Opinión

AGUAYO

Francisco Velasco. Abogado e historiador

http://franciscovelasco.blogia.com/2010/122101-aguayo.php

Doña Carmen. Consejera de Economía de Griñán. Gran facedora de enchufes poliédricos en la Junta. Española no andaluza. Manda. Lo que manda la señora. Dice. Lo que dice, ozú, lo que dice. Que los funcionarios no tienen por qué quejarse. Simples que son. Después de ganar sus oposiciones, es que estos funcionarios se creen más que nadie. Dice la señora. Perdónala, señor, porque aunque sabe lo que dice, no le importa no decir lo que sabe. Lo que sabe. Sabe que su canonjía gobernante conlleva mentir a troche y a moche. Sabe.

Sabe pero no se entera. Que los andaluces, de buenos, tontos. Pero de ahí no pasamos. Al menos, una creciente mayoría ha puesto proa a la mentira procaz de su (arre)Juntá. Entre los funcionarios de a pie, la paciencia estalló en mil griñanazos. Ya está bien. Ya era hora. El alud de enchufismo de décadas se ha convertido en un tsunami. El revolcón lleva al ahogo y la asfixia preludia la muerte. Ya vale. Doña Carmen, ya vale.

El Decretazo del enchufe de treinta mil amigotes ha sido demasiado. Los derechos de los empleados públicos han sido mancillados por la señora Aguayo con la complicidad, pagable y bien, de los sindicatos sin clase de la clase de maniobreros de pesebre. Que paralelas, las rectas. La Administración, convergente. Enclave público al que se accede mediante principios observables. La igualdad, el mérito, la capacidad, la objetividad, la transparencia. Principios. Normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta. Comportamiento administrativo del que carece el decreto Aguayo. Fraude sin escrúpulos. Norma ilegal e inconstitucional. Repugnancia. Hedor. Pantano de aguas inmundas.

Rebelión cívica. Militarización represora. Castro. A los funcionarios, como a los controladores. Estado de alarma y de sitio. Que son más. Y ganan muchísimo menos. Pronto, multados. Que, también, represaliados. De Sanidad y de Educación. De Agricultura y de Salud. Todos al hoyo. Los del enchufe en carnet, “padentro”. Los de cejas quemadas por el estudio, “pafuera”. Ësta es la Andalucía de Griñán que antes virreinó Chaves. La charanga y la pandereta asociadas en banda de campanilleros de Pavlov.

Contra ellos. Aguayo no quiere a funcionarios independientes. Los necesita serviles. Agradecidos al empleador de turno. Manejables. Acosadores en potencia. Inquisidores. A las órdenes de. Incluso si el Psoe pierde las elecciones, que se escondan en el inmenso caballo de Troya administrativo. Cuando las aguas se calmen y el sopor del sueño sea inevitable, descenderán de la panza del cuadrúpedo y prepararán el advenimiento de los suyos. He ahí la cuestión. La izquierda fascista que tenemos concentra todos sus argumentos en descalificar al pueblo.

El pueblo, Aguayo, es el Estado. Puede haber pueblo sin Estado. Lo que no hay es Estado sin pueblo. La invito a rectificar, señora. Subsidiariamente, solicito su dimisión. Señora. Aguayo.

Un saludo.


La apropiación de la administración pública andaluza

Eloy López Cerdeño / Coordinador Del Área De Economía Y Empleo De IULV-CA Jerez | Actualizado 16.12.2010 - 01:00
 LA contestación irritada, a veces airada, que los empleados de la Administración Pública de la Junta de Andalucía están dando al proceso de reordenación del sector público impulsado por la misma, ha sorprendido a sus responsables que se han visto obligados a reconocer que "en algo nos hemos equivocado" o "decir que todo lo hemos hecho bien sería bastante absurdo". Algo -bastante diría yo- hay de incongruencia reconocida en su planteamiento de reordenación, y de lo cual, y basado en mi propia y larga experiencia vivida en las administraciones central y autonómica me voy a permitir opinar ya que, como ciudadano, me atañe.


Ante todo recordar que la Administración Pública es el instrumento del que se sirve el Gobierno para le ejecución de sus políticas, a la cual dirige, pero que aquélla no es una prolongación del GobiernoEl acceso de los funcionarios a la función pública está regulado por ley, así como las garantías de su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones: es la forma de mantener un instrumento tan importante de los estados democráticos al servicio con objetividad del interés general y, por tanto, válido cualquiera que sea el color del gobierno que la dirija. Son principios constitucionales que, a veces, los gobiernos - en este caso la Junta, como se verá - orillan cuando no obran en contraposición.



El proceso de transferencias de competencias de la Administración Central -administrativas y del personal- a la Junta de Andalucía marca el inicio de la estructuración de la administración autonómica a la que se le quiere dotar, según sus dirigentes, de un nuevo carácter -se supone que innovador- que en la práctica consistió en colocar en los puestos directivos a sus afines políticos y clientelares obviando al personal transferido con preparación y experiencia.



La utilización abusiva del procedimiento de la 'libre designación' - procedimiento restringido para los puestos de confianza, según la ley- como forma de promoción de los funcionarios en la estructura administrativa, en lugar de utilizar el 'concurso de méritos' -que es medible y objetivable- como el procedimiento general, ha sido y es una fuente de politización -se promocionan sus afines políticos y clientelares- y de pérdida de eficacia de la administración autonómica.



La eficacia de la administración pública -elemento clave para la ciudadanía que la costea y de la que debe recibir los mejores servicios- es, a su vez, un elemento recurrente utilizado expresamente por los gestores de la Junta - el PSOE- para la creación del entramado de entes, fundaciones, agencias, empresas y servicios públicos - alrededor de 250 empresas y más de 23.000 trabajadores - y que constituyen lo que se ha venido a denominar la 'administración paralela'. Si la administración autonómica no funciona hagamos otra paralela, parece ser su razonamiento. Pero tal razonamiento no es tal, constituye una falacia provechosa para sus gestores:la eficacia de la administración pública es medible y objetivable y corresponde a los órganos establecidos en la misma su medición y valoración de responsabilidades. ¿Por qué no se hace? A falta de respuesta aventuro la mía: porque las responsabilidades recaerían sobre sus gestores, los puestos de la estructura -mayoritariamente sobre los que ocupan puestos de libre designación- lo que les obligaría a su harakiri - perdón, es un símil, quiero decir su destitución- ¡Hasta ahí podríamos llegar!, me dirán. Sería lo responsable, diríamos los ciudadanos.



Hay otro motivo: si se mantiene la actual administración autonómica en estado de deterioro, se justifica la huida hacia delante de la creación de entidades públicas paralelas, 'salvadoras' de lo público, no sujetas a los controles rigurosos de aquélla, entre los que no es el menor orillar, como se ha hecho, el principio de igualdad, capacidad, mérito y publicidad -que rige para los empleados públicos- para el acceso de los interesados a los nuevos puestos: otra vez más asistimos al clientelismo político o sindical a gran escala, y al silencio general de los que debieran haberlo atajado. El gobierno de la Junta ha hecho de la administración autonómica -que es de todos- algo de su propiedad: la ha 'patrimonializado'. También ha tenido otras consecuencias importantes: la duplicidad de funciones y el incremento notable presupuestario por la coexistencia de ambas organizaciones.



A esta situación de existencia de una administración autonómica y de las entidades instrumentales - denominación aséptica de la administración paralela- había que darle una solución, y la Junta lo ha promovido mediante la Ley de Administración -Ley 9/2007- que acoge bajo el paraguas del sector público a ambas, aunque cada una en su ámbito competencial, y, ahora, con el Decreto-Ley 5/2010 de medidas urgentes para la reordenación del sector público y su modificación posterior, da un paso más: la legalización de la fusión de 111 empresas instrumentales en 11 agencias a las que se integran organismos de la administración autonómica: se consagra así la coexistencia en un misma agencia personal con 'potestades públicas' por ley -funcionarios- y los que no las tienen. Se borran así las huellas de su origen y se legitima ante la ciudadanía la nueva Administración Autonómica.



11-12-2010 - Benito Fernández





"De sobra sabes que yo siempre he hecho lo que me ha dicho el partido, y sin rechistar, pese a que muchas veces he estado en total desacuerdo con las decisiones que adoptaba la Ejecutiva. Pero te he de confesar que las cosas han llegado a un punto de no retorno. Ya has visto lo que acaba de decir Ferraz. Después del palo en Cataluña han llamado al orden a Pepe Griñánporque están viendo que si perdemos en Andalucía nos vamos todos a tomar por saco. Lo del granero de votos está cada día más lejos y, de seguir así, puede hasta queJavier Arenas logre ganar por primera vez en su vida unas elecciones. Algo impensable hace tan solo dos años cuando Manolo Chaves arrasó por sexta vez consecutiva. Lo de Pepe no tiene nombre. Sí, yo también estoy de acuerdo en que es un exquisito, un hombre alejado de las luchas internas del partido que nunca ha querido fajarse en el cuerpo a cuerpo con Gaspar ni con Pizarro y que, por eso mísmo, fue elegido por Manolo Chaves para hacerse cargo de la Junta, pensando que iba a obedecer las directrices de Madrid y apartarse de los grupos de presión que mandan, y mucho, en Andalucía. Pero Pepe le ha salido rana. Por lo pronto quiso hacerse con el partido apartando a los que han mandado siempre e iniciando una especie de renovación con gente joven que aportara nueva savia a la Ejecutiva Regional. El problema ha sido que a los jóvenes elegidos, ya sabes, Rafael VelascoSusana DíazMario Jiménez, el cargo les ha venido grande y se han estrellado a las primeras de cambio provocando un verdadero caos en las agrupaciones más importantes que ya no saben a qué carta quedarse ni a quien obedecer. El efecto, no hay más que verlo cada día, es que tiene a todos descontentos, a los viejos y a los nuevos. O, lo que es apor, meten la pata como Velasco, y se tienen que ir a casa con el rabo entre las piernas. No hay un programa claro que seguir. No hay directrices unívocas, en definitiva, no hay un lider que dirija el partido y hacemos aguas por toos lados. Pepe se niega en redondo a acudir a la "vieja guardia", los Pepe Caballos, Paco VallejoManolo GraciaCarmeli Hermosín, que todavía tienen ascendencia en muchas agrupaciones y sigue apostando por las nuevas incorporaciones que pueden valer en el futuro pero que todavía están demasiados verdes para poner el orden que el PSOE andaluz necesita en estos momentos".

"Y si el partido está hecho un desastre, ¿qué me dices de la Junta? Tenemos a la práctica totalidad de los funcionarios en pie de guerra por un decreto que había que hacer pero que no se podía pactar como han hecho con Comisiones y UGT, que no tienen fuerza entre el funcionariado, sino con el CSIF y los otros sindicatos de la función pública. Ya lo estás viendo. No hay día en que no le monten un numerito a Pepe Griñán o a sus consejeros y no parece que la movida vaya a escampar. Además el Gobierno andaluz tiene actualmente un encefalograma plano. Si exceptuamos a un par de consejeras, como Mar Moreno Micaela Navarro, el resto parece estar cumpliendo el expediente como si la cosa no fuera con ellos. Te cuento. El otro día, en la CEA, casi se me cae la cara de vergüenza. Intervenía un premio Nobel de Economía y lo presentó la consejera del ramo, Carmen Martínez Aguayo que defendía la bonanza económica de Andalucía. En el tuno de preguntas se levantó un individuo y dijo: "Señora consejera, tengo entendido que usted, es médico, ¿es verdad?". La consejera, bastante indignada, tuvo que reconocer que así era, y el interviniente respondió, "entonces, si es así, no tengo nada que preguntarle". No veas el cabreo que se agarró. Pero es que es verdad, Martínez Aguayo siempre se ha dedicado a la gestión, y fue gerente del SAS, pero de economía sabe lo imprescindible. Y así el resto del Consejo de Gobierno. Para colmo pierden el tiempo en chorradas como lo de la "Guía sobre Comunicación Socioambiental con Perspectiva de Género" que ha editado Medio Ambiente y que ha servido de rechufla en toda España. Esto, por más que me pese, parece que no tiene remedio, ni siquiera con el supuesto recambio por el que abogan algunos compañeros de Pepe Griñán por Mar Moreno. Como sigamos así, y parece que vamos a seguir, perderemos las elecciones municipales en todas las capitales y hasta las autonómicas en 2012. Al tiempo." 


TRIBUNA: NICOLÁS NÚÑEZ

Funcionarios: verdades y propuestas

Nicolás Núñez de la Torre es funcionario y militante del PSOE de Sevilla.

NICOLÁS NÚÑEZ 15/12/2010
Es verdad, como dice Román Orozco en EL PAÍS (Funcionarios: La gran mentira, publicado el 2 de diciembre) que la consejera Aguayo presentó el decreto de reforma del sector público al Parlamento el 22 de junio. El objetivo: eliminar 111 de los 254 entes, suprimir 184 directivos y ahorrar 115 millones. Bien hecho. ¿Saben qué dijo del empleo la consejera? "Este decreto no afectará al empleo". Nada más, y nada menos. Ahora sabemos, desafortunadamente, que o bien no dijo la verdad, o bien fue incapaz de valorar las consecuencias de lo que aprobó.
Un mes después, el 27 de julio se aprueba con urgencia el famoso decreto, días antes de las vacaciones de agosto, sin consultar con nadie, error ya reconocido. En septiembre, algunos altos cargos reúnen a los jefes de servicio para decirles que los funcionarios tienen que pedir excedencia y se les hará un contrato laboral en la agencia correspondiente antes de fin de año. Naturalmente, ante tan insólita propuesta y con tantas prisas, la gente se sintió insegura y se asustó, porque el bien más valioso para el funcionario es la seguridad en el empleo. Así prendió la mecha de las movilizaciones y los recursos de los funcionarios de la Junta de Andalucía.
Todo el mundo participa: la gente corriente sin afiliación sindical, CSIF, Safja y Ustea (mayoritarios entre los afectados), USO, CGT, SAT, así como las "plataformas" que se crean en los centros de trabajo. Todos salen a la calle, también CC OO y UGT, que después descolgaron sus pancartas y siguen participando. Los silencios cómplices comienzan a convertirse en gritos de denuncia. Parece que sin darse cuenta, han generado un grave conflicto con sus propios funcionarios, aún sin atisbo de solución.
Según el decreto, para el funcionario es una decisión "voluntaria" pasar a la agencia. Ahora bien, cuando los poderosos, que además son sus jefes, hacen una propuesta a un trabajador para que ceda parte de sus derechos, es muy difícil rechazar porque le están poniendo entre la espada y la pared. Si no pide excedencia, como su puesto desaparece, queda a disposición del viceconsejero y lo pueden reubicar en otro de la misma localidad, hasta dos niveles inferiores, por lo que pierde la diferencia en el complemento específico (el 10% o el 15% de la nómina). Y si no tiene el grado consolidado también pierde la diferencia en el complemento de destino, otro pellizco. Además del traslado a otro puesto, con otras funciones, en otra sede y el bloqueo a la carrera profesional.
La otra opción es que los funcionarios que pidan excedencia y sean contratados como laborales -si alguno acepta, que lo dudamos- tendrán el mismo convenio colectivo, derechos y obligaciones que los contratados que vienen de las fundaciones, cuyo acceso, en muchos casos, ha sido por ser amigos o familiares de altos cargos. Tratar igual a aquellos que son desiguales es una injusticia que no podemos comprender.
Sin ninguna duda, la posibilidad de hacer estas propuestas a los funcionarios tiene que ser suprimida. Asimismo, para reducir la tensión actual y facilitar el diálogo, es urgente una moratoria en la aplicación del decreto ley 6/2010 hasta que no se llegue a un amplio acuerdo en el Parlamento de Andalucía. Las experiencias en otros países indican que no es posible reformar la Administración con resultados positivos, si no se cuenta con la estrecha colaboración entre los funcionarios y los políticos electos.
Más allá de las palabras tranquilizadoras, el nuevo modelo es un híbrido que consolida la confusión entre lo público y lo privado. Las agencias empresariales son un cóctel extraño con mucho derecho privado, unas pinceladas de derecho administrativo, funcionarioslaboralizados, personal externo internalizado y unos cuantos altos funcionarios de las consejerías adscritos funcionalmente. Este cóctel debe eliminarse. Los compañeros externos saben el camino para entrar: las oposiciones.
Es un error considerar que el partido de la oposición ha llevado a cabo una "campaña de intoxicación" y "manipulado" a los funcionarios de la Junta. Aunque hubiere algún caso, es una simplificación errónea y un insulto a la inteligencia pensar que los 40.000 funcionarios que salieron a la calle el 13 de octubre han sido "manipulados". Son bastante heterogéneos, y muchos han sido, hasta ahora, votantes del partido del Gobierno, incluso destacados militantes.
En Andalucía, el Gobierno de la izquierda urge una renovación profunda contando con las personas, también con los funcionarios.

LA REVOLUCIÓN DE LOS PEONES

Compañero peón:
http://acratasnew.blogspot.com/2010/12/la-revolucion-de-los-peones.html
En España, la lucha político-social es como una partida de ajedrez —las blancas, a la derecha; las negras, a la izquierda— que siempre termina en tablas. Como en toda partida de ajedrez, a quienes la juegan no les pasa nada. Se dan la mano y empiezan otra. A quienes les duele es a las piezas que han caído en la caja: la mayor parte sonpeones, como tú y como yo; también hay algunos alfiles y caballos. Todos han luchado encarnizadamente, a muerte, alineados con los suyos.

El sistema político español es una partitocracia. Quienes dirigen el mundo han invertido aquí mucho dinero para crear un régimen en el que sólo se pueda escoger entre blancas o negras. ¿Por qué funciona el fraudulento sistema, si los españoles sabemos que los políticos nos van a traicionar en cuanto lleguen al poder? Porque pensamos como peones, y nos sentimos moralmente obligados a alinearnos con una de las ideologías sociales del mercado político. "Soy peón negro, de izquierdas, voto al PSOE o al PCE, aunque sé que me van a sacrificar dentro de dos jugadas". "Soy peón blanco, católico, y voto al PP o a la derecha nacionalista, aunque el Papa no sea ni español." La gente acude a las urnas e insufla vida al sistema, que persiste una partida tras otra. Y la caja de las piezas sigue llenándose de peones muertos.

Pero ¿acaso hay algún destino para los peones que no sea la caja de las piezas? ¿Hay otra salida?  Sí que la hay. De hecho, hay dos: una ideal y otra realista. La solución ideal sería que los peones no concurriéramos a la partida, no votando, no alineándonos en ningún bando. ¡Que se maten las piezas de calidad entre ellas! Pero no es viable porque requiere unanimidad, y la mayor parte de nuestros compañeros, de acuerdo a sus atávicos sentimientos, creen que la partida les atañe. Peón: si eres rabiosamente de izquierdas, un ácrata o un revolucionario, en la pantomima electoral debes abstenerte, porque tu minúscula cabecita cree aún que existe algún sistema político justo, aunque sea en la galaxia de Andrómeda. Pero tu abstención no servirá para cambiar nada.

La segunda solución es pragmática, depende sólo de una minoría de peones que sepan usar sus pequeñas células grises. Aprende primero, peoncillo, la cruda verdad: cualquier partido en el Gobierno hace política económica y social de derechas. Como ésta no es una frase más de este artículo, debes releerla una y otra vez hasta que se te quede grabada. Política de derechas hicieron Suárez, Calvo y Aznar; política de derechas hizo Felipe; y con política de derechas nos atormenta Zapatero. Es una de las reglas del juego, este régimen se diseñó para explotar a las clases trabajadoras, tanto a los peones blancos como a los negros.

El régimen monárquico-partitocrático no va a cambiar nunca, peón, a menos que sea a tiros en las calles. Ésta es la segunda verdad que debes aprender. No cambiará mediante movimientos sociales cuyas soluciones no existen más que en las frías y cartesianas mentes de sus creadores, gentes de elevado nivel intelectual, acomodados unos, industriosos otros, siempre brillantes, pero completamente ajenos a la tragedia del paro y el hambre de la plebe. Alégrate de que existan esos movimientos, apoya sus ideas y sus ideales, pero no fíes tu integridad estomacal a ellas, porque no contienen grasas, proteínas ni hidratos de carbono suficientes. Mientras no llega la muy deseable República Constitucional, por ejemplo, o la simplicísima modificación del artículo 99 de la Constitución Española que propone este diario acrático, habrás de pelear con las armas de las que nos dota el propio sistema (muy a su pesar, porque nos querría completamente desarmados), sin confiar en que el resto de la peonada se conciencie y defienda su libertad política.

En el equilibrio actual de fuerzas en España, las blancas manejan el tejido económico y financiero (mira las torres, peón: son bancos y multinacionales); y la izquierda el mediático, como acaba de demostrar una vez más con la crisis del estado de alarma (mira detrás de ti, peón, las torres UGT y CCOO, es la izquierda que domina la calle, e igual monta una macro-manifestación por el "No a la Guerra" que hace fracasar la Huelga General del 29-S; mira las piezas subalternas, los periódicos, la televisión). La agitación es el firme terreno de la izquierda; en cambio, no sabe nada de economía y siempre, tras unos años en el poder, corrupta y negligente, deja las arcas del Estado saqueadas y escuálidas.Y, por si fuera poco, no tiene moral, ni ética ni principios de ninguna clase. Nada es peor, peón, que Rubalcaba y su banda de maleantes manejando los resortes del Estado, porque cuando se ensañan con los españoles (los matan de hambre retirándoles el mínimo subsidio para comprar pan y chópez que dar a tus hijos), no tienen oposición ninguna, a los sindicatos estatales les da igual, siempre que no les quiten las subvenciones; a los intelectuales y artistas les parece bien, siempre que haya dinero para el cine, trabajo en los periódicos y premios para los libros; y al PP le parece poco, que lo que desea es vender la madera de las piezas muertas para pagar la deuda. Y la peonada se queda sola, desorganizada, asustada; y sucumbe. Si fuera el PP el que hiciera todo lo que está haciendo el PSOE, los intelectuales y artistas, los sindicatos y los partidos de izquierdas movilizarían a las masas para impedirlo, y las masas iríamos con ellos para enfrentarnos al poder; y no serían capaces de recortarnos ni un derecho.

Este régimen fue pensado para que el Gobierno del Estado sea de psico-izquierdas, con el encargo de ir arrasando poco a poco los derechos de los trabajadores españoles. Esta es la tercera verdad importante, peón. Reléela hasta aprendértela. Luego, en el poder, las izquierdas practican sólo políticas simbólicas y de libertades accesorias para que se note menos que son una banda de corruptos que expolian al pueblo y le quitan sus derechos fundamentales. No hay cosa peor que la izquierda gobernando en una crisis como la actual, porque la partida de ajedrez se desquicia, subvierte sus reglas, como si los peones fuéramos todos de un bando y las piezas de calidad estuvieran todas del otro. Y el juego se convierte en una gran matanza. Los peones tenemos que recomponer la partida, y el arma poderosa capaz de organizar nuestra defensa es el uso del propio voto partitocrático dirigido contra el sistema: Pongamos a nuestro enemigo en el poder y que muevan las blancas; para que las negras se le opongan e impidan la masacre del pueblo, nos movilicen en las calles, nos lleven a la huelga general si hace falta, defiendan nuestros derechos, aunque sea con el interesado propósito de recuperar el gobierno algún día. Ya procuraremos, por nuestro bien y el de nuestras familias, que no lo recuperen nunca jamás.

Peón: si eres pragmático y quieres mantener a tu familia a base de tres comidas diarias, tienes que expulsar al PSOE de La Moncloa para, un minuto después de la victoria electoral del PP, echarte —echarnos todos— a la calle con los socialistas para partirnos la crisma contra la derecha como unos radicales con vocación de eterna oposición. Porque con la izquierda gobernando, la carnicería es intolerable, la peonada cae en medio de la confusión, la mayor parte a causa del "fuego amigo". ¿Cómo es posible que nadie se dé cuenta de lo que sucede, peón? ¿Cómo juegan las negras la partida de una manera tan mezquina e irresponsable? ¿No te imaginas la causa? Ah, si pudieras ver las manos que mueven las piezas, entenderías el motivo. Son las de un solo demiurgo que, displicente, juega la partida contra sí mismo.

EL ABUELO PICADOR

 

Los 20000 hijos de la Junta.

La austeridad que demandan los tiempos ha obligado al Ejecutivo a suprimir más de la mitad de las empresas públicas

Día 06/12/2010 - 08.33h
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra el «decretazo», también conocido como «funcionariazo» o «decreto del enchufismo». Se veía venir. El decreto de reorganización de la administración de la Junta fue aprobado por la vía de urgencia en pleno verano, a ver si colaba, y justo hace unos días, tras un súbito cambio de opinión, se ha remitido al Parlamento para tramitarlo como proyecto de ley. La razón no es otra que la de evitar que los tribunales lo tumben a la primera de cambio en base a que la administración pública no se puede reformar por decreto. En este primer encontronazo con los tribunales ya se percibe la improvisación y la necesidad acuciante que han impulsado a la Junta a tratar de reorganizarse salvando el empleo de las veinte mil personas que han accedido a su puesto de trabajo sin superar pruebas objetivas y que conforman lo que se conoce como «administración paralela».
Salvados por la campana del primer encontronazo jurídico más bien pronto que tarde aparecerán en el horizonte nuevos escollos que embrollarán aún más el intento de colar como empleados públicos a todos los contratados a dedo de la Junta. El Gobierno andaluz ha creado en los últimos años una red de empresas públicas que ha vaciado de contenido una buena parte del trabajo de los funcionarios. Razones de agilidad administrativa, si por ello se entiende saltarse a la torera las leyes administrativas y de control a las que están sometidas las instituciones públicas, son las que aconsejaron a la Junta la creación de una «administración paralela». Ahora, la austeridad que demandan los tiempos ha obligado al Ejecutivo a suprimir más de la mitad de las empresas públicas, eso sí, conservando sus funciones y sus empleados. Algo así como reformémoslo todo para que todo siga igual. Como Lampedusa. Pero en esta ocasión se han encontrado con los funcionarios que no están dispuestos a que se les equipare con los nuevos empleados públicos. La huida del derecho administrativo, con su armazón garantista y sus controles del gasto y la ejecución, han llevado a la Junta a un camino sin retorno en el que la única posibilidad de normalizar la situación sería derogar el «decretazo» y empezar desde cero. Pero la soberbia, de la que andan tan sobrados algunos dirigentes del Gobierno andaluz, ciega a los hombres y les impide adivinar que esta vez la batalla está perdida y que todas sus acciones por adentrarse en el camino erróneo no harán más que agrandar el estrépito de su derrota.


¿Qué fue del 4 de diciembre? 

¿Qué fue de aquel 4-D, cuando el pueblo andaluz se echó a las calles en unas manifestaciones sin precedentes en nuestra escasa historia democrática?


FRANCISCO ROBLESDía 04/12/2010 - 10.52h

Ni los propios organizadores preveían aquella explosión de andalucismo colectivo. Se vieron desbordados por unas masas que se rebelaron para quitarle la razón a Ortega y Gasset, que nos negó a los andaluces la capacidad para levantarnos frente al poder establecido. Aquel 4 de diciembre de 1977 se pierde en la bruma de esa parte de la historia que no le gusta recordar al Régimen. Prefieren agarrarse al 28 de febrero para echarle en cara el referéndum a la derecha, como si la política se redujera al pago de los errores pasados y ajenos al personal que la ejerce en cada momento.
El pueblo andaluz, como hay que decir según la guía ecofeminista que hemos pagado a escote en estos tiempos de crisis, reivindicó aquel día su derecho a existir. La UCD y el PSOE estaban trazando el futuro Estado asimétrico que después reivindicaría Maragall. Tres autonomías de primera y una serie de regiones a las que llegaría, como mucho, la descentralización de los servicios. Pero Andalucía rompió aquel mapa que dibujaron centristas y socialistas hasta el punto de incluirlo en una Constitución que preveía autonomías de dos velocidades. ¿Recuerdan? Las del café solo del 151 y las del cafelito con leche del 143… hasta que llegó Clavero y pidió café para todos. Así fue la historia aunque ahora quieran contarla del revés.
Porque aquel PSOE no era más autonomista que la UCD. Ni de lejos ni de cerca. Hasta que los sociatas se dieron cuenta —en cuestión de reflejos la izquierda le saca varios cuerpos de ventaja a la derecha— del nacimiento de ese andalucismo que podría servir de ariete contra la UCD. Porque las condiciones leoninas de aquel referéndum del 28-F fueron aprobadas por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados: que no se olvide esto, por favor. Luego llegarían el miedo de Suárez, la enrevesada preguntita y el kitsch de Lauren Postigo: andaluz, este no es tu referéndum.
De todo aquello hay miles de andaluces que siguen viviendo como si fueran los rentistas de ese nuevo latifundio que tiene nombre de finca global: Junta de Andalucía. Han pasado treinta y tres años de aquella manifestación y el cuerpo nos pide el tópico latino que le sirvió a Jorge Manrique para preguntarse por las glorias, las pompas y las vanidades ante el cuerpo inerte de su padre. Mas aquel ubi sunt, vulgo dónde están, no tiene sentido por la sencilla razón de que todos están colocados en la malla que han ido tejiendo durante estos años, en esa red clientelar que les sirve, además, para que pueda asentarse el imprescindible suelo electoral.
¿Dónde están aquellos progres que clamaban por la reforma agraria? Colocados en la Consejería de Agricultura o en el Observatorio de la Tagarnina. Ahora solo reforman el mobiliario de los despachos. Aunque para reforma, la de ese decretazo del enchufismo que viene a culminar un larguísimo proceso que ha durado, como se dijo antes, los treinta tres años que nos separan de aquella fecha más que simbólica. No tuvieron lo que había que tener para quitarles las tierras a sus propietarios. Por eso se dedican a esquilmar los bolsillos de los contribuyentes con esos impuestos que luego se gastan en la inmensa agencia de colocación del Régimen. La historia de Robin Hood pero cambiando los personajes de sitio y de clase social.
Las preguntas se vuelven amargas cuando se hacen sin el esparadrapo que tapa tantas bocas en esta Andalucía sometida al poder. ¿Dónde están aquellas ilusiones? ¿Dónde está aquella rebeldía del pueblo andaluz que con el tiempo se ha abonado al silencio de los corderos? Las respuestas caen por su propio peso, que en este caso es la insoportable levedad del ser andaluz.

TRES AVISOS
¿Parados o becarios? Si no se puede terminar con el paro, llama personas en situación de desempleo a los parados. O conviértelos en becarios, que es lo que propone Griñán. ¿Más cursos de formación? Así pasaremos de un millón de parados a dos millones de becarios. Al tiempo…
Privatizaciones. Los mismos que atacaban al PP por las presuntas privatizaciones de la agenda oculta de Rajoy celebran las que ha emprendido ZP. En Andalucía no se privatizará casi nada. Pero no por cuestiones ideológicas, sino por algo obvio: lo público ya es patrimonio privado del partido.
Bendito condón. Los cachorros del Régimen creen que el anticlericalismo es lo moderno, cuando se trata de algo tan rancio como su ideología. Si los aspirantes a «griñaninis» que forman las Juventudes Socialistas quieren provocar a la Iglesia, que lo hagan. Pero con su dinero, no con el de nuestros impuestos. 

EL DECRET0-LEY 6/2010, DE MENTIRAS COMPLEMENTARIAS...


Cuando ví el decreto-ley 6/2010 publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía algo me llamó poderosamente la atención. Hacía unos días que lo había leído, cuando aún estaba en “papel de decisión”, incubado en la web oficial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, esperando ser dado a la tipografía burocrática. Conocía bien su contenido, lo había analizado, había escrito sobre él e, incluso, había tenido el honor, sin duda inmerecido, de ver publicadas mis reflexiones. De modo que cuando leí su título la estupefacción me dominó. Volví a leerlo, era cierto: “Decreto-ley 6/2010...de medidas complementarias del Decreto-ley 5/2010...”; lo releí, mis ojos, aunque ya cansados, no me engañaban.

El estupor dio paso en mí a la indignación, y ésta, poco a poco, cedió su lugar a la rutina de lo cotidiano -que al cabo se impone sobre todo-, dejando, sin embargo, un poso amargo en el ánimo; como una radiación de fondo de melancolía, que va aflorando a la conciencia de modo recurrente e inesperado. E inevitable, también. Ese estado de ánimo que deja la impotencia ante la injusticia y la mentira oficializada y triunfante.

Porque de eso se trataba, de una mentira.

Prescribe la técnica normativa, que el título de las disposiciones jurídicas sea descriptivo de su contenido; que, en cierto modo, constituya la suprema síntesis de su objeto. El decreto-ley 6/2010 se denomina de “medidas complementarias del decreto-ley 5/2010”. Gran mentira porque conforme a la dispuesto en su disposición derogatoria (astutamente redactada, para decir eufemísticamente, lo que no se quiere decir de modo claro y transparente) se deroga el decreto-ley 5/2010; del que no queda vigente ni un solo precepto, ni una sola palabra, ni una sola letra, ni un solo ápice. Por si ello no fuera suficiente, en la parte expositiva se reconoce también de modo explícito (“…se opta por la reproducción del decreto-ley 5/2010…) y cínico (“…dando preponderancia a su carácter didáctico…). De modo que no queda nada que deba ser completado o perfeccionado. La significación semántica del término “complementar” (según el drae: dar complemento a una cosa) requiere la existencia de dos elementos formales: uno, el complementado; otro, el complementario. Obviamente, si no se dan ambos el uso del término es improcedente. Y en este caso no se da el primero de ellos; es decir, no existe en el ordenamiento jurídico la disposición que supuestamente se ha de complementar.

Ahora bien, no todo el que dice una cosa falsa miente, si cree que lo que afirma es verdad. Miente el que teniendo una cosa en la mente manifiesta otra distinta. El mentiroso tiene un doble pensamiento: uno, el que sabe que es verdad, y se calla; otro, el que manifiesta o dice, sabiendo que es falso. No lo digo yo, lo dijo Agustín de Hipona.

En ese estado de cosas ¿podría alguien afirmar que quién dio título al decreto-ley 6/2010 ignoraba que su disposición derogatoria hacía desaparecer del ordenamiento jurídico hasta el más leve rastro del decreto-ley 5/2010? 

Así pues, quién podría dudar entonces que nos encontrábamos ante una mentira en el sentido más riguroso, académico y canónico del término.

Pero no se trataba de una mentira común, de una “mendacium vulgaris”. Esta era una especie de mentira no catalogada, una especie extraña y poco conocida: la “mendacium in nomine iuris” o “mendacium griñanis”. Desde los tiempos de Homero no ha habido siglo cuyos escritores y filósofos no hayan escrito sobre la mentira y los mentirosos. Pero, sin embargo, no tenemos en ninguno de los numerosos ensayos que se han ocupado del tema noticia alguna sobre este tipo de mentira. Se conoce que, hasta la llegada del socialismo andaluz, no se practicaba. De otro modo, Pío Rossi la habría catalogado en su exhaustivo “Léxico de la mentira”. Por desgracia, nos hallamos ante otra vergonzosa aportación autóctona a la historia universal de la infamia.

Porque, aunque a simple vista parezca un asunto de poca importancia, creo que no lo es. Al contrario. Tanto desde la perspectiva del objeto como del sujeto, el asunto es, a mi juicio, extraordinariamente grave.

Objetivamente, porque una mentira contenida en una disposición jurídica –y con rango de ley-, además de un fenómeno extraño, no es ninguna tontería. Sobre todo si se considera que los motivos que inducen a su comisión son mezquinos. Esta mentira no se perpetra por una gran “razón de estado”; ni bajo el argumento utilitarista del mayor bien posible para el mayor número de ciudadanos. Esta mentira es inane; no produce ningún beneficio para nadie; ni siquiera para el que la profiere.

Esta mentira sólo tiene por sustento la soberbia. Sólo trata de colmar la soberbia de aquéllos que no quieren que en modo alguno los disconformes puedan decir que el decreto-ley 5/2010 no ha durado ni cuatro meses. Hecho cierto e incontestable. Para ello, no han dudado en urdir un engaño que no tiene precedentes en la historia jurídica (ni siquiera en la del boja; cuyos disparates darían para elaborar una antología con más volúmenes que los episodios nacionales), y que constituye una ofensa y una grave falta de respeto a la ciudadanía, destinatarios finales y causa de las normas jurídicas.

Y desde la perspectiva del sujeto activo, la cosa no es menos grave. Esta mentira ha sido cometida por el máximo órgano ejecutivo: el Consejo de Gobierno. Y no sólo él. Para ello ha necesitado el auxilio de otros, que si bien no son los responsables directos, son colaboradores necesarios. Me refiero a la Comisión General de Viceconsejeros, de la que forma parte el laureado Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, y por cuyas manos debió pasar necesariamente el mendaz engendro.

Sólo por eso el asunto ya sería extraordinariamente grave.

Es muy triste para un ciudadano decente ver cómo las Instituciones políticas de su comunidad se degradan. Es lamentable constatar cómo esas Instituciones se pliegan a los intereses partidistas de una secta y a los frívolos caprichos de su satrapía. Debe causar vergüenza ajena en las personas decentes de esta Comunidad constatar como la degradación de las Instituciones llega hasta el extremo de ver a la Comisión General de Viceconsejeros como un reflejo degradado de los gabinetes de Fernando VII, con sus aguadores y mozos de cuadras; a la principal institución jurídica del ejecutivo –el Gabinete Jurídico- silente y sumiso, cuando no algo peor. Y al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía convertido en un cónclave de falsarios, presididos por un pavo real.

Considero un deber ético hacer denuncia de estos hechos, porque -como sostenía Denis Diderot, en un panfleto contra los engaños del despotismo, casualmente titulado “mentiras de un tirano”- “toda mentira una vez vilipendiada se ve destruida sin remedio: toda verdad probada lo es ya para siempre”. 

Si se cumple lo declarado por el Gobierno, el decreto-ley 6/2010 será debatido como proyecto de Ley en el Parlamento. Apelo a la integridad intelectual y ética de nuestros representantes –sobre todo a los del partido de la mayoría- y les conmino amablemente a que refuten en un ejercicio práctico el aforismo de Alfred Groser, conforme al cual el poder legislativo se ha convertido en apéndice del gobierno “corrige algunas veces, rara vez rechaza y comúnmente ratifica”.

El otro día , ante las puertas de un edificio público en el que el nuevo caudillo andaluz repartía premios –y, a su vez, se regalaba con un buen banquete a nuestro cargo- ví pasar un perro que con porte elegante y confiado (no parecía que nada a su alrededor le inquietase) arrastraba, entre sus fauces, no sin cierta dificultad, un descarnado hueso de jamón. Se me antojó alegoría de este régimen. No creo en los augurios; está en nuestras manos regir nuestro destino y evitar que esa imagen se torne realidad y que no lleguemos a ver a esta querida tierra nuestra convertida en un despojo arrastrado en las fauces de una fiera avarienta.

Andaluces, levantaos.

Max Estrella, cesante de hombre libre.

La reforma del Decreto-Ley 5/2010 aniquila al personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Francisco Sosa Wagner   
16.11.2010
ImageDebemos aprovechar la ocasión que brinda la manifestación que ha tenido lugar en Andalucía de miles de funcionarios pidiendo una Administración neutral y apolítica para recordar principios básicos que parecen eclipsarse. Lo de Andalucía no es además un fenómeno aislado. Antes al contrario, a mí me llegan desde todos los rincones de España denuncias graves que ponen de relieve hasta qué punto se está desmoronando nuestra función pública. La alegría -y la ignorancia- con la que algunos empiezan a defender el fin de la inamovilidad de los funcionarios públicos produce escalofríos. Era lo único que nos faltaba. Pero más alarma produce defenderla y luego escamotearla a través de la creación de sociedades, fundaciones, organismos y otras miasmas que convierten al personal de las Administraciones en rehén de quienes ostentan el poder político.

Ha sido muy difícil históricamente llegar a disponer de personal técnicamente cualificado. De la venta de oficios, propia del Antiguo Régimen, se pasó a un sistema de elección en los comienzos de la revolución liberal. Los empleos municipales fueron precisamente un ejemplo de ello a partir de la obra de los doceañistas. El esfuerzo de algunas mentes lúcidas, ya en el siglo XIX, fue construyendo el camino hacia la profesionalidad entre los servidores del Estado. Nombres como los de José Posada Herrera, quien se lamentaba de que el ministro tuviera que vivir aherrojado “entre el expediente y el pretendiente”, o el de Juan Bravo Murillo han de ser inscritos entre los defensores de una Administración pública edificada sobre la neutralidad de la técnica y la imparcialidad de los conocimientos. Aunque pocos logros consiguieron.

Ya en el siglo XX es Antonio Maura quien instaura prácticas tímidas destinadas a obstaculizar el recurso al “cese” fulminante cuando había un cambio político. En la inolvidable novela de Pérez Galdós “Miau” se hace un retrato demoledor de esa sociedad en la que el empleado público vivía atemorizado por los vaivenes de la política, por pequeños que estos fueran.

La II República, que algunos tanto añoran en la actualidad, apenas si se ocupó de la función pública y fueron precisamente los secretarios e interventores quienes sufrieron sucesivas y gravísimas “depuraciones” al hilo de las mudanzas que propiciaron, primero las elecciones de 1933 (con un Partido Radical ávido de cargos en pueblos y villas) y luego las de febrero de 1936 (con un Frente popular dispuesto a la revancha sin contemplaciones). En mi libro “Juristas en la Segunda República” (2009) he tratado de probar estas afirmaciones.

En la dictadura de Franco se pasa de la politización extrema (depuraciones y fusilamientos) a lo que se ha llamado el “enfriamiento tecnocrático”, esto es, un intento de despolitización y profesionalización, en parte logrado.

La democracia no ha sabido dar con su propio modelo, llenos como estaban algunos partidos políticos y no digamos los sindicatos de prejuicios hacia los funcionarios. Se abre entonces la vía -pronto generalizada- de la laboralización que permitió contratar sin pruebas públicas a miles de empleados. Tenemos un Estatuto aprobado por ley y se nos ha amenazado con 17 leyes de funcionarios, una por Comunidad autónoma. Mayor festín legal es imposible.

Pero la perversión más peligrosa viene ahora por el camino de los entes instrumentales al servicio de las Administraciones y al servicio del clientelismo descarado que se practica desde la esfera política.

La bandera a levantar es muy clara y está fijada en la Constitución: principio de mérito y capacidad. Reglados los ingresos, los ascensos, las retribuciones... Cuanto menor sea la discrecionalidad en este ámbito, mejor. Y la igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a un puesto público en el frontispicio.

No hay nada que inventar. Todo consiste en ser consecuente con los principios constitucionales. Algo tan simple pero, a lo que se ve, tan difícil...

Republicanismo en Andalucía: el decreto de reordenación del sector público

El catedrático Sosa Wagner dedica estas líneas al problema de los funcionarios y laborales hoy en El Mundo: "Los funcionarios públicos andaluces están sobre ascuas pues acusan a los políticos de arrimar el ascua a su sardina a la hora de diseñar un modelo de Administración que implicará, a la larga, un personal público de nuevas hechuras. El revuelo parte de la aprobación por el Consejo de Gobierno del Decreto-ley 5/2010 de 27 de julio que contiene medidas urgentes en materia de reordenación del sector público andaluz. Una norma esta que podríamos calificar de «amalgama» con pretensiones jurídicas pues en ella se mezclan las churras de la inestabilidad financiera con las merinas de la dinamización del patrimonio agrario de Andalucía.

¿Qué es lo que llama la atención al lector de este Decreto-ley? Pues, ante todo, el hecho de la forma jurídica seleccionada. Y es que se convendrá conmigo que gobernar por «decreto-ley» es una tentación muy poco democrática que desde luego se aviene mal con aquellos que han hecho bandera ideológica de la «democracia deliberativa» y del republicanismo de Philip Petit. Es verdad que otro irlandés, Oscar Wilde, dejó escrito que lo mejor que podemos hacer con la tentación es caer en ella pero tampoco es necesario seguir a Wilde a pies juntillas en achaques de gobierno. Porque, ¿qué dirá el Petit que sostiene que «el Estado debe exponer continuamente sus decisiones al debate ciudadano» cuando lea la edición del BOJA del pasado 28 de julio? En su próximo viaje por España para evaluar la acomodación de la política española a sus reflexiones, será mejor que se le evite el disgusto de visitar Andalucía, una tierra en la que se traicionan sus postulados más queridos y más sabiamente formulados.

Porque es bien cierto que un decreto ley escamotea el debate y lo escamotea allí donde la democracia se nos presenta en carne mortal, es decir, en el Parlamento. Sólo motivos de urgencia pueden justificar el recurso a esta forma heterodoxa de gobernar, lo que no es el caso pues la propia Exposición de Motivos se ve obligada a razonar pobremente balbuciendo que «en el conjunto, y en cada una de las medidas que se adoptan concurren, por la naturaleza y finalidad de las mismas, las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 110 del Estatuto de Autonomía...». A esto se llama en términos del discurso lógico, según recuerdo borrosamente del bachillerato, petición de principio que cobra nueva dimensión cuando se añade que «este proceso de reordenación del sector público persigue no solo una mayor racionalización del gasto sino que además se dirige a incrementar la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía». Se comprenderá que tal afirmación, por su descomprometida vaguedad, se puede aplicar indistintamente a cualquier roto o a cualquier descosido del que sea autor un gobernante. Como lo es la afirmación según la cual «este proceso de racionalización ha de conseguir que el sector público se convierta en un agente económico ágil y cercano a la ciudadanía y al tejido productivo». Quienes ya, ay, peinamos abundantes canas podemos afirmar que los burócratas de los planes de desarrollo de López Rodó no lo hubieran escrito mejor.

No, señores gobernantes andaluces. El Decreto ley 5/2010 contiene un modelo alternativo que extrae del acervo de la tradicional Administración pública un conjunto de funciones y servicios para confiarlos a unas nuevas organizaciones parapúblicas en las que se huele a distancia el guisote de la privacidad. Se puede creer en ellas como mejores y más eficaces, aunque resulta raro cuando se gobierna bajo el pabellón socialdemócrata, pero la apuesta por un cambio de tal magnitud no puede hurtarse a la voluntad popular representada en el Parlamento. Y presentarla en público tapando sus vergüenzas con la escueta hoja de parra de un decreto-ley.

De otro lado, a la vista de su articulado, no se sabe a ciencia cierta qué va a quedar en manos de las tradicionales consejerías, orientadas en el futuro a componer el simple decorado de un escenario más bien inane. Como la ley de Gresham nos enseña que la moneda mala expulsa a la buena, me preocupa que el ejemplo andaluz cunda y, por eso, pienso que sería bueno formular al Tribunal Constitucional la pregunta de si una operación de este calibre envuelta en el endeble celofán de un decreto-ley se ajusta a nuestro orden jurídico. Aunque sus entrañables magistrados contesten según los plazos geológicos que suelen manejar, su respuesta podría acaso evitar males desparramados por las tierras de España.
* Francisco Sosa Wagner es catedrático de Derecho Administrativo y eurodiputado por Unión, Progreso y Democracia (UPyD)

JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2010 10:02 - ESCRITO POR ANTONIO GUERRA, EN EL MUNDO

Reproducimos el artículo del amigo Antonio Guerra, que fue socialista y responsable de El Socialista cuando Franco vivía. Está en El Mundo: "Por razones más personales que objetivas hace años que prometí no volver al periodismo, un oficio que ha ocupado más de cuarenta años de mi vida. Sin embargo, este prolongado exilio se interrumpió hace poco por causa de mi buen amigo y compañero Paco Rosell. El director de este periódico me pidió unas líneas a la muerte de José María Javierre, algo a lo que no podía negarme por motivos de amistad y agradecimiento. Hoy vuelvo por un motivo familiar: Tengo dos hijos funcionarios, uno en la Junta de Andalucía y otro en el Ayuntamiento. 

A los dos los he visto trabajar durante años, hasta altas horas de la madrugada, en la preparación de las oposiciones; los he visto insistir con esfuerzo y entusiasmo en las distintas convocatorias, hasta conseguir el puesto, después de renunciar a muchas horas de sueño y a diversiones propias de su edad.

Uno de ellos, tras terminar la carrera de Derecho, con un aceptable expediente, ha insistido en nuevas oposiciones hasta alcanzar el nivel máximo en su dedicación a la Función Pública. Le gusta (o más bien le gustaba) su trabajo como funcionario y era feliz en ese interesante rompecabezas que por lo visto presenta la Administración en su faceta ejecutiva. Me lo he encontrado el otro día en plena protesta de los funcionarios. Ya saben que los padres leemos en los gestos de los hijos su estado de ánimo. Estaba hecho polvo. 

No hay peor cosa que ver a una persona honrada y cumplidora tratada injustamente, humillada por los sinvergüenzas de turno que han hecho de la política un régimen sectario y prevaricador en beneficio de un partido. Un régimen político que empieza a considerarse vergonzoso por muchos miles de andaluces. Más vale tarde que nunca.
No crean que este comentario sobre la manifestación de 30.000 funcionarios, llegados de todos los rincones de Andalucía sin que nadie les pague el viaje y el bocadillo, es sólo el lamento de un padre dolido, aunque también. Esta protesta ha sido un ejemplo de civismo, y hasta de buen humor, lo queme ha hecho pensar que en Andalucía se empieza a entender lo que es la verdadera democracia. Y, si esto es así, la cuestión deja de ser la queja de un padre para formar parte del periodismo de denuncia, gracias al cual tantos políticos han sido retirados de la circulación por apropiaciones indebidas por parte de ellos o sus señoras. 

Volvamos a la manifestación. Ni un insulto. Ni una voz fuera de tono, ni la más mínima alusión a ningún partido político, y ni siquiera la petición de un aumento salarial, a pesar de las injustas rebajas que los manifestantes han sufrido por motivo de la crisis. Sólo se percibía la emoción que contagia el grito de la verdad cuando está respaldado por un comportamiento valiente y cargado de razón. Las personas ajenas al entramado policial de la Administración socialista no pueden imaginar el valor y la entereza que hacen falta para que 30.000 mujeres y hombres se lancen a la calle sin temor a las represalias. Por esta razón, el ejemplar comportamiento democrático de los funcionarios andaluces es posible que vaya más allá de la consecución de sus objetivos, porque significa una nueva dinámica, un despertar en Andalucía que puede acabar con un régimen de treinta años, que se ha servido de trampas y no pocos subterfugios para mantenerse en el poder.

La protesta de los funcionarios se enfrentaba a un decreto –que se comentará en una próxima entrega– por el que se pretende blindar en la Administración Pública autonómica un puesto de trabajo, para toda la vida, a 22.000 sociolistos sin el mínimo esfuerzo ni el reconocimiento de ningún mérito. La única aportación de estos afortunados del favor político por decreto consiste en ser militantes o simpatizantes sumisos del PSOE, o amigos de algún señorito del poder regional. Igual, exactamente igual, que los gañanes de los antiguos cortijos andaluces.

Es lógico que, en un número tan elevado de trabajadores, también los haya competentes. Incluso que no hayan accedido al puesto de trabajo por el indecoroso nepotismo del Puño y de la Rosa (Torres). Pero ninguno de ellos podrá negar en el resto de su historia laboral, que han accedido al puesto de funcionario, o lo que sea, por la puerta falsa y en detrimento de unos empleados que consiguieron su trabajo mediante un gran esfuerzo, que después han continuado con una ejemplar dedicación a los servicios públicos de nuestra región. Por favor,  no se confunda –como ya empiezan a hacerlo, miserablemente, algunos beneficiados del enchufe y los mal llamados sindicatos mayoritarios- a este tipo de funcionario honesto y cumplidor con aquellos otros que se unieron al carro dominante del partido político en el poder, y convirtieron su actividad funcionarial en carrera política, haciendo de soplones o sicarios del PSOE, antes de proteger con dignidad la independencia que les confieren las disposiciones estatutarias del funcionariado.

Estuve en la manifestación. No les hablo de oídas. Y miente con mezquindad el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, cuando culpa a los manifestantes de ser transmisores de las propuestas del PP. Estuve allí y puedo afirmar que ni una sola voz ni pancarta aludió a ningún partido político para bien o para mal. Incluso hablé con algunos conocidos manifestantes que militan o simpatizan con la izquierda o están muy cercanos a ella. Sólo reclamaban, con toda dignidad y la fuerza de la razón, la regeneración que merecen por ley los
funcionarios públicos, como ha señalado con acierto Javier Caraballo en su artículo Mar de fondo (EL MUNDO15.11.2010), que no deben perderse los que quieran conocer con propiedad las entrañas del problema.

Las declaraciones de Griñán, politizando arteramente la actitud pública de estos funcionarios, al considerarlos portavoces del PP, muestra la pobreza de un talante político miserable y mentiroso. Cuando en política se recurre a la mentira es porque faltan los argumentos y las razones que terminan sustituyéndose por la demagogia. Una pena. Porque la llegada al poder de Griñán, por un procedimiento poco democrático, supuso un cierto alivio para muchos andaluces ante sus primeras declaraciones, que parecían alejarle de la política sectaria y dictatorial que padece nuestra región desde hace treinta años.

Después, José Antonio (¡presente!) Griñán está haciendo buena a la satrapía chaviana que lo puso a dedo en donde está, hasta que ha superado con creces todos los niveles de incompetencia muy por encima del principio de Peter. El pobre Griñán no acierta nunca, en medio de una ristra interminable de errores y torpezas. Lo único que falta, ante su fracaso político y su total inutilidad como presidente de la Junta, es que ahora quiera quitarse de encima las graves consecuencias de su decretazo culpando a los funcionarios de ser mensajeros del PP.

¿Les cortará también las manos, como en las antiguas tiranías, por no traerle buenas noticias a su Palacio de San Telmo?" 

Antonio Guerra es periodista y médico.


LUNES, 22 DE NOVIEMBRE DE 2010 09:42 - ESCRITO POR ANTONIO GUERRA, EL MUNDO

Segunda y tercera entregas de Antonio Guerra en El Mundo sobre el problema de funcionarios y laborales en la Junta de Andalucía por el "decretazo": "A pesar del interés informativo que han prestado algunos medios en la polémica reordenación del sector público de la Junta, muchos amigos te abordan en la tertulia o en la calle con la siguiente pregunta: ¿Qué ocurre con los funcionarios? La respuesta no se hace esperar: ¿Pero no lees los periódicos? Y el amigo/a responde boquiabierto, casi desorientado, que por supuesto lee la prensa todos los días, pero que no acaba de enterarse. Tal vez porque el árbol no deja ver el bosque. Efectivamente, en este asunto, hay mucho árbol cercano (manifestación, opiniones encontradas, torpezas políticas, acusaciones de las partes) que no dejan ver el tenebroso bosque donde se ha gestado este monstruoso conflicto. Como en tantas situaciones de la vida, lo mejor en estos casos es empezar desde el principio. 
Desde Plácido Fernández-Viagas (aunque el honesto magistrado aún no disponía de competencias para cometer estos atropellos) hasta el José Antonio Griñán que hoy padecemos los andaluces, a los socialistas nunca les han caído bien los funcionarios, y mucho menos los de carrera. Un abogado muy cercano al pintoresco Rafael Escuredo, hoy retirado en su bufete y apasionado por el golf, me contaba ayer que el día que le demostró al presidente, con la ley en la mano, que estaba equivocado en aquella insólita reforma agraria iniciada con Manaute (q.e.p.d.), Rafael lo miró de soslayo -aunque Escuredo es un mirlo blanco y tolerante en las filas del PSOE- y con gesto desabrido lo despidió del despacho. El abogado golfista, en aquel tiempo funcionario y militante del partido que iba a hacer de Andalucía una segunda California, duró muy poco como asesor de la Presidencia. No hace falta que les cuente cual fue el final de aquella rocambolesca reforma agraria, más propia de Pepe Isbert en Bienvenido, Mister Marshall, y tan lejos del planteamiento serio de un problema tan importante. 
Les cuento otro caso, éste más reciente, de un jurista todavía sin jubilar y al servicio de la Junta de Andalucía. Presten atención porque esta anécdota, además de demostrar la importante labor del funcionario, es pura noticia porque no creo que se haya publicado hasta ahora. Resulta que Manuel Chaves conocía, o debió conocer, los riesgos legales a los que se exponía cuando presidió el Consejo de Gobierno que aprobó una subvención de 10, 1 millones de euros a favor de la empresa Mina de Aguas Teñidas (Matsa) donde su hija ocupa un puesto importante, además de ser ella quien gestionó la subvención. La misma mañana que fue aprobado el importante desembolso, este funcionario advirtió de la ilegalidad en que Manuel Chaves incurriría si presidía el Consejo que iba a premiar a su hija con tanta generosidad. Como no estuvo a su alcance la posibilidad de advertir al presidente, el funcionario se dirigió a Gaspar Zarrías para informarle del desliz. La respuesta de esta prenda de valor procedente de Jaén, y hoy en el Gobierno central llevado de la mano por su jefe, fue la siguiente: «¿Y tú quién eres para decirle al presidente lo que tiene que hacer?». No cabe duda que los socialistas tienden a imponer la autoridad por encima de la razón, lo que no es muy democrático. 
Me ha parecido oportuno contar estos casos para hacerles comprender la importante labor del funcionario ante el cumplimiento de la ley, que el político no tiene por qué saber al dedillo, en tanto que el trabajador de la Función Pública conoce hasta sus mínimos detalles porque ha debido demostrarlo en duras oposiciones para alcanzar el puesto que desempeña. Se trata de una cuestión de seguridad jurídica que, desde los tiempos de Montesquieu, ese hombre tan denostado por Alfonso Guerra, es imprescindible en todo Estado de Derecho. 
A niveles inferiores, el trabajo del funcionario no es de menor entidad, incluso tal vez sea más eficaz que en estos asesoramientos en la cúpula. La Función Pública es una garantía en los distintos controles de la Administración para el cumplimiento de la ley, en el caso de que el funcionario sea verdaderamente independiente de los políticos. En la Junta de Andalucía, donde se encuentra tan deteriorada esta independencia, deberían seguir el ejemplo de Francia. En este país, la labor del funcionario está considerada como una dedicación de alto rango social. Es una carrera universitaria asistida por un Centro de Altos Estudios de la Administración en el que la exigencia intelectual es elevada. Por otra parte, los servidores del Estado y de la sociedad francesa gozan de una independencia jamás soslayada por los políticos. Pretender ofrecer a la Andalucía socialista este ejemplo es como echar margaritas a los cerdos. En el caso de nuestra región, hace treinta años que no se respeta esta independencia de la Función Pública. Políticos y cierto número de funcionarios forman una partida de 'El Vivillo', una sucia amalgama de intereses espurios a favor de un partido único y avasallador, cuyos políticos, para desconsuelo de la situación, son rechazados por una mayoría de la sociedad andaluza. Rechazo que habrá de tener su reflejo en las próximas elecciones municipales y autonómicas. 
Seguro que es a este tipo de empleados públicos espurios a los que se refería la consejera de Hacienda y Función Pública, Carmen Martínez Aguayo, cuando declaraba, exaltada y dolida: «Basta ya de desprestigiar a los empleados públicos». Por favor, señora consejera, colega insigne, ¿cómo puede hablar en estos términos, tan excitada y sin sonrojo? Son los socialistas de su Gobierno los que han desprestigiado, desprestigian e intentan humillar con un decretazo a los funcionarios. Lo que ocurre, galena dolorida, es que usted habla de un tipo de empleados públicos -los que les hacen el juego a su Gobierno-, y los que se manifiestan, la gran mayoría, son los perseguidos por el PSOE en el poder. No mezcle, señora, churras con merinas, porque están las cosas muy claras desde que ustedes gobiernan en Andalucía. 

El miedo es el síntoma final del perdedor. 
Lo grave es cuando el miedo se convierte en odio ante próximas e inminentes derrotas. Este puede ser el diagnóstico psiquiátrico del PSOE. El origen y desarrollo del decreto-ley 5/2010, que pretende regular el sector público andaluz, muestra con claridad esta secuencia patológica y a la desesperada, ante la cercana posibilidad de que los socialistas pierdan el poder en Andalucía. Si usted no tiene el día muy cargado, acompáñenos al nacimiento y desarrollo del dichoso decreto y comprobará como el Gobierno ha obrado con torpeza y aviesas intenciones en el origen y desarrollo de esta norma jurídico-administrativa, para sufrir después la explicada secuencia miedo-odio. 
Primero fue la acusación de Griñán llamando a los funcionarios mensajeros del PP. Después, el sindicato socialista, el de las grandes mercedes a los piqueteros liberados, que pagamos los contribuyentes españoles, los acusó de franquistas. Y así hasta una continuada sarta de mentiras que ha enriquecido la consejera de Hacienda y Función Pública, evidenciando el síntoma (y ella debe saber algo de este tema) del miedo que termina en odio ante la desesperación de lo inevitable. 
La misma fecha de este decreto -ley, el 27 de julio de 2010-, ya es, de por sí, un insulto a la inteligencia. Con las maletas hechas para las vacaciones, el Gobierno andaluz decidió la reforma, con tanta alevosía como nocturnidad. Es posible que la recua de los numerosos y avispados asesores del presidente de la Junta le aconsejaran que, al calorcillo del verano y con las posaderas en remojo, pasaría de matute la descabellada regulación del sector público andaluz, y a la vuelta del descanso estival ya estuviera todo tramado y bien tapado. Así, los socialistas se quitaban de encima el problema de una Función Pública hipertrofiada por interinos y personal laboral, que ellos mismos han creado, colocando a dedo a los parados con carnet del partido, al primo del cuñado de los hermanos todos y al compañero/a de cama de un distinguido prócer del Gobierno o dirigente del PSOE. 
No sé si los principios del Derecho contemplan el animus injuriandi no sólo en el acusado, sino también en el legislador. Pero si así no fuera, habría que crear esta figura en el Código Penal, para juzgar con severidad el animus vacanti con el que se ha pretendido engañar a los ciudadanos -funcionarios y periodistas en particular- valiéndose de las vacaciones. Esta malicia legisladora del Gobierno andaluz, añade un motivo aún más grave que la fecha escogida. Porque además lo hicieron con un perfil antidemocrático y sectario, como viene siendo habitual en este partido a todos los niveles del Estado. Griñán y los suyos consensuaron la representatividad de los funcionarios y empleados afectados por este decreto con la mesa de la Función Pública, en la que sólo participan los sindicatos de clase CCOO y UGT, y no con la mesa sectorial de la Función Pública, en la que, además de estos dos sindicatos amigos del PSOE, se integran CSIF, SAFJA y Ustea, que representan mayoritariamente a los funcionarios afectados. ¿Por qué esta discriminación? Sencillamente porque estos tres sindicatos de ninguna de las maneras hubieran consensuado con la Junta una reforma de la Función Pública tan chapucera e injusta. 
El rechazo de los sindicatos incómodos muestra hasta qué punto el PSOE padece, desde hace tiempo, un déficit democrático que lo sitúa en la manipulación y el engaño propios de los regímenes totalitarios. Parece mentira que a un partido al que se le llenaba la boca con el grito ¡Socialismo es libertad!, y se jactaba de haber traído la democracia a nuestro país, ahora se valga de estas cacicadas con la nocturnidad de unas vacaciones a punto de comenzar, además de evitar la representación de los trabajadores afectados. Aunque el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, el Gobierno andaluz sabía con certeza, al consensuar con CCOO y UGT el decreto-ley 5/2010, que estos dos sindicatos sólo representan, en su conjunto, a un escaso 29.54% del funcionariado (17.27 % UGT y 12.27 % CCOO), en tanto que los tres sindicatos restantes alcanzan una representación del 42.55 % (CSIF 27.27 %, SAFJA 22.73 % y Usted 19.55 %), al que hay que unir un alto porcentaje del 27 % de los funcionarios no afiliados. 
En principio se comprende mal que CCOO y UGT, que proclaman con pasión mitinera la solidaridad con todos los trabajadores, hayan pactado con el Gobierno andaluz, al socaire de un ocultismo prevacacional y antidemocrático, un acuerdo sobre unos empleados de los que ellos no son representantes mayoritarios, y a los que han traicionado con un talante poco sindicalista. ¿O es que los funcionarios (muchos de ellos con sueldos muy inferiores a los liberados de UGT y CCOO) no son trabajadores dignos de su defensa? Pero lo que aún se comprende menos es que CCOO, una central obrera que aún conserva cierto prestigio entre la clase trabajadora, se haga cómplice de un sindicato vertical, partidista y corrupto como UGT. El bueno de Marcelino Camacho, fundador de Comisiones, se habrá revuelto en su tumba ante el comportamiento de sus compañeros andaluces. 
La culpa de que la Función Pública andaluza haya llegado a la situación insostenible en que se encuentra, sólo es achacable a los socialistas, tanto en los Gobiernos anteriores como en el presente. De las 23.476 personas a las que afecta el decreto-ley, sólo 2.069 son funcionarios. El resto de los afectados se desglosan en 1474 trabajadores como personal laboral de la Junta, y nada menos que 19.933 personas contratadas por diferentes empresas del Gobierno andaluz, muchas de ellas ejerciendo labores de funcionarios desplazados de sus funciones por estos intrusos, que sólo han contando con el favor de los socialistas para ocupar su puesto de trabajo. Ahora, cuando la situación ya se hace insoportable, la Junta de Andalucía pretende crear, mediante el citado decreto, seis agencias públicas empresariales y dos de régimen especial, para alojar legal y definitivamente a estos 20.000 afortunados que han ocupado la Administración autonómica sólo por el favor político, a cambio del cual han contribuido a los distintos Gobiernos socialistas como miembros de la gleba. De lo contrario, en vista de la interinidad de su situación laboral, eran puestos al cabo de la calle, algo casi imposible en el caso del funcionario. 
Cualquier persona con dos dedos de frente se hará el siguiente planteamiento: Si Andalucía necesita más de 20.000 funcionarios y sólo hay 2.069, lo que debe hacerse es nombrar los tribunales correspondientes y sacar a concurso, mediante oposiciones, las plazas necesarias. Pero en este caso sería imposible para el PSOE manejar a su gusto la Administración, un importante sector para utilizarlo como agencia de colocación al servicio de la militancia, y también como un eficaz instrumento para la financiación del partido. Por otra parte, una regulación tan importante del sector público no es posible hacerla en el escaso tiempo que resta de legislatura. La solución está en abordar el problema con la mesura y el tiempo que necesita esta reforma. Lo razonable sería que se realizara a través del Gobierno que quieran darse los andaluces, con su voto libre y democrático, en las próximas elecciones autonómicas. ¿Se comprenden ahora las prisas del señor Griñán? Aquí están los balidos de la madre del cordero que quita el sueño a los socialistas acomodados por el único mérito de un carnet de partido.

DE LA REVOLUCIÓN SOCIAL EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA A LA
CONFLICTIVIDAD SOCIAL.
Hace ya algún tiempo que resulta incuestionable que en nuestra Comunidad Autónoma
estamos asistiendo a una auténtica revolución social protagonizada por los empleados públicos de la Junta de Andalucía que, junto a los opositores y ciudadanos en general, se han revelado contra el Decreto Ley 5/2010, auténtico símbolo del nepotismo, enchufismo y desvergüenza del gobierno andaluz, un gobierno que no escucha, que manipula permanente a la opinión pública y que no se ha dado cuenta, o no quiere darse, de que las protestas no son una rabieta ocasional y aislada de unas pocas personas (unos 40.000 nos manifestamos el día 13 de noviembre en Sevilla), sino un auténtico movimiento social que no va a decrecer, por más que CANAL SUR, la televisión de ¿todos? los andaluces, se empeñe día tras día en manipular las noticias, alterando la realidad de los hechos que están sucediendo o silenciando los mismos, sometiendo los acontecimientos a una auténtica censura informativa digna de tiempos pretéritos.
Dijo hace algún tiempo Groucho Marx que “la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar un remedio equivocado”. El Sr. Griñan y su antecesor en el cargo (Manuel Chaves) buscaron y encontraron un problema: en su afán de huir del Derecho Administrativo y del control presupuestario, y facilitar la contratación de personal afín sin un proceso selectivo basado el los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, crearon una “Administración” paralela (A TODAS LUCES INNECESARIA) formada por un entramado de cientos de empresas públicas, fundaciones, consorcios o sociedades mercantiles. Si al personal contratado en las mismas le unimos los contratos de asistencia técnica, superfluos, innecesarios y ficticios en muchos casos, celebrados en su mayor parte sin publicidad, y firmados para colocar personal en los Servicios Centrales y Periféricos de la Junta de Andalucía (la mayoría de ellos en puestos reservados a funcionarios que se desdotaban en las RPT), el personal externo que trabaja para la Junta ha alcanzado la nada desdeñable cifra de unas 35.000 personas (ni la Junta lo sabe, o no quiere saberlo).
Buscado y encontrado el problema, y ante la adversidad de las encuestas políticas, hicieron un falso diagnóstico que no se creen ni ellos mismos y aplicaron el remedio equivocado: basándose en una extraordinaria y urgente necesidad que no concurre, y por razones de eficacia, eficiencia y economía del gasto público (tiene huevos), por Decreto Ley hay que meter (por no decir “enchufar”) a todos los contratados en la Administración Pública, y ello, a costa de los empleados públicos (género a extinguir por más que algunos PLD lameculos y soplagaitas traten de convencer al resto de que no), opositores y ciudadanos en general, cuyos servicios públicos esenciales acabaran privatizados (mejor dicho, politizados). Una vez trazado el plan, había que buscar cómplices, y nada mejor y más fácil que dos sindicatos, suficientemente engordados y atiborrados de subvenciones públicas y otras prebendas, y que hoy son una sombra alargada y lúgubre de lo que fueron: UGT y CCOO.
Pero ha ocurrido que el plan se ha torcido, quizá como ya dije en otra ocasión, porque no contaron con algo tan sumamente peligroso para la tiranía como es la DIGNIDAD, surgiendo una revolución social en Andalucía que, poco a poco, y debido a la mediocridad, mezquindad y mentiras de ciertos políticos y sindicalistas tiene trazas de convertirse en un auténtico CONFLICTO SOCIAL. Y digo esto con fundamento, porque cada vez que alguno de los principales responsables sindicales y políticos hablan en los medios de comunicación social de lo que está ocurriendo, “sube el pan”, y también los termómetros, exaltando aun más a los empleados públicos ante las injurias y mentiras que escupen y consiguiendo aumentar progresivamente las movilizaciones en todas las provincias andaluzas, al tiempo que se incrementa el número de personas que salen a la calle, y con ello, el nivel de concienciación de la ciudadanía que, afortunadamente y a marchas forzadas, empieza a tomar conciencia de la importancia de la figura del empleado público en la defensa de los valores esenciales de  nuestra comunidad y de lo que realmente se está cociendo en la Junta de Andalucía.
2 a) Empezando por la cabeza, y omitiendo sus reiteradas, engañosas y enfermizas referencias al PP como instigador único y desalmado de esta revolución social, resultan cuando menos llamativas las últimas y más recientes palabras del Sr. Griñan que ha dicho públicamente que ningún artículo del Decreto Ley dice que se pueda ser funcionario sin un procedimiento basado en el “principio de publicidad”. ¿Ha olvidado quizás el Sr. Griñan otros tres principios esenciales de acceso a la función pública como son los de igualdad, mérito y capacidad?. ¿Es olvido, o ignorancia?. ¿O quizás hay algo más?.
b) Las Sras. Moreno y Aguayo, no se quedan atrás, y cada vez que abren la boca, es para escupir un hediondo aliento a mentira y manipulación, como cuando dicen que los empleados públicos están protestando por la rebaja de las pagas extras, que están desinformados, que no están en contra del Decreto Ley sino que se manifiestan por motivos políticos o, que los funcionarios están desprestigiando a los empleados públicos que no son funcionarios. Sra. Aguayo, creo que usted es médica, pues dedíquese a recetar, y deje la Consejería porque todavía, y ya ha llovido, no tiene ni idea de lo que es un empleado público. Se lo explico por tercera vez en un mes: los contratados en sus fundaciones, sociedades mercantiles, empresas públicas, etc., NO SON EMPLEADOS PÚBLICOS. Déle una ligera lectura al Estatuto Básico del Empleado Público, a la Ley de Función Pública de Andalucía y a la jurisprudencia de este país, y NO CONFUNDA A LOS CIUDADANOS/AS con sus juegos de palabras. Para ser empleado público (condición reservada única y exclusivamente a los funcionarios, personal laboral del VI Convenio de la Junta, interinos y eventuales), para ser funcionario o laboral de la Junta de Andalucía, HAY QUE SUPERAR UN PROCESO SELECTIVO BASADO EN ESOS 4 PRINCIPIOS QUE USTED YA SABE, PROCESO QUE EL PERSONAL EXTERNO NO HA SUPERADO. Para que usted lo entienda mejor, léase algo, un poquito aunque sea, de las
Relaciones de Puestos de Trabajo y del Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.
Haga un esfuerzo, venga.
Y compórtese, Sra. Aguayo, porque hoy en Córdoba, en la inauguración del curso de la UNED, puedo entender que se enfade porque sea difícil dar un discurso con un engorroso ruido de fondo de pitos, vuvuzelas y megáfonos, y con gritos tales como “Aguayo dimisión”, “esto no es vuestro cortijo”, o “esto sí que es una dictadura”), pero jamás entenderé por qué a tres de mis compañeras, y a uno de mis compañeros, a gente humilde y sencilla, a personas que estaban invitadas al acto, que son de la UNED, por el solo hecho de ponerse y lucir una camiseta de color naranja o blanca con una cruz en su presencia, sin decir nada, sin alborotar, sin pitar, ni gritar, y permaneciendo sentados, los han sacado del recinto como si fueran delincuentes, incluso a una de ellas a rastras por el suelo. Simplemente por lucir en silencio una camiseta que decía: “DEROGACIÓN DEL DECRETO LEY 5/2010 YA”. Hasta un miembro respetable de su partido (cuyo nombre silencio para que no le reprima) ha manifestado públicamente que ha sentido vergüenza ajena al ver como desalojaban a las chicas. Creo que está usted nerviosa, y es normal. Ayer cuando abandonaba Córdoba la vi en su coche, y me pareció que estaba algo abatida (o quizá fuera cansada). Pero sepa que la tramitación del infame Decreto Ley como proyecto de Ley, aún va a encender más los ánimos, y si cree que esa artimaña legal nos va a hacer desistir, está usted totalmente equivocada. Estaremos allí ese día, en el Parlamento, y ojala 50.000 andaluces lo rodeen, creando un manto de libertad, dignidad y democracia. Y le cantaremos el himno de Andalucía, ese que habla de levantarse (ANTE LAS INJUSTICIAS), de esperanza, de libertad y de hombres de luz (¿Se lo sabe?). Y seguiremos después de ese día, luchando hasta que derogue esta innoble basura normativa.
3 c) Mención especial merecen los escuderos sindicalistas, Sr. Carbonero y el Sr. Pastrana (también su ahijado intelectual, el Sr. Dionisio Valverde), que tampoco se quedan a la saga, pues cada vez que hablan demuestran que el conocimiento que tienen de los entresijos del Decreto Ley es equiparable a la lectura de un rollo de papel higiénico. Dejen de desprestigiar a los empleados públicos andaluces con sus estupideces, y dedíquense a intentar recuperar junto a sus lideres nacionales (aunque les advierto que es misión imposible), el prestigio de sus organizaciones sindicales, el más bajo de la historia de la democracia. Cuidado con sus amenazas, señor Valverde, con eso de dar dos palmadas y sacar a la calle a 3.000 sindicalistas (liberados, supongo), porque una batalla empleados públicos-liberados sindicales, no sé físicamente por más que yo quisiera salir de la duda, pero moral y socialmente la tiene perdida de antemano ante la opinión pública, y si no, a ver como le explica que quieren cerrar las bocas de quienes defienden, de una parte, la imparcialidad y objetividad de la Administración Pública, y de otra, a los propios ciudadanos al luchar contra el enchufismo y el control político (y sindical) de la Administración. Relájese, y dé palmadas, muchas, pero en su pecho, entonando el “mea culpa” por este excremento normativo que el gobierno andaluz ha aprobado con su complicidad. Y dejen de jugar a ser legisladores en materia de función pública porque no tienen ni puta idea. Mírense en el espejo de sus dos fracasadas huelgas generales de este año a ver que ven y saquen conclusiones. Y digan algo coherente cuando hablen, algo que no sea “…franquistas, tardíofranquistas, fascistas, nacionalismos excluyentes, más fascistas, otra vez franquistas…” y un sinfín de sandeces más que solo pueden provenir de quienes tienen escasos o, más bien, nulos argumentos para defender algo.
Para concluir, y en definitiva, lo único que pretendo, políticos/as y sindicalistas, es llamar su atención sobre la innegable realidad de que, del aumento de la crispación y de la exaltación, de los posibles choques o confrontaciones que pueda haber en un futuro, todos ustedes con su actitud, con sus frases, con sus mentiras, con sus manipulaciones serán LOS ÚNICOS RESPONSABLES. Por eso, sean listos y midan sus palabras. No olviden que son “personas públicas” (algunos más bien personajillos). Bastaría con ser sinceros y contarle a los ciudadanos/as de Andalucía lo que, en realidad, el Decreto Ley significa, y para qué lo han dictado. Bastaría con derogarlo. Y les recomiendo que escuchen a los ciudadanos y que observen lo que está pasando estos días en Andalucía, pues se darían cuenta de que los rostros de las personas que salen a la calle rebosan dignidad, de que la bandera blanca y verde, treinta y tres años después de las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, resuma libertad, y de que nuestro lema es un viejo proverbio que dice que “la gota de agua no rompe la piedra por su fuerza sino por su constancia”. Vamos a seguir hablando en las calles, una y otra vez, de formaincansable, y pacífica, y entre todos, acabaremos derogando este innoble Decreto Ley. Hasta que llegue ese día, cuando trabajen, cuando vayan al baño, cuando conduzcan, cuando descansen, cuando coman, cuando lean, cuando paseen… alguien con una camiseta naranja, o blanca con una cruz negra, o de torretriana o de otro tipo puede aparecer de improviso con un silbato, un enchufe o un megáfono de los chinos. Pero no se preocupen, que no somos peligrosos. Solo soñadores de un mundo mejor y defensores de la dignidad y la legalidad vigente. Y métanse en la cabeza que las movilizaciones no van a cesar, que irán a más, que tras la navidad (que están esperando como agua de mayo) van a continuar, y que seguiremos luchando por la derogación de esta norma que supone una mancha negra y putrefacta en la historia del pueblo andaluz.
Fdo.: Rafael Delgado (funcionario de la Junta de Andalucía).
 

 

José María Herrera: "Esto es una revolución social que ha pillado a traspié a Junta y sindicatos"

http://www.diariocordoba.com/noticias/noticia.asp?pkid=600039

27/11/2010 ISABEL LEÑA


Portavoz José María Herrera, ayer.
EDAD 60 AÑOS
TRAYECTORIA 39 AÑOS EN LA ADMINISTRACION. TRABAJA EN LA DELEGACION DE AGRICULTURA.
--¿Por qué consideran que el decreto supone la muerte de la función pública?
--Porque cuando todo el empleado público pase a las agencias con el personal de las empresas públicas, la relación de puestos de trabajo quedará vacía de contenido. ¿Qué ocurrirá con el funcionario que diga que no quiere pasarse a las agencias? Lo van a encerrar en un cuarto oscuro, como decimos nosotros, no va a tener trabajo. Con el tiempo, como no se podrá reubicar, entrará en una situación de excedencia voluntaria y se quedará sin cobrar. La Junta pensaba que los funcionarios éramos borregos, que nunca nos íbamos a manifestar. Pero esto es una revolución social que ha pillado a traspié a los sindicatos y a la Junta. Lo que está pasando en Andalucía no ha pasado nunca en España. Están nerviosos. Y ahora intentan justificarse con las medidas complementarias que publicaba ayer el BOJA. Pero nos siguen engañando porque no se modifica el decreto. Solo intentan maquillarlo.

--¿Por qué dicen que promueve el enchufismo?
--A lo largo de estos años hemos visto que se está rompiendo lo que la Constitución exige de igualdad, mérito y capacidad para acceder a un puesto de la Administración pública. Y ese personal está en empresas que el decreto reconvierte ahora en agencias donde van a integrar a los empleados públicos.

--¿Cuántos damnificados por el decreto hay en Córdoba?
--No se sabe con exactitud, pero podemos ser 5.000 o 6.000.

--¿Cómo afectará esta medida al ciudadano?
--Se encontrará que quien lo atiende no es un funcionario, sino un empleado de las agencias que no tiene competencia para darle una respuesta.
--La Junta ha decidido tramitar el decreto en el Parlamento para garantizar el debate político, ¿lo ven suficiente?
--Será suficiente cuando veamos derogado el decreto. Ya es por nuestra dignidad como empleados públicos. Porque detrás del decreto ley se esconden los borradores de las agencias. Ahí es donde la gente se da cuenta del lío tan grande donde nos vamos a ver los empleados públicos cuando estemos integrados en las agencias. Está bien que lo lleven al Parlamento porque queremos escuchar lo que opina IU y las propuestas del PP.

--Si no se deroga, ¿qué se podría hacer?
--El tema tiene difícil solución porque en el Parlamento el PSOE tiene mayoría. Por muchas propuestas y modificaciones que se hagan, esto no lo para nadie. Lo único que puede pasar es que se declare inconstitucional y entonces habrá que ver qué hará la Junta. Una solución sería meter a los 25.000 empleados de empresas públicas en las agencias y dejar a los empleados públicos en la Administración tal y como estamos ahora. No queremos que echen a nadie, por muy enchufados y familiares del PSOE que sean. Pero esos 25.000 no tienen competencias para resolver expedientes, que sí las tiene el funcionario. Por eso nos quieren meter en las agencias. Por eso nos necesitan.

--¿Hasta dónde están dispuestos a llegar?
--No vamos a parar. Se está planteando convocar una huelga general. Hay que tener en cuenta que el 60% del personal que trabajamos en la Administración somos mileuristas. Los ciudadanos creen que ganamos mucho dinero y no es así. No es una cuestión económica. Estamos dispuestos a asumir el coste salarial y que nos reduzcan más el sueldo. Pero lo que queremos es que deroguen el decreto ley y que se sienten a negociar.

--¿Cuál será la próxima movilización?
--Vamos a tener convocatorias solidarias. Hemos querido donar sangre, como en Sevilla, con el lema dono la sangre antes de que la Junta me la quite . Pero el Centro de Transfusión nos dijo que teníamos que ir allí o esperar a febrero si queríamos que vinieran ellos. Pero no es lo mismo que dejemos el puesto de trabajo, y menos como se están poniendo las cosas, que cada vez nos aprietan más, a que vengan y podamos bajar sin desplazarnos. Sí vamos a hacer, a mediados de diciembre, la operación kilo con los hermanos de la Cruz Blanca, el comedor trinitario y Cáritas. Llevaremos productos a la plaza de San Nicolás con el lema nos habéis quitado el 5%, las pagas, pero aún nos queda un poquito de dinero para darle al que lo está pasando mal . Además, seguiremos con las concentraciones diarias en las puertas de los ministerios. También se está planteando ir a la sede del PSOE en Madrid.

--¿Consideran que hay una actitud hostil hacia ustedes?
--Cada vez más. En Sevilla han llegado a poner cámaras de televisión para controlar a los compañeros de Agricultura y Pesca. La cafetería la cierran para controlar los 20 minutos del desayuno. A quien se pase de ese tiempo, se lo descuentan y le abren un expediente. Incluso les han prohibido que lleven puestas las camisetas.

--¿Y aquí?
-De momento, no. Sabemos que Isabel Ambrosio está muy nerviosa. Estamos esperando represalias, pero nadie nos puede negar llevar las camisetas.