instrumentales" varios que van a integrarse en calidad de empleados públicos de la Junta de Andalucía si prospera el "decretazo" de Griñán que ha indignado a funcionarios y laborales de la Junta de Andalucía.

La lista de la vergüenza: primeros nombres
1.-Carmen Ibanco García, colocada en la FAFFE. Esposa del ex consejero de Vivienda y actual candidato.


2.-Rocío Cabet del Castillo, esposa de Iván Chaves y nuera de Manuel Chaves González, ex presidente de la Junta, colocada en Extenda al modo habitual.

3.-Esperanza Pérez Cruz, hija de Javier Pérez Royo y de la consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, contratada por Talentia y trabajando para la Secretaría General de Universidades de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

4.- Francisco Fernández Sevilla, miembro de la actual ejecutiva de UGT. Colocado en Egmasa, aunque liberado por la organización sindical. 

5.-Rafael Valdivielso Sánchez, sobrino de Gaspar Zarrías, fue colocado en la empresa pública de la Junta, Egmasa, en Jaén, la provincia de la que es oriundo Zarrías. Ahora es Delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía en Jaén.

Sigue la lista

6.-María Fernández Domenech, esposa de Manuel Pastrana Casado, secretario general de UGT Andalucía. Está trabajando en la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo mental. Su puesto es terapeuta ocupacional. Hasta entonces, siempre trabajó en la estructura de la UGT, estructura cuyo puestos fijos están ocupados por familiares de altos cargos de la organización que iremos desvelando.


7.-En el Ente Público RTVA, en Canal Sur, trabaja la hermana de Manuel Pastrana Casado, Pilar Pastrana Casado, de cuya profesionalidad no dudamos como tampoco dudamos de la coincidencia de que la hermana del líder de UGT ocupe la jefatura de informativos de Canal Sur Radio.

8.-Publicamos esta semana en Libertad Digital que Ignacio López Cano, hijo del subdelegado del gobierno en Málaga y destacado miembro del ala guerrista del socialismo malagueño, Hilario López Luna (protagonista del escándalo de exigir una sanción de 301 euros a uno de los funcionarios manifestantes) estaba colocado como eventual (ya se sabe cómo) en el Consorcio Metropolitano de Transportes de Málaga dependiente de la Junta de Andalucía en su mitad, hasta que aprobó un concurso -oposición al que se presentó únicamente él. Suerte que tienen algunos abogados.

9.-Belén Torres Vela, hermana del que fue presidente del parlamento andaluz, Javier Torres Vela, del clan Torres Vela de Pozo Alcón (Jaén) ahora afincado en Granada y del que hablaremos, fue colocada en Canal Sur como se colocaba entonces: sin prueba alguna, Así consta en la prensa de la época.

10.-Lo mismo le pasa a Blanca Garrido, esposa de José Miguel Salinas, ex vicepresidente de la Junta de Andalucía en época del presidente de la Borbolla, que ha trabajado siempre en la Delegación de Córdoba de la RTVA.

11.-La prima política de Gaspar Zarrías, María Paz Albors Patuel está colocada también en la Radio Televisión de Andalucía, SA, trabajando en la Secretaría Particular del director general.

12.- Dionisio Valverde Criado, hijo de Dionisio Valverde Pozo, uno de los firmantes del Decretazo por cuenta de la UGT es, en las propias palabras de su padre, "trabajador de Andalucía Emprende Fundación Pública Andaluza desde junio de 2006, y es trabajador por sus propios méritos, capacidad y esfuerzos. Dicha Fundación no está afectada por el Decreto Ley 5/2010 de Reordenación del Sector Público, ya que la mencionada Fundación se mantiene como Administración Instrumental Privada de las establecidas en la LAJA (Ley de la Administración de la Junta de Andalucía), por tanto no se verá afectado por el Decreto Ley y como consecuencia no se convertirá en empleado público." En fin.

13.-El propio candidato del PSOE a la alcaldía sevillana, Juan Espadas, estuvo colocado en Egmasa, otro ente instrumental. Es más, es que a día de hoy, aún figura como administrador de la misma.

14.-Juan José Ruiz Márquez, cuñado del antaño todopoderoso Luis Pizarro y actual consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía y ex todo del PSOE andaluz, es director general de la Fundación Forja XXI, colocado por la Junta-PSOE.

15.-.María Victoria Pazos Bernal, la mujer más poderosa de la Junta de Andalucía. Fue nombrada primera directora de la nueva Agencia Tributaria Andaluza, ha estado antes en bastantes entes instrumentales. Fíjense: vicepresidenta del consorcio de Saneamiento Financiero Municipal, vicepresidenta 1ª del Consorcio para la mejora de la Hacienda Local, Vocal del Consejo de Administración de la Empresa Pública Deporte Andaluz, y vocal del Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Por cierto, es la esposa del que fuera altísimo cargo con Gaspar Zarrías, Juan Antonio Cortecero Montijano.

Iremos ampliando esta lista aportando las pruebas correspondientes cuando haya dudas sobre la veracidad de lo que aportamos. Sobre los nombres que aparecen en este principio de la lista, digamos que todos los documentos que prueban los hechos están ya publicados en nuestra "Tela de Araña".

 

El PSOE 'congela' el decreto del sector público hasta aprobar la ley


Griñán: "No tomaremos ningún acuerdo que impida el diálogo sincero"
LOURDES LUCIO - Sevilla - 11/12/2010

El grupo socialista quiere ampliar el acuerdo alcanzado con CC OO y UGT sobre la reordenación del sector público, cuya tramitación por decreto ley ha originado al Gobierno andaluz el mayor quebradero de cabeza de la legislatura, además de capear con la monumental crisis económica. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, se comprometió ayer en el Parlamento a "no tomar decisiones o acuerdos que puedan impedir un debate final y un diálogo sincero" sobre la tramitación como ley del decreto. Esto significa, en la práctica, que no se van a aprobar los estatutos de las 14 agencias públicas en las que se van a subsumir 111 entes instrumentales, hasta que se apruebe la ley, según informaron fuentes socialistas.
Griñán no lo dijo con tanta claridad en respuesta a una pregunta del portavoz de IU, Diego Valderas, aunque sí utilizó un tono grave y solemne al "garantizar como presidente" que no se iba a ir a una política de hechos consumados mientras dure el trámite de discusión parlamentaria. Tampoco podía decirlo muy claro para no dejar a los pies de los caballos a su consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, a la que han pedido desde el primer momento que derogue la norma.
Estaba previsto que los estatutos de las 14 agencias públicas, en los que se define la naturaleza de las mismas y un protocolo de integración laboral, iban a entrar en vigor el 1 de enero. Una vez que los socialistas andaluces han decidido rectificar su posición, ahora no quieren tomar ninguna decisión que mine su credibilidad. De ahí, que el decreto aunque esté en vigor va a estar en el congelador hasta febrero, fecha en la que está previsto aprobar la ley de reordenación del sector público.
Griñán señaló además al portavoz del grupo parlamentario, Mario Jiménez, y al ponente socialista en la ley, José Caballos, como los interlocutores socialistas (en realidad los llamó "sujetos que van a interactuar con ustedes") en este "nuevo escenario político".
El presidente justificó las prisas por aprobar el decreto el pasado mes de julio a que era un compromiso adquirido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque recordó que esta propuesta figuraba en su discurso de investidura. A la pregunta de Valderas si la propuesta de consenso era "de alcance limitado", Griñán aseguró la disposición de su partido a tener "las puertas abiertas al diálogo", por lo que aventuró que no "será difícil obtener acuerdos".
Valderas aprovechó para afear los trompicones del Gobierno andaluz en este asunto, al que acusó de actuar "manu militari", con "prepotencia", "torpeza" y "miopía política". También alertó del "nivel de división interna" entre los trabajadores de la Junta. Pese a eso, quedó clara la predisposición de IU a llegar acuerdos con el PSOE. A la federación de izquierdas, le preocupa que los sindicatos mayoritarios como, sobre todo, CC OO y UGT pierdan representación en el sector público. De hecho, CC OO ha dejado de ser la organización sindical con más apoyo entre los docentes y ha sido desbancada por CSIF, en las recientes elecciones sindicales.


El líder del PP-A advierte a Griñán en la sesión de control que puede pasarle como al caballo del emperador, porque «cuando no hay confianza, el cambio gana para que la haya»
J. MORILLO / SEVILLA
Día 11/12/2010 - 08.42h

J. M. SERRANO
El Platanito, David y Goliat o el caballo de Calígula fueron ayer los protagonistas involuntarios de una sesión de control al Ejecutivo que por momentos adoptó los perfiles de un «peplum» bíblico. Y es que la referencia a todos estos personajes sirvió ayer de arma arrojadiza mutua para el «cuerpo a cuerpo» que mantuvieron en la Cámara el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el líder del PP-A, Javier Arenas.
Sobre el tapete estaba la pregunta de Arenas, relativa a las medidas que iba adoptar el Gobierno de Griñán para recuperar la confianza en Andalucía. Pero lo que se preveía como un debate centrado en la economía se convirtió muy pronto, por la variedad de temas que planteó el líder del PP-A, en un duro cruce de críticas entre los dos dirigentes por todo tipo de cuestiones de actualidad política. Nada nuevo bajo el sol, porque ambos se enrocaron en sus respectivas posiciones, ya expresadas en anteriores sesiones de control al Ejecutivo.
Así, Griñán recordó que la Junta había sido distinguida como la administración más «transparente» —un mantra recurrente del PSOE en estos dos días de pleno—, aseguró que los que privatizan no son los socialistas sino el PP e ironizó sobre la profesionalización de la administración que pretenden los populares —«para ustedes la profesionalización es que los funcionarios trabajen defendiendo sus intereses».
Arenas, por su parte, insistió en los fallos de las previsiones económicas de la Junta —«se acaba 2010 y no llegan los brotes verdes»—, en los errores del presidente para conseguir el objetivo de la gran Caja andaluza, en los recortes sociales de la «agenda oculta» del PSOE y en los quince años que lleva el Parlamento sin una comisión de investigación.
Dos discursos irreconciliables y que se podrían resumir, en el caso de Griñán, en una agenda política sin más iniciativas por el momento que responder a las críticas del PP y solucionar el desaguisado creado con los funcionarios por el «decretazo» del sector público. En el caso de Arenas, su intervención se podría condensar en la insistencia en la falta de «confianza» que genera el presidente y que impide el despegue de la economía, algo solo solucionable, dijo, con un cambio de Gobierno.
David y Goliat
Y en ese contexto de falta de confianza fue donde el líder del PP-A sacó a colación a David y Goliat, para criticar que Griñán le reproche, comparándolo con El Platanito —torero sin suerte de la España del franquismo— que insista en pedir elecciones, cuando este nunca se «ha presentado a ninguna». «Aquí David sería yo y le recuerdo que David ganó a Goliat».
Pero las comparaciones de Arenas no se detuvieron en la Biblia y alcanzaron a Vincitatus, el caballo de Calígula al que este nombró «a dedo» senador y ganaba las carreras «por decreto», aunque llegó a perder una. «Debería darle vueltas a ese asunto —invitó Arenas al presidente—. Mire lo que ha pasado en Cataluña. Cuando no hay confianza el cambio gana para que la haya y sepa que hasta los poderosos pueden perder elecciones». Griñán respondió tirando de ironía: «Hoy se ha convertido en David, que acertó a la primera, porque si hubiera tenido que tirar cuatro veces, Goliat lo barre».
Del sector público a las inundaciones
El coordinador de IUCA, Diego Valderas, arrancó ayer al presidente José Antonio Griñán la promesa de consenso en la tramitación del proyecto de Ley de reordenación del sector público. «Le puedo garantizar como presidente que el Gobierno no tomará ningún acuerdo que pueda impedir el diálogo sincero con los grupos», dijo Griñán, quien instó a Valderas a ir a Écija y para ver como los «laborales» han trabajado sin preguntar su horario. Esta última respuesta sirvió al líder del PP-A, Javier Arenas, para reprochar al presidente que no hubiera visitado esta localidad ni Lora del Río, afectadas por las inundaciones. Ante esto, Griñán acusó a Arenas de usar esas catástrofes en su «provecho», visitando esos lugares con una «cohorte de cámaras». Este replicó que él fue hasta allí y que habló con los trabajadores y los militares, pero que no pudo hablar con el presidente «porque no estaba allí».

El PSOE rechaza una auditoría independiente en las empresas públicas
10 Diciembre 10 - Sevilla - Redacción
sevilla- El Pleno del Parlamento rechazó ayer, con los votos en contra del PSOE-A y el apoyo parcial de IULV-CA, una Proposición no de Ley presentada por el PP-A en la que se pedía que la Cámara instara a la Junta a poner en marcha las actuaciones necesarias para llevar a cabo una auditoria independiente sobre el funcionamiento y gestión de las empresas públicas, fundaciones y entidades asimiladas.

En la iniciativa también se demandaba la derogación del decreto-ley de reordenación del sector público –convalidado ayer por el Pleno– y que la Junta estableciera cauces de promoción del diálogo.
Esto es, dando cabida a los sindicatos, incluyendo todos aquellos que son representativos de la función pública, y a expertos de reconocido prestigio en Derecho Administrativo y Laboral.

La portavoz del Grupo Parlamentario del PP-A, Esperanza Oña, indicó que el Gobierno andaluz ha «boicoteado» a todos los sindicatos que no están de acuerdo con la «tropelía» que supone el decreto de reordenación del sector público.

El PSOE ofrece rectificar de nuevo el decreto del sector público

El PP desconfía de la voluntad real del Gobierno para pactar la reordenaciónOña acusa a los socialistas de "elaborar listas negras" de empleados públicos
LOURDES LUCIO - Sevilla - 10/12/2010

"Si rectificar es de sabios, los socialistas no vamos a ser los últimos de la clase". Esta frase del diputado socialista José Caballos describe la posición que va a mantener "el partido que apoya y sostiene" al Gobierno andaluz en la tramitación como proyecto de ley de la reordenación del sector público. Esta iniciativa ha puesto en pie de guerra a parte de los funcionarios que creen que pueden sufrir una pérdida de derechos y ha situado a los trabajadores de las empresas públicas de la Junta bajo el cartel de ser unos "enchufados" del PSOE.
El PSOE quiere abrir el abanico y negociar con todos los sindicatos el polémico decreto que ayer convalidó el pleno del Parlamento, únicamente con los votos de los socialistas. También se acordó tramitarlo como proyecto de ley. Los socialistas dejaron clara su disposición a pactar también con los partidos, aunque en los bancos de la derecha el PSOE no tiene ningún crédito, dado el escaso éxito de aceptación que tienen y han tenido las enmiendas del PP en el debate de los proyectos de ley del Gobierno.
Durante el pleno, grupos de funcionarios se concentraron en el exterior de la sede del Parlamento. Sus bocinas se escucharon durante toda la jornada. El PSOE desconvocó una reunión anunciada el día anterior con los representantes del CSIF, uno de los sindicatos más representativos de la función pública. El CSIF había pedido a sus afiliados que rodeasen con cadenas humanas edificios emblemáticos de la comunidad y consideró que no era razonable celebrar al mismo tiempo una reunión con el PSOE, según la versión de este partido. El CSIF dijo que no sabía nada del encuentro. CSIF y PSOE celebraron hace 15 días un primer contacto del que no se informó.
¿Qué es lo que quiere ahora el Gobierno andaluz? Salir del embrollo en el que se ha metido cuando en el mes de julio aprobó por decreto ley la reordenación del sector público para suprimir 111 entes instrumentales, agrupándolos en 14 grandes agencias. El ahorro de esta medida se calcula en 118 millones de euros hasta 2013. Este decreto se volvió a modificar con otro aprobado el pasado 23 de noviembre y ahora se tramitará como ley. No hay nadie en el PSOE, empezando por su secretario general y presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que no admita que se han equivocado en este asunto.
Ahora se trata de corregir otra vez el decreto. "Si en la tramitación como ley se detecta algún error lo corregiremos; si hay que definir con más precisión, lo precisaremos; si hay artículos que menoscaban derechos, dígase cuáles y lo suprimiremos", proclamó Caballos. También la consejera Carmen Martínez Aguayo confío en un debate sosegado en el Parlamento para evitar "la manipulación del texto legal".Si hay o no sosiego o si el PSOE va a conseguir ampliar el acuerdo ya alcanzado con CC OO y UGT sobre el sector público se verá en las próximas semanas. El mes de enero se va a habilitar para que la ley pueda estar aprobada en febrero. Pero en el debate parlamentario de ayer quedó claro que el PP no está por la labor de echar una mano a su principal adversario y menos a las puertas de una convocatoria electoral.
Los socialistas insistieron ayer en que los servicios públicos se van a mantener y que ningún empleado de la Junta, sea funcionario, personal laboral o externo va a perder sus derechos. Y atribuyen este temor "a las pamplinas y las intoxicaciones", en palabras de Caballos, del Partido Popular.
Los populares piden para negociar partir de cero, es decir, la derogación del decreto y consideran un "paripé" que se quiera ahora tramitar como proyecto de ley. "Así es imposible el consenso", aseguró el portavoz del PP, Antonio Sanz. En su opinión, en el texto convalidado ayer se mantienen los mismos "visos de inconstitucionalidad" que llevaron a su partido a recurrir ante el Tribunal Constitucional la primera norma aprobada en julio. Según Sanz, se produce una "vulneración del derecho del personal laboral de la Junta" y no se respeta el acceso a la Administración en condiciones de igualdad. No obstante, en el texto se deja claro que el acceso de los trabajadores de las entidades instrumentales suprimidas a la condición de funcionario o personal laboral "sólo podrá efectuarse mediante la participación en las correspondientes pruebas selectivas de acceso libre convocadas en ejecución de las ofertas de empleo público".
Pero no va a ser fácil para el PSOE convencer al PP de que no hay puertas traseras para acceder a un puesto fijo y de por vida en la Administración. Tres horas después de este debate, el PP defendió otra iniciativa pidiendo la derogación del decreto. Y su portavoz, Esperanza Oña, tuvo muy claro cuáles son, según ella, las intenciones de los socialistas: "Buscar un salvoconducto para blindar a los 20.000 afines a los que han colocado en las empresas públicas, atrincherarse ante un posible cambio de gobierno con una guardia pretoriana". También les acusó de "elaborar listas negras de trabajadores para expedientarlos".
La posición de IU al diálogo sí es más clara, aunque también pidió derogar el decreto. Su portavoz, Diego Valderas, puso como condición el que no se privaticen servicios públicos y por un modelo profesionalizado de la Administración. Oña lo tachó de ingenuo.

La Junta califica de «publicidad judicial» la querella de Safja ante el Supremo

Afectados por el «decretazo» abuchean a la titular de Presidencia en Córdoba
Ya hay recursos abiertos en el Tribunal Constitucional, en el Superior de Justicia de Andalucía y en el TS.
12 Diciembre 10 - - La Razón
CÓRDOBA- La consejera de Presidencia, Mar Moreno, aseguró ayer que la querella que presentó el viernes el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja) ante el Tribunal Supremo (TS) contra todo el Gobierno andaluz por un delito de prevaricación, a cuenta de la reforma de la función pública en Andalucía, no es más que «un acto de publicidad judicial».
La «número dos» del Ejecutivo, quien, junto al consejero de Cultura, Paulino Plata, y el alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña (IU), se reunió en la capital cordobesa con el Grupo de Trabajo de la Capital Europea de la Cultura (CEC) Córdoba 2016, reaccionó de este modo, mientras decenas de funcionarios públicos la abucheaban por la calle.
Safja ha interpuesto una querella criminal ante la Sala de lo Penal del Supremo contra los integrantes del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a quienes acusa de la presunta comisión de un delito de prevaricación por aprobar, vía decreto, el plan de reordenación de la función pública en Andalucía.
Ante esto, la titular de Presidencia del Ejecutivo autonómico recordó que «una querella similar se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y, como es natural, fue archivada sin más trámite, porque no hay absolutamente ningún fundamento de naturaleza jurídica que deba inquietar al Gobierno, a los funcionarios o a la ciudadanía».
De hecho, según argumentó la consejera de Presidencia, «más que una cuestión jurídica, esa querella ante el Tribunal Supremo es, evidentemente, un acto de publicidad judicial, es decir, es un acto con una carga más política que jurídica o sindical».
Así las cosas, actualmente hay recursos contra los dos decretos de reordenación del sector público –el derogado de julio y el de noviembre, que se tramitará como Proyecto de Ley– en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el Tribunal Constitucional y en el Supremo.


Griñán admite ahora un debate «profundo» sobre el decreto de los funcionarios

http://www.abcdesevilla.es/20101210/andalucia/grinan-admite-ahora-debate-201012101242.html

Diego Valderas le recrimina su «incapacidad para el diálogo» y le insta a adoptar un modelo profesional e independiente
ABC / SEVILLA
Día 10/12/2010 - 15.50h
EFE
El presidente andaluz, José Antonio Griñán, ha garantizado hoy que la Junta no tomará ningún acuerdo que impida el debate "profundo" y el "diálogo sincero" sobre el decreto del sector público, una medida -ha dicho- que "mejorará" la administración pública y los servicios a los ciudadanos.
El dirigente autonómico ha replicado así en el Parlamento al portavoz de IU, Diego Valderas, quien le ha exigido en la sesión de control que paralice el decreto sobre la reordenación del sector público hasta que haya concluido su tramitación como proyecto de ley, incluidos -dijo- los estatutos de las agencias públicas. Valderas se refirió de esta forma al "berenjenal y a la torpeza" del Gobierno sobre un decreto-ley que suprime 111 entes instrumentales, agrupándolos en unas 14 grandes agencias, y cuyos estatutos tiene previsto aplicar la Junta a principios de año.
"Entierre los fantasmas, ofrezca garantías y defienda lo público porque las últimas privatizaciones de Zapatero restan valor a su defensa del sector público", ha asegurado. En la réplica, Griñán ha asegurado: "Tenga confianza. Le puedo garantizar como presidente que el Gobierno no tomará ningún acuerdo que pueda impedir el debate profundo y el diálogo sincero con los grupos". El presidente ha esgrimido que el decreto-ley se encuentra en un "nuevo escenario" con su trámite por ley y se ha mostrado convencido de que el mismo "mejorará" el contenido de la norma y la administración y los servicios públicos.
Después de justificar la urgencia del decreto en el acuerdo adoptado para la estabilidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera(CPFF), el presidente ha recordado que "casi todas" las comunidades están optando por esta fórmula. Ahora, según estimó, es momento de las propuestas de los grupos, de los empleados públicos y sus representantes para llegar a un modelo administración "mas eficiente", por lo que ha destacado que la Junta tiene las "puertas abiertas" al diálogo para que la administración sea "garantista". "En texto no encuentra nada que diga que para acceder a la función pública se entre por la puerta de atrás, sino con pruebas selectivas, publicidad, mérito y capacidad. La integración de los funcionarios en las agencias será voluntaria y estos y los empleados públicos mantendrán su derechos", ha recalcado.
El portavoz de IU ha atribuido el desencuentro entre los funcionarios y la Junta, y la "división" entre trabajadores a la "incapacidad para el diálogo" del Ejecutivo, al que ha instado a tomar medidas para acabar con la "desconfianza que ha apoderado de la cosa pública". Valderas ha insistido en las críticas para reclamar a Griñán que "ponga punto y final al desaguisado administrativo de los últimos 25 años" y le instó a llevar a cabo un modelo "ajeno" al partidismo, que sea profesional e independiente, en lugar de aplicar una reforma "manu militari propio de la miopía política y la prepotencia de la mayoría absoluta".
El dirigente socialista, que emplazó a Valderas a no adelantar el debate en la pregunta y a presentar enmiendas "con argumentos", ha insistido en la idea de que la reforma pretende "servir" a los ciudadanos, garantizar un servicio de calidad, "priorizar" lo público y la "igualdad" en la prestación y el acceso. "La función pública es imprescindible para el objetivo, y apoyamos a todos los trabajadores públicos sin excepción, pero desde luego también sin discriminación porque todos sirven a la ciudadanía", ha sentenciado.
Como ejemplo, Griñán ha invitado a Valderas a que "vaya a Écija", afectada por las inundaciones, y "pregunte cómo han trabajado los laborales sin preguntar cual era su horario". "Creo en el servicio público porque la aportación de sus trabajadores ha hecho una Andalucía mejor", ha apostillado.


Cada encuesta, un disgusto

http://www.abcdesevilla.es/20101212/andalucia/cada-encuesta-disgusto-201012112211.html

La nueva encuesta del IESA ha vuelto a poner los pelos de punta a los dirigentes socialistas. Qué tiempos aquellos en los que sólo daban alegrías...
JEREMÍAS BARRUNTA. LIMPIADOR DE LA JUNTA
Día 12/12/2010 - 09.07h
La encuesta del IESA ha venido y nadie sabe cómo ha sido. Lo que sí se sabe es que ha provocado un terremoto de narices en los despachos nobles del PSOE. La encuesta del Instituto de Estudios Avanzados, el CIS de la Junta de Andalucía, pone a Griñán en el disparadero. La encuesta es una bomba de efectos (poco) retardados por dos razones: la primera, porque los ocho o diez puntos de ventaja del PP —a expensas de lo que haga la cocinilla— confirma en cualqueir caso que el PSOE sigue sin tocar fondo y que Griñán está todavía lejos de cuajar. Y la segunda, que los datos se filtran apenas una semana después del waterloo socialista en Cataluña, lo que hace que los datos escuezan mucho más. Perdido el voto catalán, las opciones de seguir en la Moncloa pasan ineludiblemente por mantener el granero socialista. Y la impresión en Madrid, me cuentan socialistas de aquí abajo, es que Griñán no ha terminado de aterrizar...
Renovación aplazada. La salida de Rafal Velasco fue tan precipitada que dejó al PSOE sin interlocución en numerosos asuntos que llevaba personalmente el político cordobés. En aquel momento todos comprendieron el tratorno que supone una crisis inesperada, pero semanas después ya se empiezan a levantar voces que critican la tardanza de su sucesora, Susana Díaz, en retomar algunos asuntos. Entre ellos, la renovación de los órganos de extracción parlamentaria que se encuentran pendientes de negociación. El PSOE parece no tener las cosas claras, y el PP no tiene prisa,en la confianza de que después de las elecciones autonómicas ganará cuota. A este paso, los cargos se hacen eternos.
Plataformas por doquier. La hiperactividad funcionarial no tiene fin. Me paran por un pasillo: «Jere, se ha puesto en marcha una plataforma denominada FAC (en inglés Fuck), Funcionarios Anticorrupción, que va a empezar a largar todos los asuntos turbios de estos años atrás y no hablan de algunos primos trabajando en empresas y fundaciones... Mercasevilla un juego de niños. Mucha basura para un sólo barrendero». Bueno, pues a ver si es verdad.
Austeridad. Mucho recorte en gastos de protocolo, pero se siguen registrando situaciones de chiste. Como aquel cargo que pasa las comidas familiares de fin de semana, incluyendo los tickets del McDonalds. O aquel que viniendo de Sevilla con coche oficial se reúne con algún alcalde del Aljarafe para que le invite a comer por parte del Ayuntamiento y a la vuelta pasa la dieta del viaje y la comida. Alguna ex-alcaldesa es maestra de este arte, me aseguran.


Sanz: "El nuevo decreto-ley de reordenación del sector público supone una aberración"

http://www.teleprensa.es/andalucia-noticia-261857-Sanz3A-26quot3BEl-nuevo-decreto-ley-de-reordenaci26oacute3Bn-del-sector-p26uacute3Bblico-supone-una-aberraci26oacute3Bn26quot3B.html

Intervención de Antonio Sanz
ANDALUCÍA.- El secretario general del Partido Popular andaluz, Antonio Sanz, afirmó en la sesión de hoy del pleno del Parlamento andaluz que el nuevo decreto-ley de reordenación del sector público supone una aberración tanto jurídica como política y acusó a los socialistas de jugar con los puestos de trabajo de miles de andaluces.

Sanz aseguró que el Gobierno andaluz no ha querido acuerdo, ya que, según apuntó, no ha habido en ningún momento la voluntad real para alcanzarlo e indicó que desde el principio se ha hecho todo mal en materia de reordenación del sector público y acusó al PSOE de culpar a los manifestantes, sindicatos, a los trabajadores, al Partido Popular y a otras comunidades autónomas.

En este sentido, el popular apostó por empezar de cero y por retirar el nuevo decreto-ley. "Le ofrezco la mano tendida del PP para hablar pero es imposible el consenso cuando la consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha dicho estos días que no está dispuesta a negociar nada del decreto 6/2010. Si no están dispuestos que no nos tomen el pelo a esta Cámara trayendo como proyecto-ley a su tramitación algo de lo que no están dispuestos a cambiar nada", agregó.

Sanz aseguró que la respuesta se centra ahora en saber qué es lo que va a pasar con el sector público, al mismo tiempo que explicó que el Gobierno andaluz ha planteado una reforma "impuesta y no negociada" bajo la justificación de ahorrar cuando, según su opinión, "ahora desde el Gobierno se reconoce que a la Administración le va a salir muy caro el planteamiento que han hecho y que no se plantea una reducción vinculada a las políticas de austeridad".

"Plantean una reforma que ni siquiera puede sustentarse sobre la base de saber cuántos son los empleados públicos que tiene la Administración autonómica y piden a la oposición que nos posicionemos y expliquemos nuestro modelo cuando ni siquiera el Gobierno sabe el número de empleados públicos que hay", agregó.

En este sentido, explicó que lo que pesan son las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de Andalucía que han considerado "ilegal" esa Administración paralela que los socialistas han creado.
"Son los responsables de haber creado una Administración paralela, mastodóntica, burocrática y cara para Andalucía, por lo que la culpa no es del PP, es de su acción de Gobierno".

Sanz apuntó que, en ninguno de los casos, la respuesta a un error debe ser otro error "mayúsculo" y añadió que los socialistas siguen gobernando desde la soberbia bajo el único objetivo de mantenerse en el poder. Además, afirmó que "con la convalidación de este decretazo se pretende terminar con la función pública, a la vez que se alejan cada vez más de ella, respondiendo a los intereses únicamente de partido y dejando de lado los intereses colectivos".

Finalmente, aseveró que este nuevo decreto-ley está lleno de "vicios de inconstitucionalidad" que no se han corregido respecto a la primera normativa que el Partido Popular ha llevado al Tribunal Constitucional y explicó que el modelo de los populares para el sector público está basado en la austeridad, la eficiencia, la profesionalización y el máximo respeto a los derechos de los trabajadores.

PA cree que "aprobar los estatutos de agencias antes que el proyecto de Ley de reordenación es una burla al Parlamento"

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
   La presidenta de los andalucistas, Pilar González, ha enviado este jueves una misiva, tanto en el Parlamento andaluz como en la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, dirigida al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la que los andalucistas le ruegan "encarecidamente" que paralice la aprobación de los estatutos de las diversas agencias públicas contempladas en el decreto ley de reordenación del sector público, hasta que ese proyecto de ley de reordenación cuente con el apoyo parlamentario.
   En una nota, la líder andalucista considera "una burla al Parlamento andaluz, impropia de cualquier gobierno democrático, el hecho de aprobar los estatutos de las agencias antes que el proyecto de ley de reordenación" y ha pedido la paralización de la aprobación de los estatutos de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Servicio Andaluz de Empleo, Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, hasta que el proyecto de ley "cuente con el apoyo parlamentario suficiente y se produzcan cuantas modificaciones tengan lugar durante su tramitación".
   "Aprobar los decretos de los estatutos de las agencias antes de la tramitación y aprobación del proyecto de Ley, es una burla al Parlamento impropia de cualquier gobierno democrático, ya que provocaría situaciones irreversibles, como la subrogación del personal de las empresas públicas, que harían inútil cualquier modificación del proyecto de Ley en el trámite parlamentario, hurtando a la Cámara andaluza la posibilidad de consensuar el contenido material de la Ley", señala Pilar González.
   Asimismo, considera que el hecho de realizar la reforma mediante decretos leyes "ha sido un enorme error tanto por la precipitación como por la falta de participación de los diferentes agentes implicados en la elaboración de los mismos", por lo que también pide a Griñán que "tenga en cuenta en todo momento la opinión de los empleados públicos y que se les dé respuesta a todos los interrogantes que plantean", añade la presidenta de los andalucistas.
   Para Pilar González, "la creación de las nuevas agencias ha generado una enorme incertidumbre producto de una precipitación incompatible con una materia tan compleja, ya que se desconoce la cantidad de puestos de funcionarios y personal laboral de la Junta que se van a ver afectados en la totalidad del proceso o si el personal contratado por las empresas que se van a integrar en las futuras agencias como personal laboral indefinido al servicio de las administraciones públicas va a pasar por algún tipo de prueba selectiva, así que pedimos que la reorganización del sistema público andaluz se haga con transparencia, consenso y según dicta la ley".

Rechazo de la Cámara a derogar el decreto de reordenación del sector público


Sevilla, 9 dic (EFE).- La mayoría socialista en el Parlamento andaluz ha rechazado una iniciativa del PP, sobre la que se ha abstenido IULV-CA, en la que se planteaba la derogación del decreto ley del Gobierno andaluz que regula la ordenación del sector público en la comunidad autónoma y su paralización "inmediata".
"Lo que ustedes llaman reordenación del sector público la gente lo llama el decreto del enchufismo", ha señalado la diputada del PP Esperanza Oña durante su intervención en defensa de la iniciativa, en la que se asegura que el decreto ley, que se tramitará al final como proyecto de ley, recoge que las garantías de igualdad de oportunidades de los trabajadores y funcionarios "se ven mermadas".
Oña ha recordado que, con este decreto, las funciones reservadas para los funcionarios se otorgan a otro tipo de personal, al tiempo que se facilita el acceso a la administración andaluza sin tener en cuenta criterios como la igualdad, el mérito y la capacidad.
La parlamentaria popular ha lamentado el "doble lenguaje" del PSOE cuando acusa al PP de querer privatizar y al final es el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el que se dedica a tomar estas medidas, con lo que los socialistas actúan "sin pudor" no solo a la hora de poner en marcha medidas sino a la de no negociar.
En la iniciativa, el PP solicitaban la puesta en marcha de una auditoría de funcionamiento y gestión de las empresas del sector público, fundaciones y entidades asimiladas como paso previo a la reordenación del mismo, además de abrir la mesa de diálogo con todos los sindicatos y no sólo "los afines" -UGT y CCOO-.
La iniciativa del PP incluye la reducción del número de altos cargos, vehículos oficiales o la limitación de sueldos y dietas del personal de dirección, y solicita la elaboración en el primer semestre de 2011 de un estatuto de los funcionarios públicos de la Junta, que se garantice el acceso al empleo público de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad.
José Caballos (PSOE), que ha achacado la iniciativa del PP a la "mera propaganda", ha recordado al grupo popular que el decreto de reordenación del sector público "ya está en otra situación", puesto que hace unas horas se ha acordado tramitarlo como proyecto de ley, por lo que no se entiende que al mismo tiempo pidan que se derogue.

Griñán al descubierto: impone por decreto lo que prometió iba a ser una Ley sobre el sector público andaluz

José Antonio Griñán se cubre de gloria día tras día. Hoy le ha tocado el turno a su famoso ya Decretazo 6/2010, sucesor de aquel otro 5/2010, sobre reordenación del sector público andaluz que cada vez es más evidente pretende modificar por decreto y sin consenso el papel de la función pública y consolidar como empleo público de la Junta de Andalucía los 35.000 contratos que calcula la UGT que existen en la Administración paralela. Al tiempo, privatiza la función pública y aparta de la Ley y del Parlamento todo control sobre las nuevas agencias públicas, dejando a funcionarios y laborales de la Junta en manos del gobierno socialista. Hoy el Pleno del Parlamento, con los únicos votos socialistas, ha convalidado el Decreto Ley 6/2010 rechazado por todos menos por el PSOE, UGT y CC.OO.

El pleno del Parlamento ha convalidado este jueves el decreto de reordenación del sector público andaluz, con los únicos votos de la mayoría absoluta del PSOE-A, que rechazó las demandas del PP e IU de derogar una normativa que han calificado de "error sobre error" y de propuesta "trampa".

El decreto-ley, el segundo que elabora el Gobierno andaluz tras el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT en la Mesa de la Función Pública, que contó con el rechazo de la CSIF, y que ha generado una amplia contestación por parte de los trabajadores públicos, será ahora tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia.
Ahora el decreto-ley pasa a tramitarse en comisión parlamentaria, donde comparecerán los agentes sociales y sindicales que convoquen los partidos para la presentación de enmiendas, con lo que su aprobación definitiva como proyecto de ley será en torno al mes de febrero.

Durante la defensa del decreto, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha pedido a los grupos alejarse de la "intoxicación burda y la manipulación" y protagonizar un debate "serio y sereno", mientras que el PP e IU han exigido la derogación del mismo, diálogo y consenso con todas las partes.

Griñán queda aún más en evidencia por cuanto había prometido que el actual Decreto Ley se tramitaría como Ley, pero, en realidad, se tramitará como tal una vez esté ya en marcha y funcionando como Decreto por lo que la dinámica de los hechos consumados será insuperable. Ahora el PP puede recurrir el segundo decreto, tal y como recurrió el primero y tratar de paralizar esta interminable historia de engaños y de piruetas escasamente democráticas. El recurso sobre el primer decreto -el mismo que el segundo salvo por las modificaciones de CC.OO y UGT que en nada afectaban a lo sustancial -, ya fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.

El PSOE convalida en solitario el decreto de reordenación del sector público andaluz

http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/09/andalucia/1291897350.html
  • El PSOE no ha tenido en cuenta a los funcionarios ni a la oposición
  • El proyecto seguirá ahora su tramitación parlamentaria como ley
Efe | Sevilla
Actualizado jueves 09/12/2010 13:22 horas
El pleno del Parlamento ha convalidado este jueves el decreto de reordenación del sector público andaluz, con los únicos votos de la mayoría absoluta del PSOE-A, que rechazó las demandas del PP e IU de derogar una normativa que han calificado de "error sobre error" y de propuesta "trampa".
El decreto-ley, el segundo que elabora el Gobierno andaluz tras el acuerdo alcanzado con CCOO y UGT en la Mesa de la Función Pública, que contó con el rechazo de la CSIF, y que ha generado una amplia contestación por parte de los trabajadores públicos, será ahora tramitado como proyecto de ley por la vía de urgencia.
Ahora el decreto-ley pasa a tramitarse en comisión parlamentaria, donde comparecerán los agentes sociales y sindicales que convoquen los partidos para la presentación de enmiendas, con lo que su aprobación definitiva como proyecto de ley será en torno al mes de febrero.
Durante la defensa del decreto, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha pedido a los grupos alejarse de la "intoxicación burda y la manipulación" y protagonizar un debate "serio y sereno", mientras que el PP e IU han exigido la derogación del mismo, diálogo y consenso con todas las partes.

El Parlamento convalida el Decreto Ley de reordenación del sector público

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La norma pasa ahora a tramitarse como proyecto de Ley en comisión parlamentaria, donde comparecerán los agentes sociales y sindicales
Parlamento andaluz
Publicado el 09-12-2010 16:28
ANDALUCÍA.- El pleno del Parlamento ha convalidado el Decreto Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz, que incluye las modificaciones acordadas con las organizaciones sindicales mayoritarias en la Mesa General de Negociación del Empleado Público, UGT-A y CCOO-A, y que a partir de ahora será tramitado como proyecto de Ley por la vía de urgencia.

El Decreto Ley pasa a tramitarse en comisión parlamentaria, donde comparecerán los agentes sociales y sindicales que convoquen los partidos para la presentación de enmiendas, con lo que su aprobación definitiva como proyecto de Ley se producirá en torno al mes de febrero.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, aseguró que la racionalización del sector público fue un compromiso asumido por todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de marzo, donde se estableció un plazo obligatorio de tres meses (hasta el 22 de junio) para llevar a cabo estas reformas. La consejera explicó que prácticamente todas las comunidades están llevando a cabo esta reordenación.

Martínez Aguayo explicó que la existencia de este plazo motivó la tramitación del proceso de reordenación del sector público mediante un decreto ley, para el que solicitó la convalidación de la Cámara. "A día de hoy, prácticamente todas las comunidades autónomas están acometiendo esta reordenación", afirmó la consejera, que ha precisado que existen comunidades que ya han cumplido este compromiso.

Otras comunidades están en proceso de reordenación, aunque fuera del plazo establecido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y lo están realizando mediante distintas vías como decretos aprobados en el Consejo de Gobierno, proyectos de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos o proyectos de leyes específicas.

La consejera indicó que España no es un caso aislado, ya que en toda la Unión Europea se llevan a cabo procesos de reorganización del sector público empresarial. En esta línea, dijo que todos los países europeos aceleraron su estrategia de reducción del déficit público como consecuencia de las turbulencias financieras del pasado mes de mayo. Explicó, además, que los recientes episodios de inestabilidad no hacen sino reafirmar la importancia de cumplir con los objetivos de déficit fijados.

Martínez Aguayo insistió en que el proceso de reordenación del sector público que se lleva a cabo en Andalucía se basa en dos principios esenciales, que son el reforzamiento del modelo público de prestación de servicios a la ciudadanía y la preservación del patrimonio y del empleo público, "con plenas garantías y plenos derechos para el conjunto de empleados públicos".
En definitiva, defendió, se busca "mejorar la prestación de servicios públicos a la ciudadanía, desde lo público y contando con todos los empleados públicos".

Régimen de integración

El nuevo decreto precisa el régimen de integración del personal, tanto funcionario como laboral, en las agencias públicas empresariales y de régimen especial.

Respecto a los funcionarios, Aguayo apuntó que la norma subraya el carácter voluntario de su incorporación y garantiza que se les continuará aplicando el Acuerdo de Condiciones de Trabajo del Personal Funcionario de la Junta de Andalucía. En el caso de que se integren como personal laboral, quedarán en la situación administrativa de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público andaluz. Cuando reingresen al servicio activo, se les reconocerá el trabajo desarrollado en las agencias para los concursos de méritos y también a efectos de reconocimiento de trienios.

De igual modo, el decreto también garantiza, según la consejera, la voluntariedad de la integración del personal laboral de la Administración General en las agencias. Por su parte, el personal laboral de las entidades instrumentales que se extinguen o transforman se integrará en las nuevas agencias resultantes de estos procesos. Para adquirir, en su caso, la condición de personal funcionario o laboral de la Administración General, estos trabajadores deberán participar en las pruebas selectivas de acceso libre que se convoquen.

 

Crear problemas donde no existen

Afinales del pasado mes de julio, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó un decreto-ley de medidas urgentes de reordenación del sector público que, amparándose en la urgente necesidad derivada de la crisis económica y financiera, acomete una ambiciosa operación de reforma de la Administración autonómica. A mediados de agosto, con el Parlamento cerrado por vacaciones estivales, su Diputación Permanente procedió a convalidar la normativa gubernamental que, de esta forma, dejó de ser provisional para incorporarse de forma estable al ordenamiento. La oposición manifestada por los representantes de los grupos minoritarios no impidió que (aritmética manda en democracia) la mayoría socialista sacara adelante el referido decreto.

Dado que en el trámite de convalidación no es posible introducir modificaciones en el contenido de la norma originariamente aprobada por el Ejecutivo, la posibilidad de que el Pleno de la Cámara pudiera pronunciarse con posterioridad, tramitando el decreto como proyecto de ley, fue descartada por la mayoría. Con ello, no sólo se cerró la puerta a la presentación de enmiendas por parte de la oposición sino que, asimismo, se privó a la ciudadanía de la posibilidad de conocer, gracias al debate parlamentario, las diversas alternativas políticas en torno a tan controvertida operación.

Será en septiembre cuando, concluido el paréntesis vacacional y ya de vuelta a la normal actividad, comience a generarse entre los funcionarios un evidente malestar que muy pronto se va a concretar en un movimiento de protesta masiva contra el decreto-ley. En tales circunstancias, constreñido por una presión creciente, el Gobierno se avino a negociar con los sindicatos, alcanzando un acuerdo con UGT y CCOO (CSIF lo rechazó) de modificación de las disposiciones más polémicas contenidas en el decreto de la discordia.

Estando así las cosas, resulta obvio que en este caso el recurso inicial al decreto-ley por parte del Gobierno, en tanto que instrumento que le permite obviar el procedimiento parlamentario, le expone a un mínimo control por parte de las minorías y, además, le asegura la aprobación de su voluntad normativa sin modificaciones (gracias al trámite de convalidación), ha terminado por volverse en su contra. El rechazo manifestado por sus destinatarios y la necesidad de sentarse a negociar con sus representantes una vez que la norma ya había sido aprobada no ha hecho sino dejar claramente en evidencia la sorprendente torpeza de esta operación: paradójicamente, a pesar de contar con mayoría absoluta en el Parlamento, el Ejecutivo se muestra incapaz de hacer valer la legitimidad democrática de la norma y, de hecho, queda materialmente obligado a modificarla.

Pero no acaban aquí las singularidades que acompañan al presente caso puesto que, suscrito el acuerdo con los sindicatos, inmediatamente a continuación, el Gobierno ha aprobado un nuevo decreto-ley en el que, junto con los contenidos no modificados ya recogidos por su predecesor, se incorporan las novedades fruto del diálogo y la negociación. Para dotar de la máxima transparencia y rigor democrático al lifting facial experimentado por la norma, el Ejecutivo anuncia que este segundo decreto será convertido en ley. Lo que quiere decir que ahora sí que se abrirá el cauce parlamentario para que todos los grupos de la Cámara puedan confrontar sus respectivas alternativas ante la reforma.

La improvisación que en este asunto ha demostrado el Gobierno andaluz es antológica y roza peligrosamente la inconstitucionalidad. Porque la capacidad gubernamental para emanar decretos-leyes se condiciona por la Constitución y el Estatuto a la concurrencia de circunstancias de urgente necesidad. En tales supuestos, afirma el Tribunal Constitucional, se prima la agilidad del Ejecutivo a la hora de adoptar decisiones en un tiempo inferior al que se emplearía para aprobar una ley recurriendo al procedimiento legislativo de urgencia, en el que los tiempos de tramitación se reducen a la mitad. Además, la jurisprudencia constitucional también exige que el Gobierno se refiera expresamente a tales circunstancias tanto cuando aprueba el decreto-ley como en el debate de convalidación.

El Ejecutivo andaluz no se ajustó a tales exigencias al dictar el primer decreto-ley. Así quedó claramente de manifiesto en el debate de convalidación ante la Diputación Permanente, en donde la referencia a la crisis económica y presupuestaria, causa de la norma adoptada, presenta un carácter meramente testimonial. Los hechos posteriores no sólo han confirmado la ausencia de los requisitos jurídicos para aprobar el decreto sino, asimismo, el desatino político al utilizar dicha vía.



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