Políticos en favor de nuestra causa.



Los últimos coletazos
Sábado, 27 de Noviembre de 2010 13:07

Esperanza Oña aquí

Me han pedido que escriba sobre el “decretazo” que aprobó el gobierno andaluz sin consenso alguno. Yo no lo tenía previsto, pero me parece oportuno dado que es un auténtico abuso y una muestra más de la arrogancia y el despotismo que emana del talante socialista. Son sus maneras de siempre. La novedad en esta ocasión radica en la respuesta. Por primera vez se ha producido una gran reacción de protesta.

Andalucía estaba acostumbrada a soportarlo todo. Tal vez porque es una tierra sufridora que sabe de resignación, que ha aguantado sin rechistar. Ya no. Hace un par de semanas se manifestaron en Sevilla alrededor de 50.000 personas para solicitar la derogación de este decreto injusto y discriminatorio. Los funcionarios de la Junta de Andalucía no querían privilegios para algunos elegidos. No obstante, se producirán.

El gobierno andaluz, en la desesperación que le producen las encuestas de intención de voto, pretende blindarse. Se atrinchera frente a una batalla que puede perder. Nunca antes se había instalado la duda sobre el éxito electoral en la familia socialista de nuestra tierra. Por eso quieren prepararse para lo peor. Puede acercarse el día de la derrota. Puede que los andaluces en el ejercicio de su libertad prefieran otras políticas, otras personas, otros modos.

Los socialistas no lo van a consentir. Para intentar contar con ayudas leales, nada mejor que hacer fijos a una serie de personas que no accedieron a la función pública, que no compitieron dentro de la igualdad de oportunidades, que no superaron pruebas de conocimientos ni de esfuerzo. Son unos 20.000 trabajadores de los más de 300 entes que a modo de empresas públicas conforman una auténtica administración paralela oculta al control parlamentario. Son personas que fueron contratadas por el mérito insólito de su afinidad.

Las empresas públicas de la Junta de Andalucía forman una estructura férrea de protección incondicional al régimen. Nos cuestan cada año unos 5.000 millones de euros que los socialistas no están dispuestos a rebajar. Son su guardia pretoriana, su reserva electoral, su garantía de clandestinidad, su disfraz de invisibilidad. No están supeditadas a la fiscalización en el parlamento. No rinden cuentas, no sabemos nada sobre sus contrataciones infinitas, sobre sus maniobras, ni sobre su gestión. Son el secreto mejor guardado. Son el tesoro que hay que precintar. Son su estrategia perfecta.

El “decretazo” del gobierno andaluz no tiene otro objetivo que endurecer este montaje. Se ha diseñado para buscar fidelidades eternas frente a posibles gobernantes intrusos. Es casi una cuestión de supervivencia. Por eso el empecinamiento. Por eso la intransigencia. Por eso la obcecación. Son las rabietas de la falta de razón. Son los últimos coletazos de un ciclo en peligro de extinción.

La sociedad lo percibe. La sociedad ha perdido el miedo a la omnipresencia socialista que ya no lo es tanto. La sociedad sabe que una etapa va terminando a la vez que otra se abre paso con ideas nuevas e intactas, con fuerzas intocables, con la intención de alcanzar prosperidad. Somos la alternativa y Andalucía merece esa oportunidad.

El “decretazo” es el síntoma del punto y final. Es el síntoma de un mal convertido en crónico. Es la peor cara del socialismo andaluz que confunde sus intereses con los de todos, que se olvida de la libertad para imponer su voluntad. Ataca la equidad, vulnera el derecho a un empleo respetando las reglas y humilla a los funcionarios que sí tuvieron que someterse a los principios básicos de concurrencia. En esta Andalucía del PSOE no todos somos iguales. Siempre ha habido clases.

En las últimas semanas los funcionarios andaluces han defendido sus derechos ante la ofensa y la intromisión. Se han atrevido en múltiples ocasiones a manifestarse y dar la cara. Se han enfrentado al poder avaricioso y egoísta. Han protestado y reivindicado hasta la extenuación. Han sido ciudadanos libres. Eso lo sé.

Sin embargo, no sé si lograrán con ello el reconocimiento a su prestigio pisoteado. Cuando cambie el tiempo, seguro que sí. Hasta entonces continuaremos presenciando los patéticos estertores de la agonía.


UPyD, en contra de colocar de funcionarios a los "ex" 

de la política almeriense



Pitada a las puertas de la delegación del Gobierno de la Junta
Publicado el 29-11-2010 10:55
ALMERÍA.- Unión Progreso y Democracia se ha sumado a la pitada y manifestación vivida en la capital. "Los grupos convocantes de ambos actos no quieren que se politice esta cuestión", dicen desde UPy D, pero según la responsable de Organización, Laura Carretero, “la cuestión ya está politizada, en tanto que el PSOE en el gobierno de la Junta quiere entre otras colocar de funcionarios, en especial, a los altos cargos de las empresas públicas, ex alcaldes, ex concejales, ex diputados, ex consejeros, muchos ex y amigos del poder”.

Para UPyD, "desde hace muchos años la administración ha ido desmantelando el tejido administrativo almeriense, tanto en esencia como en conciencia; la primera porque las funciones que antes desarrollaban nuestros funcionarios, ahora los hace personal contratado de estas empresas (el 70% de los presupuestos de las consejerías lo ha desarrollado -gastado- estas empresas publicas), y la segunda porque se ha imposibilitando la labor fiscalizadora que tienen que desarrollar los servidores públicos e impedido o dificultado su imparcialidad".

Esta formación afirma que, "además, las instituciones del estado han conseguido que la ciudadanía vea a los funcionarios como un conjunto de privilegiados (que tienen su trabajo fijo) y no como una conquista social; para UPyD el funcionario profesional e independiente ha sido un logro alcanzado por nuestros -abuelos- al objeto de conseguir el buen hacer y gobierno de los cargos públicos". Según Laura Carretero, miembro del Consejo local de UPyD, “la función pública independiente del poder político es una conquista que toda la sociedad debe valorar”; para UPyD los funcionarios deben tener asegurado su empleo para que no ocurra lo que ocurría en el siglo XIX que con cada cambio de gobierno cambiaba la administración; y estos hacían lo que mandaba el poder político; en este sentido la Sr. Carretero ha indicado que “en los funcionarios, la seguridad del empleo es una necesidad, no un privilegio”.

En cualquier caso para UPyD en Almeria, "el decreto ley 5/2010, quiere integrar dentro de la función pública a almerienses de los que, no discutiendo su valía profesional, no han aprobado una oposición que garantice los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, que nuestra constitución consagra para elegir a los servidores públicos". Para Unión Progreso y Democracia, "la tramitación por la vía de urgencia, solo se puede entender porque el PSOE quiere garantizar los puestos de trabajo de sus –acolitos- ( pasarían a ser funcionarios unos 20.000 trabajadores) y dejar una manzana envenenada (muchos de esos trabajadores serían altos cargos de la administración) al partido que ocupe la presidencia de la Junta de Andalucía y sus delegaciones provinciales".
Para Carretero “no podemos consentir, los partidos políticos este atropello a la constitución, los funcionarios esta arbitrariedad administrativa, y los ciudadanos el expolio de nuestro patrimonio y el lastre que supondrá para salir de la crisis”.

Carretero denuncia "el expolio que con esta ley sufrirá el patrimonio de la Junta en Almeria; según indica este grupo político, el acuerdo del consejo de gobierno faculta a dos sociedades instrumentales de la JJAA a enajenar entre otros, inmuebles, en la calle Ferranz, en la calle Hnos Machado y calle Arapiles, todas en Almeria capital; indicando que es hora de que “el PSOE de Almeria se posiciones y diga lo mismo que decía cuando Luis Rogelio quería pagar la deuda municipal con solares” y recordaba que los portavoces del PSOE hablaban de expolio municipal. En este sentido el Coordinador de esta formación, José Luis Raya, indicaba que “ahora callan y justifican las ocurrencia de Griñan, cuando hace escasos meses gritaban e injustificaban la propuesta de Luis Rogelio; y ambas son lo mismo”.

Desde Unión Progreso y Democracia, en palabras del coordinador “el silencio mediático y ciudadano en relación a esta cuestión, es preocupante y denota el lamentable clima moral que sufre la sociedad española en general y la almeriense en particular” ha indicado José Luis Raya. Así mismo "felicito a los funcionarios por su posición e información a la ciudadanía y solicito la presencia masiva de ciudadanos en las movilizaciones que a buen seguro habrá, basta ya de protestar sentados, apoyemos a los que nos defienden del caciquismo, defendamos a los que luchan contra la arbitrariedad política” ha dicho este responsable.


Valderas dice que antes de pedir consenso en el 


Decreto del Sector Público Griñán tiene que retirarlo

El coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, ha indicado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, "para estar en condiciones y tener legitimidad de pedir el acuerdo y consenso" en el decreto-ley sobre la reordenación del sector público andaluz, debe "retirar la virtualidad del decreto" y ha insistido en que "debe de retirar el decreto y tramitar exclusivamente un proyecto de Ley", además, ha anunciado que IU realizará "un buen número de enmiendas" a ese proyecto.




Colectivo de veteranos dirigentes socialistas de Sevilla
Funcionarios ¡Qué sorpresa!
Senatus Trianae (Colectivo de veteranos dirigentes socialistas de Sevilla). Francisco Arcas Lucena, José Manuel Leal Sabido, Francisco Pineda, Nicolás Núñez de la Torre, Carmen Villar Martínez.
“Lo que nos mueve, con razón suficiente, no es la percepción de que el mundo no es justo del todo, lo cual pocos esperamos, sino que hay injusticias claramente remediables en nuestro entorno que quisiéramos  suprimir”
‘La Idea de la Justicia’. Amartya Sen
Qué sorpresa! Los funcionarios de la Junta de Andalucía llevan unos meses de movilizaciones con pancartas, encierros, recursos masivos y manifestaciones en la calle. La sociedad andaluza está sorprendida porque el estereotipo social los etiqueta como personas conformistas, que trabajan lo justo y evitan meterse en problemas. También ha sido una sorpresa para el partido de la oposición, que creía que los funcionarios de la Junta de Andalucía eran “clientes” del Gobierno, incluso el partido del Gobierno, después de tantos años en el poder, parece sorprendido también, porque les creía “suyos.”
Después del recorte intempestivo del 5% del salario bruto anual, que ya veremos si es constitucional o no, la aprobación del Decreto 5/2010, de reordenación del sector público, ha prendido la mecha de las movilizaciones masivas que vemos en la calle. A pesar de los cambios tan importantes que establece, se ha aprobado justo antes de las vacaciones de este tórrido verano, por vía de urgencia y sin consultar con nadie, ni con los agentes sociales ni siquiera con los representantes de los funcionarios. Y en septiembre, con una celeridad sospechosa, ya estaban algunos altos cargos reuniendo a los funcionarios, para decirles que tenían que pedir excedencia y que se les harían un contrato laboral en la agencia correspondiente. Para comienzos de año debería estar todo resuelto. Es un gesto tan extraño, que ha generado una profunda inseguridad en los funcionarios por su propio futuro, un miedo atroz a la privatización y un injusto agravio comparativo con el personal de las fundaciones.
Llueve sobre mojado. El Decreto 5/2010 ha sido el detonante que ha hecho estallar la situación de grave malestar en la Administración autonómica. Este conflicto se viene gestando desde hace más de una década con tres elementos principales. En primer lugar, los nuevos funcionarios. En busca de un empleo estable, muchos jóvenes profesionales andaluces han superado las oposiciones convocadas por la administración autonómica en las últimas décadas. Su acceso cumple con las exigencias constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, se sienten independientes y no le deben nada a nadie.
En segundo lugar, la discrecionalidad. Estos nuevos funcionarios, con legitimidad profesional para ejercer, no pueden entender la extraordinaria discrecionalidad en los nombramientos. Naturalmente, los políticos elegidos por los votos de los ciudadanos tienen legitimidad democrática. Ahora bien, la legitimidad democrática se va diluyendo en la jerarquía de la administración autonómica cuando el político electo “nombra” discrecionalmente a su segundo, y éste a un tercero, y a un cuarto, y así a veces hasta cuatro o cinco nombramientos que ya no están basados en la legitimidad democrática ni en la profesional. Son nombramientos por confianza, amistad o cualquier cosa: favor que se debe al que te ha nombrado para el puesto y a nadie más; favor que se puede perder y te pueden cesar.
En tercer lugar, la creación de fundaciones y entes instrumentales. Las normas de gestión del gasto en las administraciones públicas están dirigidas al control del mismo y a evitar el “robo” más que a un gasto eficiente y eficaz. Para evitar la lentitud en los expedientes de gasto y obtener mejores y más rápidos resultados, la Junta de Andalucía comenzó, hace más de una década, a constituir “fundaciones” y otros entes con financiación pública y gestión privada. El Consejo de Gobierno nombra a un director gerente, que siguiendo las indicaciones del consejero, contrata al personal que cree oportuno y dedica la financiación recibida a los gastos previstos, más o menos, según su criterio. Adiós a la Intervención Delegada, a las aplicaciones presupuestarias específicas, a la Ley de Contratos del Estado, a la concurrencia pública, etcétera. La confusión entre lo público y lo privado, así como la ausencia de un sistema racional, ha generado situaciones de feudalización del poder en las diversas y variopintas fundaciones en una carrera competitiva por quién hace las cosas más rápido o quién contrata a más personas.
Se han producido demasiadas duplicidades y excesos. En algunos casos, el personal contratado en estas fundaciones se trata de buenos profesionales y en otros muchos son amigos y familiares de los altos cargos. Para unos, el lugar de trabajo es la sede de la fundación y para otros, sus despachos y mesas de trabajo están en la propia consejería, sin ningún tipo de distinción con los funcionarios, salvo que no fichan a la entrada y a la salida. A este proceso de creación de fundaciones le pasa como a la Revolución Rusa, empezó con una idea bienintencionada, y no sabemos cuándo se fue transformando hasta llegar al colapso del sistema.
Para dar una respuesta a esta compleja problemática, el Gobierno Griñán aprobó este verano el Decreto 5/2010 con demasiadas prisas y ahora parece claro, sin una estrategia. Se ha puesto sobre la mesa el volumen de personal que pueden suponer las fundaciones y otros entes de la Junta de Andalucía: entre 20.000 y 40.000 personas contratadas en sus más diversas modalidades. La cifra tiene una enorme dimensión porque sin contar a docentes y sanitarios la Junta de Andalucía tiene unos 50.000 funcionarios. Es decir, hay que incrementar el personal entre el 50% y el 100%. ¡Cuántos opositores sueñan con la convocatoria de esas plazas!
Aplicar recetas simples, que han funcionado en otros países, puede dar nuevos problemas al no tener en cuenta aspectos imprescindibles, como por ejemplo escuchar previamente a funcionarios, empresarios y expertos en gestión pública, así como definir claramente la estrategia a seguir. Somos conscientes de que, tan necesario es reformar la administración autonómica, como de que no es posible si no hay una estrecha colaboración entre los funcionarios y los políticos electos. Menos aún con el rechazo prácticamente unánime de los funcionarios. El acceso y la carrera profesional de los funcionarios garantizan la neutralidad política de la Administración. Y no son incompatibles con los sistemas contrastados que mejoran la eficiencia y la eficacia en las administraciones públicas.
La decisión de tramitar el Decreto como Ley, para hacer efectivos los acuerdos con CCOO y UGT, va a permitir también la aportación de las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios. Las movilizaciones continúan en la calle y en los juzgados, los recursos. En consecuencia, confiamos que en el debate del Parlamento de Andalucía se proceda a la rectificación sustantiva del Decreto y se incorporen las reivindicaciones de la mayoría de los empleados públicos. Desde una posición de izquierdas, es un principio irrenunciable la igualdad de oportunidades de todos los andaluces en el acceso a la función pública, y sin duda, hay que gobernar contando con las personas. Las elecciones están próximas y puede haber más sorpresas.


División en el PSOE
El Decretazo, visto desde Izquierda Socialista en el PSOE: Griñán, al descubierto
Las corrientes más críticas del PSOE admiten e incluso aceptan el análisis que del Decretazo haen la mayoría de funcionarios y laborales. Que algo se mueve en la sociedad andaluza parece indicarlo incluso este inesperado acontecimiento. Izquierda Socialista de Málaga, agrupación de la corriente crítica Izquierda Socialista a nivel nacional, considera que el Decretazo viene a consagrar una forma de resolver problemas en la Administración que ha conducido a la creación de una Administración paralela con graves daños para quienes desean formar parte legal y honrosamente de la función pública, que no podrán entrar en los próximos años debido a su saturación, así como para la sociedad andaluza que no podrá contar con los mejores para estos puestos sino con los más allegados al régimen. Un muy interesante análisis que desbarata todo el aparato propagandístico de un PSOE desconcertado y cada vez más dividido.
Más info pinchando aquí

Ayuntamiento de Córdoba (IU-PSOE) pide la derogación de los Decretos

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-pleno-aprueba-tres-mociones-diferentes-decreto-reorganizacion-sector-publico-andaluz-20101202132456.html

No solemos reproducir noticias como entradas ordinarias, pero viendo la importancia de la misma se reproduce parcialmente, en la parte que corresponde a nuestro titular.

El Pleno aprueba tres mociones diferentes sobre el decreto de reorganización del sector público andaluz

Foto de la Noticia
Foto: EP
CÓRDOBA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Pleno municipal del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado tres mociones diferentes, cada una propuesta por separado por cada uno de los tres grupos municipales (PP, IU y PSOE), pero referidas todas al decreto 5/2010 de reorganización del sector público andaluz.
Así, primero se ha votado y aprobado, con los votos a favor del PP y la abstención de IU y PSOE, la propuesta de los populares de apoyar a los funcionarios de la Junta que se oponen al decreto de reordenación del sector público. El PP exige su derogación y considera necesario que el Ayuntamiento se pronuncie "sobre esta legítima reclamación" de los empleados públicos.
Luego se ha votado la moción de IU, que gobierna en coalición con el PSOE, que se ha aprobado con los votos a favor de los ediles de IU y la abstención de PP y PSOE. En este caso, se pide también la derogación y se insta al Gobierno andaluz para que establezca un calendario para la negociación de la ley de reordenación del sector público de Andalucía, "dando cabida a los representantes de los trabajadores, grupos parlamentarios y a todos los afectados".
Por su parte, la moción del PSOE solicita al Parlamento andaluz que aborde la transformación del decreto con un "debate sereno, esclarecedor y riguroso que dé plenas garantías a los empleados públicos de la Junta de Andalucía".