COMUNICADO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA (ESPA) ACERCA DEL DECRETO-LEY 5/2010, DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO.

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Los firmantes de este comunicado, empleados públicos de la ESPA —sin distinción alguna en atención a su vinculación jurídica con la Administración, condición profesional o cargo—, queremos manifestar públicamente a la ciudadanía andaluza nuestra posición  de RECHAZO AL CITADO DECRETO-LEY, y expresar las razones en las que fundamentamos nuestra opinión y actitud. Son estas:

1º.- El Decreto-ley 5/2010, bajo la frialdad técnica de su título, enmascara una importante “PRIVATIZACIÓN” de la Administración Pública y del empleo público (o, como acertadamente han dicho algunos, la creación de una “ADMINISTRACIÓN PARALELA”); aunque tal cosa pueda parecernos un contrasentido inconcebible, y aunque en la exposición de motivos de dicho Decreto-ley se afirme cínicamente que la mejor prestación de los servicios públicos a la ciudadanía andaluza “sólo es posible desde el valor añadido que aporta lo público y el empleo público”.

Desde nuestro punto de vista, el repetido Decreto-Ley constituye un ATAQUE GRAVÍSIMO al modelo de organización jurídico-administrativa plasmado en nuestra CONSTITUCIÓN; sin precedentes –que sepamos- no sólo en la historia de nuestro País, sino en la de ninguno de los países de similar cultura político-administrativa.

2º.- En efecto, dicho Decreto-Ley constituye un EXPOLIO de las potestades administrativas, de las que son despojados los Entes y Órganos Administrativos en beneficio de las empresas públicas (eufemísticamente llamadas “agencias empresariales”) que las USURPAN.

Las potestades públicas, de acuerdo con nuestra Constitución, son aquéllas que la Ley otorga a la Administración para la procura y satisfacción de los intereses generales, o para la prestación de los servicios públicos de interés general, como por ejemplo, la educación y la sanidad.

Por lo tanto, cuando en el repetido Decreto-Ley las competencias y potestades administrativas de entidades públicas como, por ejemplo, el organismo autónomo “Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico”, pasan a ser ejercidas por una empresa, estamos técnicamente ante un EXPOLIO de lo público y una subsecuente USURPACIÓN.

De tal manera, que las empresas ASUMEN ILÍCITAMENTE el INMENSO PODER de intervenir en la vida y actividad de los ciudadanos, regulando el ejercicio de sus derechos y libertades mediante, por ejemplo, el sometimiento de dicha actividad a licencias o autorizaciones; o mediante el establecimiento de condiciones, límites o prohibiciones; u otorgándose a sí mismas el privilegio de inspeccionar la actividad de los ciudadanos, o imponer sanciones o multas; y así tantas y tantas más cosas.

A nosotros nos parece evidente que todo eso es CONTRARIO A LA CONSTITUCIÓN, que sólo confiere esas potestades a la Administración Pública, y ni siquiera de modo incondicional, sino con las debidas limitaciones, garantías y controles, de toda índole.

Así, la principal garantía de los ciudadanos frente al poder casi omnímodo de la Administración es que ésta ha de actuar, por imperativo constitucional, conforme al PRINCIPIO DE LEGALIDAD. Ello significa que la Administración sólo puede hacer aquello que los ciudadanos (mediante la expresión formal de su voluntad colectiva, que es la LEY) le autorizan hacer.

Y, claro está, este no sería el caso de las agencias empresariales, pues estas empresas que, aunque se llamen públicas, son sujetos de derecho privado, no necesitarían ninguna habilitación legal para actuar una vez creadas; sino que, como cualquier otra empresa, podrían hacer todo aquello que la ley no prohíbe. Es evidente, e importante, la diferencia: no es lo mismo poder hacer sólo lo que la Ley permite que poder hacer todo lo que la Ley no prohíbe.

Así pues, investir a las agencias empresariales de tales potestades públicas, nos parece contrario a nuestra Constitución y, consecuentemente, ILEGÍTIMO, IMPROPIO DE UN ESTADO DE DERECHO  Y ANTIDEMOCRÁTICO.

3º.- Al mismo tiempo, consideramos que el citado Decreto-ley supone también un ATAQUE FRONTAL contra el modelo de FUNCIÓN PÚBLICA establecido en la Constitución. Podríamos afirmar que esto es consecuencia necesaria de lo anterior, pero quizás sea más acertado sostener que ambos hechos están indisociablemente unidos, como dos caras de una misma moneda. En efecto, sin Administración Pública no hay empleados públicos; del mismo modo que SIN EMPLEADOS PÚBLICOS NO HAY ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. Al menos, no como ambos conceptos están concebidos en nuestra Constitución. Es por eso que consideramos que el actual Gobierno andaluz, quiere eliminar a los empleados públicos “por la puerta de atrás”, dando la espalda a la Constitución.

También en este aspecto consideramos que el repetido Decreto-ley es manifiestamente INCONSTITUCIONAL.

La Constitución establece para los servidores públicos un RÉGIMEN ESTATUTARIO establecido por la LEY.

Que los servidores públicos han de estar sometidos a un estatuto establecido por la Ley es algo propio e inherente al Estado de Derecho, como garantía de que en el desempeño de su función LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ACTUARÁN CON  IMPARCIALIDAD, NEUTRALIDAD Y OBJETIVIDAD, al margen de intereses o presiones partidistas, y sólo conforme al ordenamiento jurídico. Este y sólo este es el modelo establecido en nuestra Constitución.

Afortunadamente, el SISTEMA CLIENTELAR DE LA RESTAURACIÓN HA SIDO HISTÓRICAMENTE SUPERADO en nuestro País, y cualquier intento —aunque venga sutilmente disimulado— de volver a él, contará con nuestro más firme rechazo, no sólo como servidores públicos de un Estado moderno, sino también como demócratas.

4º.- Esta actuación privatizadora se hace, además, con DESPRECIO DE LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y CON MENOSPRECIO DE LA INTELIGENCIA DE LA OPINIÓN PÚBLICA, a la que, de modo cínico e indecente, se le traslada el mensaje de que  el Decreto-ley es una defensa de la gestión pública de los servicios públicos y del empleo público. Basta leer el Decreto-ley para constatar que sus contenidos normativos justamente disponen lo contrario de lo que intentan hacer creer. Como hemos indicado, muchos servicios públicos que antes eran gestionados por entes públicos o por órganos de la Administración General de la Junta de Andalucía, pasan a ser gestionados, en virtud de este Decreto-Ley, por empresas.

Esto se llama PRIVATIZAR LA GESTIÓN.

Del mismo modo, los servidores públicos que prestaban servicios en tales entidades u órganos, ya fuesen funcionarios o personal laboral, pasan a ser personal laboral de la empresa  correspondiente; siendo los primeros despojados de su condición funcionarial (con la agravante de que quedan en una situación administrativa ILEGAL, inventada ad hoc, y de la que no se conoce —porque no existe— su régimen jurídico) y los segundos de su condición de personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Esto se llama PRIVATIZAR EL EMPLEO PÚBLICO.

5º.- Por último, también queremos denunciar que el repetido Decreto-ley entraña una DESMEDIDA OPERACIÓN DE BLANQUEO DEL EMPLEO CLIENTELAR, como algunos lo han llamado, pues pretende integrar y estabilizar en tales agencias empresariales a aproximadamente 20.000 trabajadores. Obviamente, esta enorme operación de enchufismo, que no conoce precedentes ni siquiera durante la dictadura de Franco, no podría hacerse de otra manera que esta: por la “puerta de atrás”, o en el “vientre del caballo de troya de la reordenación del sector público andaluz”.

Tenemos claro que esto es absolutamente ilegal e inconstitucional y consideramos que es PERJUDICIAL no sólo para los servidores públicos –sean funcionarios o personal laboral-, sino PARA TODA LA CIUDADANÍA, SIN DISTINCIÓN.

Muchas personas piensan que esto es un problema exclusivo de los funcionarios; creemos humildemente que quienes así piensan se equivocan.

Efectivamente, el problema nos afecta directamente, porque nos pretende someter a un régimen jurídico donde la PREEMINENCIA DEL DERECHO SERÁ SUSTITUIDA por la voluntad de los directivos de la empresa, puestos a dedo por el partido y actuando más que con criterios racionales, como comisarios políticos; ya hemos tenido ocasión de comprobarlo con algunos casos que están en la actualidad en las portadas de los periódicos.

También nos afecta directamente porque se ven amenazados nuestros derechos laborales, en particular el que la Constitución y las leyes nos reconocen –como a cualquier trabajador- a la promoción a través del trabajo. Pues, no nos cabe la menor duda, la promoción profesional será, probablemente, con preferencia para alguno de los 20.000 que suponemos parientes, amigos, correligionarios o partidarios (pues lo que está claro es que no han accedido al empleo conforme a los principios constitucionales de PUBLICIDAD, IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD).

No defendemos privilegios, como ha dicho un miembro del Gobierno que ha aprobado este Decreto-ley; ni somos unos privilegiados, salvo que por ello se entienda tener un trabajo en una sociedad como la nuestra tan castigada por la lacra del paro, y que muchos de nosostros padecemos en nuestro entorno familiar más íntimo, en las personas de nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos…, de modo que sabemos de qué hablamos.

Simplemente defendemos nuestros derechos y libertades constitucionales frente a la arbitrariedad y el despotismo.

Pero, además de a nosostros, AFECTA DE MANERA IMPORTANTE A TODA LA CIUDADANÍA. Y no lo decimos por lo que hemos denunciado en el punto 2º, sino porque este aluvión de enchufados va a hacer innecesarias durante mucho tiempo las ofertas de empleo público; y porque el propio sistema que pretende implantarse las hará superfluas, quedando reducidas a algo simbólico. Por tanto, serán muchos miles de personas los afectados: todos aquellos que esperan por sus méritos conseguir un empleo público. Serán muchos miles de familias las afectadas, que verán como sus familiares ven frustradas sus esperanzas y vanos los esfuerzos y sacrificios realizados durante tiempo. Y esto no es un recurso a la sensiblería, pues en Andalucía, exagerando poco, quien no trabaja en alguna Administración Pública está en el paro; y, por desgracia, el número de parados (a los que, por cierto, la Junta de Andalucía no tiene ningún escrúpulo en cobrarles tasas abusivas por intentar dejar de serlo) es el cuádruple que el de empleados publicos.

Así pues, pedimos a la ciudadanía andaluza que también considere el problema como suyo y apoye una causa que es justa y que, de un modo u otro, le concierne.

Aznalcázar, 26 de octubre de 2010.